HACIA EL NIDO DE LOS HALCONES

1 octubre, 2017

La estrategia trasciende el conflicto mapuche y las teorías conspirativas del asedio comunista y de la caída del subsecretario. Se propone poner de manifiesto una presunta indulgencia del Gobierno con las acciones de violencia desplegadas en La Araucanía.

 

Lo que no te mata te hace más fuerte. La ya clásica frase se aplicó con suerte al ministro del Interior, Mario Fernández, contra quien Chile Vamos había anunciado una acusación constitucional o, en subsidio, una interpelación parlamentaria, mientras el poderoso gremio de los camioneros exigía su renuncia. Pero, nada de ello ocurrió. El riesgo que corrían Renovación Nacional y la UDI, y su candidato Sebastián Piñera, era alto, pues no contaban con los votos en la Cámara de Diputados ni en el Senado ―instancia que debía actuar como jurado― para provocar la destitución del personero y hacerle efectiva la prohibición de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

Y es que los tiempos actuales no son los de aquella coyuntura de 2008 en que, con los votos de la Concertación, fue posible la consumación de un libelo acusatorio contra la entonces ministra Yasna Provoste, cuando el diputado Pablo Lorenzini se abstuvo en la votación y Gabriel Ascencio, Pedro Araya y Esteban Valenzuela no ingresaron a la sala. Cuando los parlamentarios Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Eduardo Díaz y Carlos Olivares, leales al senador Adolfo Zaldívar, votaron alineados con las bancadas de la oposición sellando así el destino de la titular de Educación.

Esta vez no habría vacilaciones ni disidencias democristianas. Tampoco habría que lamentar tránsfugas en las filas de la izquierda. Por eso, Mario Fernández y la vía política e institucional seguida hasta ahora no podían sino salir fortalecidos de la prueba que les aplicaría la oposición. Su principal, y acaso único papel, habría consistido en alinear al oficialismo tras el relato de la cuestión previa, esto es, que el Ejecutivo no había actuado con negligencia, no había vulnerado el Estado de derecho y no se había entrometido en la esfera del Poder Judicial.

Pero si la acusación no tenía visos de prosperar, ¿por qué la oposición disparó al corazón del Gobierno en plena campaña electoral?

La oposición conservadora ha llegado a la convicción de que Piñera sólo puede crecer hacia la derecha, cualquiera sea la participación electoral que se registre el próximo 19 de noviembre. Porque un vuelo hacia el nido de los halcones lo exhibiría como el escudo de la seguridad pública y económica. El gesto disiparía las incertidumbres de quienes ven en su retorno el fantasma de la eventual incapacidad del expresidente para garantizar paz social, estabilidad y, sobre todo, gobernabilidad, durante la etapa de auge y equilibrio económicos que se avecina. Cuestión nada irrelevante, pues esta oposición mantiene palpitante el recuerdo de las movilizaciones del 2011, de los cambios políticos-culturales que les sucedieron y de una de las mayores derrotas parlamentarias que cosechó. Sabe que esta vez no contará con las otrora fieles bisagras que operaron a su favor en el Congreso.

La estrategia, desde luego, trasciende el conflicto mapuche y las teorías conspirativas del asedio comunista y de la caída del subsecretario. Se propone poner de manifiesto una presunta indulgencia del Gobierno con las acciones de violencia desplegadas en La Araucanía, región que, como Mississippi en llamas, exhibe estructuras sociales altamente jerarquizadas y segregadas y, por ello, muy permeables al discurso conservador. Paradójicamente, el exmandatario ha criticado a la actual administración lo que él hizo en la suya en su momento de mayor popularidad tras el rescate de los 33 mineros: solicitar la recalificación de las conductas objeto de las querellas, o sea, no recurrir a la ley antiterrorista y, más aún, reformar la norma hasta volverla ineficaz.

Pero, pese a esta aparente contradicción, lo que busca la fórmula es instalar un parteaguas que distinga y separe nítidamente la vía de la integración política e institucional impulsada por Interior y ejecutada por el equipo de Aleuy, de la vía de la militarización de las zonas en conflicto, llevada al límite bajo la dictadura.

Este diseño de continuación de la política por otros medios, constituye un triunfo de la derecha ultranacionalista representada por José Antonio Kast, sobre la opción más moderada que aspiraba encarnar Sebastián Piñera, quien, pese a sus evidentes esfuerzos publicitarios ―como haber aparecido junto a Barack Obama y al serpenteante Mario Vargas Llosa― no ha conseguido desprenderse de la lacerante memoria histórica del autoritarismo y de sus cómplices pasivos.

En el primer foro de los candidatos presidenciales el exgobernante dijo que no era ningún pecado haber colaborado con el régimen que suspendió el Estado de derecho, la continuidad democrática y constitucional, y el ejercicio de las garantías fundamentales. Tal vez este haya sido el precio que debió pagar para aumentar sus chances cada vez más menguadas de ganar en segunda vuelta.

 

Ni acusación constitucional ni interpelación parlamentaria

Laúltima cruzada de Aleuy

 

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PANDEMIA

26 septiembre, 2017

 

La pandemia es por definición un mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada. Es también el nombre elegido por la productora que prestó apoyo al expresidente Piñera en la segunda vuelta de 2010 y en la instalación de su gobierno, en marzo de ese mismo año. A Pandemia se le imputa el haber extendido, junto a otras empresas proveedoras, boletas ideológicamente falsas para justificar los aportes de SQM al exmandatario.

Lo más extraordinario del caso es que pone de relieve, y en el momento justo, las nefastas secuelas que está teniendo para la democracia la corruptora y opresiva contaminación de la actividad política por el dinero y los negocios.

Se ha querido moderar la gravedad de los hechos con excusas del todo frívolas para un país que, pese a no haber cruzado el umbral del desarrollo, piensa, se informa y se comunica. Se ha sostenido que esto no le interesa a la gente que vota por Piñera, que le pasa por encima de los hombros. Un argumento difícil de digerir, pues hay una franja del electorado de centroderecha a la que sí le importa la venalidad y la que no está dispuesta a tolerar las malas prácticas. Tal vez constituya un uno, un dos o un tres por ciento de los votantes. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las elecciones se pierden por uno, dos o tres por ciento de diferencia.

Se ha afirmado que el asunto ya prescribió y que, por consiguiente, no tendrá efectos judiciales para los responsables. Es cierto que los plazos expiraron y que no habrá sanciones penales. Sabemos de otros casos semejantes, como Manos Limpias en Italia, del cual se salvaron por el puro paso del tiempo varios de sus implicados. Pero la prescripción no equivale a impunidad ética ni moral y, acaso el tribunal más adecuado para poner la credibilidad política en el banquillo de los acusados sea el juicio de las urnas, el veredicto libre, secreto e informado que todos los ciudadanos podrán formular el domingo 19 de noviembre.

Se ha dicho que el monto de alrededor de cinco millones de pesos de la factura falsa, es una minucia, una cifra muy baja para prestarle atención. Una explicación que por recurrente ya se ha gastado. Es como si procurara convencernos de que el botín de dieciséis mil millones del llamado «gran robo del siglo» hace más transgresores a sus autores que los cinco millones de quien burló al fisco. Lo cierto es que la cantidad no otorga atenuantes a la concupiscencia.

Se ha señalado que el expresidente no tiene ningún nexo con los hechos denunciados ni con las personas involucradas. Esto es como querer tapar el sol con un dedo, porque los más de cien millones destinados por SQM, ocultos por facturas ideológicamente falsas, fueron a parar a productoras de eventos a cargo de la campaña presidencial de Piñera y con quienes éste sigue manteniendo vínculos.

Algunos se extrañan que estos delitos se hagan públicos a escasas semanas de la elección presidencial, e incluso ponen en duda la imparcialidad del Ministerio Público.

¿Por qué sorprende la oportunidad cuando es una práctica regular de las democracias contemporáneas?

Es justamente en periodos de campaña cuando aparecen las pruebas de moralidad más duras para los candidatos, y estos las deben saber sortear. Más aún, que la publicación hubiera sido parte de una operación política, no agregaría nada nuevo al hecho fundamental de que aquí se cometió un ilícito. Lo que debiera llamar a reflexión es que haya sido El Mercurio, prensa representativa de la derecha, el medio que difundió el hecho. Significaría que sectores conservadores ven en el triunfo de Piñera un riesgo para sus intereses políticos y, sobre todo, económicos.

Pandemia, El Mostrador

Los pagos de SQM

La trama

Vínculo con SQM impacta a Piñera

 


CUENTA REGRESIVA

25 septiembre, 2017

En las ocho semanas que faltan veremos a Piñera desplegar al máximo sus recursos comunicacionales a fin de capturar la adhesión de los indecisos y de los seguidores de José Antonio Kast… ¡No para vencer en primera vuelta, sino, sobre todo, para asegurar el éxito en la segunda!

Soplaban los primeros vientos de otoño y todavía las expectativas presidenciales del electorado se mostraban líquidas e inestables. Ninguno de los aspirantes a La Moneda exhibía un ascendiente incontrarrestable sobre su sector; ni siquiera el expresidente Piñera, cuyo liderato entonces era desafiado por Felipe Kast y Manuel José Ossandón. Tampoco estaba del todo claro el camino que, finalmente, tomarían los candidatos: si una competencia en primarias o una lucha de todos contra todos en noviembre. No obstante, los que aparecían más perfilados eran Piñera y Guillier, en contraste con las imperceptibles figuraciones de José Antonio Kast y Beatriz Sánchez.

Ahora nos hallamos en la última cuenta regresiva. En los seis meses transcurridos la adhesión a Piñera y a Guillier ha crecido al punto de convertirlos en los favoritos. Sin embargo, el exmandatario no ha conseguido remontar la barrera de los dos millones y medio de adherentes (el 40 por ciento) en una concurrencia a las urnas que se calcula será superior a los seis millones de electores.

Esto significa que la elección debería definirse en segunda vuelta, habida cuenta que el candidato de la centroderecha concita menos respaldo que hace ocho años, lo que aumenta las chances de Guillier, quien ya ha empezado a despegarse de su más próxima contendora. Con su 22 por ciento de apoyo el senador se acerca presto a la marca fijada por Frei el año 2009. Recordemos que en esa ocasión, con un rival asombrosamente competitivo, como fue Marco Enríquez-Ominami, el democratacristiano bordeó el 30 por ciento de la votación, pero en el balotaje sobrepasó el 48 por ciento.

Se inaugura la temporada de campaña al mismo tiempo que llega la primavera. Es el momento de mayor intensidad de la propaganda política y, por cierto, de conexión de las ofertas programáticas con el juicio ciudadano.

En las ocho semanas que faltan veremos a Piñera desplegar al máximo sus recursos comunicacionales a fin de capturar la adhesión de los indecisos y de los seguidores de Kast… ¡No para vencer en primera vuelta, sino, sobre todo, para asegurar el éxito en la segunda! Y confirmaremos también el desplazamiento sin convocatorias políticas expresas —hoy por hoy redundantes— del electorado de centroizquierda hacia la opción que representa Guillier.

Diario Concepción


BAJO UN SOL NEGRO

9 septiembre, 2017

Cuando la Democracia Cristiana conmemoraba dieciséis años de existencia desde su fundación en 1957, el precursor de la unidad política y social del pueblo, Radomiro Tomic, ponía de relieve tres nociones claves: reafirmaba la vocación transformadora del partido, que se traduce en su lucha por una sociedad socialista, comunitaria, pluralista y democrática. Manifestaba su inequívoca condena a la guerra civil y al enfrentamiento armado. Y exhortaba a la más absoluta prescindencia en la conflagración y en el régimen represivo que resultare de dicha contienda.

El golpe de Estado no fue un solo acto por el cual se resolvió la lucha a favor de un vencedor. Fue un estado de golpes, una sucesión de agresiones contra el orden institucional y la paz civil que, en su complejo desenvolvimiento, sometió al país a la expectante incertidumbre de su desenlace. Para el solsticio de invierno de 1973, bajo un sol negro que ni calienta ni seca la lluvia —como diría Pérez-Reverte—, la política marchaba al desnudo. Sectores de derecha habían ensayado sin éxito inmediato la sublevación militar. Sectores de izquierda habían probado con pésimos resultados el acopio de armas y la infiltración de los institutos armados. Por último, sectores moderados de gobierno y oposición habían intentado preservar la estabilidad institucional a través de un diálogo para el cual escaseaba la voluntad política. Todo indicaba que aquel era el momento crucial para conciliar una salida pacífica, o adentrarse sin remedio, y sin el hilo de Ariadna, en un oscuro laberinto. En ese momento todos quienes detentaban las más altas posiciones de poder, eran conscientes del frágil terreno que pisaban. Todos podían intuir las consecuencias de sus actos. Todos se sabían protagonistas de una etapa trascendental de la historia de Chile. Por eso, a todos les importaba salvar lo que llamaban la responsabilidad política ante el juicio de la historia.

El ensayo sedicioso del 29 de junio

El movimiento insurgente del 29 de junio había dejado un saldo de 22 muertos y más de un centenar de heridos. La conspiración, fraguada entre Patria y Libertad y un par de oficiales del Regimiento Blindado Nº 2, se había propuesto secuestrar al Presidente Allende para provocar un levantamiento generalizado de las Fuerzas Armadas. «Cinco tanques al mando de un teniente —señalaba el informe oficial— concurrirían a Tomás Moro. Se capturaría al señor Presidente y se le detendría en el cuartel de Santa Rosa; cinco tanques se apoderarían inicialmente de La Moneda. Patria y Libertad provocaría disturbios desde la tarde del 26. Este movimiento aseguraba a los comprometidos la participación de diferentes unidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, más una considerable cantidad de simpatizantes de esta organización».

Tras el fallido episodio, sus autores intelectuales, dirigentes de Patria y Libertad, terminaron asilándose en la embajada de Ecuador. Fue cuando, ante la gravedad de la crisis abierta, el Gobierno anunció que pediría al Congreso el otorgamiento de facultades para declarar el Estado de Sitio. Ese mismo día se reunió el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano y declaró públicamente su apoyo al régimen institucional y su condena a la asonada del fin de semana, como ya lo habían hecho explícito la directiva y algunos parlamentarios. Sin embargo, la instancia partidaria no consideró apropiado ampliar las facultades del Ejecutivo más allá de las que le confería la ley para decretar la Zona en Estado de Emergencia, habida cuenta de que las Fuerzas Armadas se habían mantenido fieles al orden constitucional. El Consejo creía innecesario y riesgoso otorgarle al Gobierno «la atribución de detener ciudadanos y suspender sus libertades sin posibilidad de defensa».

La DC no sólo planteaba públicamente su desconfianza hacia el Ejecutivo, sino que la destacaba sobre el fondo de las garantías que en su reverso le ofrecían las Fuerzas Armadas. ¡El peligro armado no existe! —aseguraba el diario La Prensa—. «Ningún partido democrático en Chile o en cualquier otra parte del mundo, se arriesgaría a entregar nuevas facultades a un Ejecutivo que es objeto de una tan fundada desconfianza política» —explicaba. Y en su editorial del 4 de julio agregaba que «posiblemente no habría existido oposición si el Gobierno hubiera dado muestras de rectificar en lo político, lo económico, lo social y lo moral».

Entretanto, los comités parlamentarios, procurando matizar la negativa original de la colectividad, planteaban la posibilidad de conceder las atribuciones solicitadas por el Gobierno sólo si éstas eran ejercidas por los institutos armados. «No estamos dispuestos a entregar una herramienta tan peligrosa como es el Estado de Sitio a un gobierno que no nos da absolutamente ninguna confianza… Para nosotros, la garantía de tranquilidad en el país podría ser que estas funciones las realizaran las Fuerzas Armadas…» —sostenían José Monares y Baldemar Carrasco—. En igual sentido se pronunciaba el senador Juan Hamilton: «Sólo cabría la posibilidad de entregar mayores instrumentos legales si existiera la seguridad de que ellos no van a ser ejercidos por las autoridades políticas sino por las instituciones armadas». Fue, finalmente, la respuesta que se impuso.

El proyecto del Ejecutivo se rechazó en la Cámara de Diputados por 81 votos contra 52, y en el Senado, por 23 votos contra 11. Es ese momento se conmemoraban 162 años de vida del Congreso Nacional.

La revolución sobre la revolución

El movimiento subversivo de los grupos de derecha había consolidado el nuevo escenario. Y las palabras del Presidente Allende, pronunciadas en su casa de Tomás Moro el 29 de junio, pero que vinieron a ser aquilatadas varios días después del incidente, habrían de contribuir indiscutiblemente a hilvanar los derroteros del nuevo contexto. En lo medular, el mensaje del Presidente contenía una convocatoria: «Llamo al pueblo a que tome todas las industrias, todas las empresas, que esté alerta, que se vuelque al centro, pero no para ser victimado; que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado; que lo hagan con prudencia, con cuanto elemento tengan a mano». Pero, sobre todo, contenía una advertencia perturbadora para la oposición, pues, por entonces, ministros militares formaban parte del gabinete. «Si llega la hora —dijo el Jefe de Estado—, armas tendrá el pueblo, pero yo confío en las Fuerzas Armadas leales al Gobierno».

Ello entrañaba una aparente contradicción. La certidumbre de que el pueblo contaría con armas, suponía que esas armas se encontraban disponibles y, si lo estaban, entonces significaba que los militares ya no tenían el monopolio de la violencia legítima. Por eso, la inmediata consecuencia de ello, fue la salida de éstos del gabinete. La siguiente, fue la confirmación, tras descubrirse una camioneta fiscal portando un cargamento de armas de origen cubano y soviético, en su mayor parte checoslovacas, de que efectivamente se estaban distribuyendo suministros. ¿Cuál era la magnitud de este armamento? Es probable que nunca se consiga mensurar con precisión, pero los testimonios de la época dan cuenta de medios precarios que, difícilmente, lograban sortear la eficacia operativa de la Ley de Control de Armas en manos de las tres ramas de la defensa nacional desde 1972 y, menos aún, compararse con el potencial destructivo de los arsenales de guerra del Estado.

«UP distribuye armas; ultras pidieron levantar zona de emergencia», titulaba el diario La Prensa del 5 de julio. Aludía a publicaciones del MIR y del MAPU pidiendo al Gobierno que distribuyera armas entre los civiles. En una crónica de páginas interiores señalaba: «Gobierno recluta voluntarios para el ejército del pueblo; PC, PS, MAPU e IC se suman a la labor de 27 grupos de extrema izquierda. Cincuenta mil voluntarios, base de las milicias populares. Entre 12 mil y 15 mil metralletas repartidas entre los violentistas. Pueden dejar a Santiago sin agua, luz y gas en pocos minutos. Once cordones industriales y diez campamentos a disposición de la UP». El diputado Claudio Orrego triplicaba esta cifra. Aventuraba que «a  los pocos meses los cálculos llegan a 40 mil metralletas, repartidas públicamente y sin tapujos entre los sectores oficialistas que las han sacado de los arsenales».

Bajo estas circunstancias, un sector de la izquierda radicalizó su postura frente a la oposición y se apartó del Gobierno, poniendo así en jaque un eventual acuerdo sobre la reforma industrial. Miguel Enríquez, líder del MIR, anunció «un paro nacional que notifique a la Contraloría, al Parlamento y a la Democracia Cristiana que la clase obrera y el pueblo no aceptan la promulgación de la reforma constitucional de Hamilton y Fuentealba». A renglón seguido, llamó a constituir de inmediato un poder paralelo al Gobierno y a romper la cohesión institucional de las Fuerzas Armadas. Instó a «extender las tomas de fábricas y fundos, fortalecer y multiplicar las tareas de defensa, levantar el Poder Popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado». Exhortó a «los suboficiales, soldados y carabineros a desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas», advirtiendo que, «en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas».

No podía haber correspondencia más unívoca entre el lenguaje empleado, y una guerra civil que arrancaba visos de verosimilitud sólo de la división de las Fuerzas Armadas. Y podía ser aún más amenazador en la voz de Carlos Altamirano, secretario general del PS, cuando enfático aseveró que «la reacción parece olvidar que el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país de Arica a Magallanes en una heroica ofensiva libertaria y patriótica… Un siglo de vida sería insuficiente para reparar los daños dejados por la calamidad de una guerra civil».

Acaso haya sido esta trama de acontecimientos la que dio origen a la columna de opinión «Las tres vías: la política, la económica y la violenta». Genaro Arriagada, su autor, sostenía que no existía una, sino tres vías o, más bien, tres etapas de la construcción del socialismo. Primero, la vía económica, luego, la vía política y, finalmente, precedida por la frustración y el fracaso, la vía de la violencia. Lo que se buscaba con esta última, según el articulista, era el quiebre de la institucionalidad a través de un poder popular que disputaba la legitimidad de los poderes constitucionales. «Los programas destinados a captar las votaciones de los sectores tibios o adherentes potenciales hay que abandonarlos —describía—. En esta etapa no importan los electores; lo que cuentan son las voluntades enteramente decididas, pues, como lo ha dicho el compañero Presidente, a la hora de las decisiones, si es necesario, el pueblo tendrá armas. Si las fábricas son cuarteles, los trabajadores deberán ser milicianos. Es necesario ir notificando ya a los dubitativos y, desde luego, marcando a los opositores: el sectarismo es un arma más de combate… Desde el fondo de su alma los comunistaslos de la parroquia y los de las capillas disidentes— agradecen su pasado estalinista… En esta vía de la violencia piensan estamos más en nuestro medio».

La paz, último recurso

Estaba ocurriendo una decantación de las estrategias que separaba los caminos insurreccionales de las vías institucionales. Una disyunción política que abría oportunidades para la colaboración transversal entre el Presidente Allende, con sus partidos leales, y la Democracia Cristiana. Pero, aunque existían importantes fuerzas morales favorables al entendimiento —y la iglesia Católica, que por entonces hizo un ferviente llamado a la paz, era una de ellas—, también había evidentes signos de cansancio en la dirigencia política.

El senador Aylwin observaba con resignación: «No seríamos francos si silenciáramos el hecho que todos aquí sabemos, de que la mayoría de nuestros compatriotas han perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile». Matizando esta apreciación, el senador Osvaldo Olguín, vicepresidente de la DC manifestaba que había «un 56 por ciento con la oposición y alrededor de un 43 por ciento con el gobierno, pero lo peor de todo es que entre la oposición y el oficialismo se ha pretendido crear un foso que divide a los chilenos». Con todo, la colectividad pensaba que se estaban lesionando seriamente las bases del régimen político y de la convivencia civil. «La instauración “de hecho” de un llamado “poder popular” —declaraba la DC— que, organizado por sectores oficialistas y con amparo de funcionarios del Estado usurpa industrias, recibe armas y constituye una verdadera “milicia armada” que se arroga funciones políticas, económicas y de defensa, significa el más grave atentado de cuantos hasta ahora hemos vivido contra las bases mismas del régimen constitucional y de la convivencia democrática».

Los presidentes del Senado y de la Cámara, cargos que, respectivamente, desempeñaban el senador Eduardo Frei y el diputado Luis Pareto, creían que el restablecimiento de la estabilidad política e institucional pasaba por la promulgación de la totalidad del proyecto de reforma de las tres áreas de la economía «despachada por el Congreso, avalada por un dictamen claro y preciso de la Contraloría General de la República y previo un fallo del Tribunal Constitucional que acogió la tesis del Parlamento». Consideraban, asimismo, que era resorte de la administración desactivar a los grupos armados y poner a los transgresores a disposición de la justicia. «El Gobierno —aseguraban— tiene antecedentes suficientes para saber dónde están las armas y dónde se han repartido. Resulta impostergable que esos armamentos sean requisados y controlados por las Fuerzas Armadas y sancionados quienes desafían la ley».

Para responder a los desafíos que le imponía la Democracia Cristiana, el Presidente Allende contaba sólo con el apoyo incondicional del Partido Comunista y del MAPU de Jaime Gazmuri, pues había perdido el respaldo de su propio partido, el Socialista, y del MAPU de Oscar Guillermo Garretón, cuando el resto de la Unidad Popular se debatía entre las dos aguas. El Partido Socialista le había manifestado que si los términos de un entendimiento con la Democracia Cristiana no resultaban satisfactorios para la colectividad, retiraría a sus ministros del gabinete.

El Presidente sabía que había iniciado el solitario camino hacia el umbral de su propia determinación, cuando dejan de importar las motivaciones egoístas de la conducta, y empiezan a adquirir gravedad sus consecuencias sobre el destino de los demás. La vía chilena al socialismo estaba definitivamente desarticulada, descontrolada y agotada, de modo que, en adelante, el bien común más preciado era la preservación de la paz social y la seguridad de las personas. Por eso, el 25 de julio, visiblemente afectado, el Presidente Allende habló a los dirigentes de la CUT reunidos en el Edificio Gabriela Mistral. Fue allí cuando expresó que la salida política que Chile necesitaba exigía emprender el diálogo con el partido mayoritario, la Democracia Cristiana. «Planteo la necesidad de un diálogo —dijo— con aquellos que anhelan los cambios y no con los que quieren revivir el pasado. Lo hago porque haré todo lo necesario para impedir la guerra civil. He dicho que estoy entregando mi opinión a los más conscientes de la clase trabajadora. El afiebramiento nos puede conducir a una catástrofe. El diálogo, para impedir la guerra civil, lo planteo como un último esfuerzo. Tiene que ser un diálogo abierto y claro. Conversar y dialogar no significa componenda».

El Presidente comunicó a los trabajadores su pretensión de iniciar el diálogo para construir un consenso mínimo de entendimiento democrático, cuyos puntos fundamentales consistían en la garantía de que las únicas Fuerzas Armadas fueran las contempladas por la Constitución, el rechazo a organizaciones paramilitares, la condena a la vía insurreccional, el repudio a las tomas, la responsabilidad de garantizar el orden social y la tranquilidad, la reafirmación de la plena vigencia del estado de derecho, la voluntad de respetar las competencias de los poderes del Estado, la definición del régimen de propiedad de las empresas, la delimitación legal de las áreas social, mixta y privada de la economía, el anhelo de intensificar y de estructurar definitivamente la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y también de los campesinos en el proceso de producción, y la determinación de adoptar medidas económicas concretas para contener la inflación. Es decir, todos los temas que le interesaba discutir a la Democracia Cristiana.

En su discurso, el Presidente imaginó el orden político que se habría instalado de haber triunfado la sublevación del 29 de junio. Reflexionó: «Uno no se acostumbra a pensar qué hubiera ocurrido si hubiera triunfado. Piénsenlo ustedes, compañeros sindicales, y espero que lo piensen los chilenos que hoy oyen mis palabras. ¿Qué habría ocurrido? Habría sido la dictadura fascista más sangrienta y oprobiosa. Esto es lo que hubiera ocurrido, y repito, si ellos hubieran triunfado: una dictadura sanguinaria, opresiva e implacable». Y parafraseando la propuesta de diálogo del senador Renán Fuentealba, el Presidente destacó que «se trataba de buscar las coincidencias para seguir haciendo las transformaciones que Chile requiere. Por eso, es importante medir lo que esto significa cuando desde el campo político opositor se levantan estas voces. Por eso, el diálogo es necesario para evitar la guerra civil». «La reacción —concluyó con elocuencia— ha pretendido ganarse a un sector de las Fuerzas Armadas. Ya lo probaron el 29 de junio. Quieren ganarlas. Suprimirían las libertades sindicales y políticas. Perseguirían a los trabajadores… Me retiembla el coraje de ustedes. Yo podría irme, camaradas, pero no lo hago por ustedes, por los niños, por los trabajadores».

Un diálogo sin convicción

La réplica de la Democracia Cristiana no tardó en expresarse precedida por crónicas del tipo: «las bases sociales de país ya están viviendo una verdadera dictadura marxista»; o «yo no creo en el diálogo mientras el Gobierno y sus partidarios no creen las condiciones como para que ese diálogo se realice en armonía y con posibilidades de fructificar». Contestó Patricio Aylwin, presidente de la colectividad, quien partió amonestando la actitud mostrada en el pasado por Ejecutivo, al que responsabilizó de la crisis en que se hallaba envuelto el país. Dijo que «todo Chile sabe y ha visto la incomprensión, sordera, injusticia, mezquino sectarismo y odioso afán persecutorio con que nuestra conducta se ha estrellado en los partidos de la Unidad Popular y su gobierno. La ambición descontrolada de poder totalitario de algunos sectores del oficialismo se ha puesto en evidencia diariamente y en todos los niveles. El pueblo y la historia juzgarán. Lo cierto es que no fuimos oídos y el país ha sido llevado al borde del abismo, en una de las encrucijadas más dramáticas y decisivas de su historia». En seguida, expresó que la DC se abría al diálogo, no por debilidad frente a la posibilidad de una dictadura comunista, sino por ser el partido más importante de la oposición, lo que la instaba a poner racionalidad en el debate, incluso a contrapelo de la legítima irritación de sus militantes con el oficialismo. Valoró, asimismo, la disposición del Presidente para conversar sobre las materias propuestas, aunque discrepó de la forma en que el Gobierno estaba aplicando la Ley de Control de Armas. Y subrayó que el partido daba aquel paso «en el entendido de que ésta es la última oportunidad».

Fue el cardenal Raúl Silva Henríquez, en una misiva enviada al senador Aylwin, quien recordó en ese momento el requisito fundamental para que el diálogo en cierne pudiera ser fructífero y eficaz. En una genuina postura humanista cristiana —un grito por lo humano, habría escrito Schillebeeckx—, la máxima jerarquía de la iglesia Católica, aconsejaba que ambos bandos en lucha sacrificaran sus legítimas divergencias políticas, «renunciando cada uno a la pretensión de querer convertir la propia verdad social en solución única». El cardenal Silva postulaba que un diálogo «para ser fructífero requiere que se verifique en la verdad, que se diga toda la verdad, que haya sinceridad para proclamar las intenciones reales, que se desarmen los espíritus y las manos».

¿Qué significaba renunciar a convertir la propia verdad social en solución única? Significaba que el Gobierno y la Democracia Cristiana cedieran a sus máximas expectativas y dieran paso a una alternativa de consenso y, de manera perentoria, sobre la reforma industrial.

A esas alturas del proceso la Unidad Popular había realizado su programa, y lo había hecho a través de medios jurídicos y constitucionales largamente debatidos sobre los que persistían discrepancias nada insalvables, no obstante los pronunciamientos de diversos órganos del Estado, como la Contraloría y el Tribunal Constitucional.

La idea que tenía el Presidente Allende sobre la reforma industrial se la había comunicado a su colectividad de manera explícita a comienzos de 1973. En carta enviada a la Comisión Política del Partido Socialista, el Jefe de Estado destacaba los cuatro aspectos fundamentales de la iniciativa: «1) Insistir en la urgencia de dar curso al proyecto de ley que delimita en 90 empresas el área social; 2) pedir la expropiación sin demora de las 49 empresas del área social actualmente intervenidas o requisadas. De ellas, 44 forman parte de la lista de las 90, y otras 5 han sido agregadas; 3) reabrir el poder de compra y tomar las medidas administrativas para que el resto de las 44 empresas pasen al área social; 4) en aquellas empresas cuyos dueños acepten su traspaso al área social, durante el breve período que duren las conversaciones para finiquitar la operación, se mantiene la intervención del Estado en su administración, integrando a ella a un representante de los trabajadores y otro de los empresarios. En total, tres personas. En relación a las empresas que no corresponden al área social, la posición del Gobierno es la siguiente: 1) No es efectivo que se haya resuelto su devolución; y 2) sus características serán estudiadas por el Comité Coordinador de Casos Especiales… algunas de estas empresas corresponderá comprarlas para constituirlas en filiales del área social; otras pasarán al área mixta; otras se pueden transformar en cooperativas de trabajadores; otras podrán declararse en liquidación y, en casos excepcionales, podrán ser devueltas».

El programa de la Unidad Popular contemplaba el traspaso de 90 empresas al área de propiedad social, pero en vísperas del diálogo, ya eran 320 las industrias intervenidas. Luego, la renuncia que debía hacer el Gobierno, ¿implicaba retroceder de las 430 a las 90 fábricas? Y la cesión del Partido Demócrata Cristiano, ¿suponía aceptar las 90 del programa original? ¿Cuál debería ser el punto de encuentro?

«No estamos pidiendo transar el programa —aseguraba Osvaldo Olguín—. Estamos pidiendo desarmar a los fanáticos de la propia Unidad Popular, que se respete la ley y que de los dichos pasemos a la práctica y vivamos realmente en democracia, con respeto a los chilenos y a la institucionalidad».

El senador Renán Fuentealba era enfático en señalar que la DC no estaba pidiendo transar el programa del Presidente Allende. Refiriéndose a la reforma de las áreas de la economía afirmaba entonces que «en esa materia, pienso que no hay nadie en el partido, ¡nadie que sostenga que las empresas y las tierras expropiadas deben ser devueltas a sus antiguos dueños…! No ha habido la intención, al presentar el proyecto, de que el proceso de cambios se paralice, de ponerle dificultades, ni hay el propósito tampoco de que, a través del proyecto de Reforma Agraria, se devuelvan las tierras a sus antiguos propietarios». Más adelante agregaba: «Lo que queremos exactamente es lo que dijo el Presidente de la República en uno de sus discursos: que se ordene y normalice el proceso de cambios de acuerdo con la ley… No pedimos que se devuelvan las empresas a sus antiguos dueños, pedimos que se defina qué va al área social, qué va al área mixta, y qué va al área privada».

Y persistía en la tesis del consenso mínimo, que su sector había promovido meses antes, al declarar que «si se conforma una mayoría sobre la base de acuerdos, que no creo sea difícil conseguir, entre la DC y el Gobierno, esa mayoría será más que suficiente para que, de una vez por todas fijemos las reglas del juego en materia económica, señalemos las distintas áreas y liquidemos este asunto que está afectando gravemente los intereses de Chile». Visto así, en teoría había espacio para el acuerdo entre la idea del Presidente Allende y la sostenida por uno de los autores del proyecto estrella de la transición.

La paradoja es que el PDC no ignoraba que todo cambio profundo difícilmente mantiene inertes las estructuras institucionales. Lo había demostrado la Revolución en Libertad, cuando ninguna de las transformaciones impulsadas dejó de afectar intereses y normas preexistentes, incluso cobrándose víctimas fatales, como lo testimoniaban numerosos episodios. Así y todo, las mudanzas pudieron llegar exitosamente a puerto porque contaron con los consensos institucionales que les acordó la izquierda, cuya sola presencia operó como poderoso disuasivo para llevarlas a cabo. Por lo tanto, recuperar el juego democrático demandaba de los reformadores elaborar la crisis para frenar el ciclo de acción y reacción desestabilizadora. Entrañaba detener la espiral rupturista en que estaban empeñados sectores adscritos lo mismo a la izquierda, al centro y a la derecha. En suma, retrotraer todo a la reforma, lo cual exigía, sin soberbias ni resentimientos, llevar al límite, hasta sus últimas consecuencias, la búsqueda de un acuerdo político transversal al arco de fuerzas disponibles.

Por esos días, Radomiro Tomic, ex candidato presidencial de la DC en la elección de 1970, llamaba la atención sobre el delicado contexto en que se desenvolvía la acción del partido. Cuando la colectividad conmemoraba dieciséis años de existencia desde su fundación en 1957, el precursor de la unidad política y social del pueblo ponía de relieve tres nociones claves. Reafirmaba la vocación transformadora del partido, que se traduce en su lucha por una sociedad socialista, comunitaria, pluralista y democrática. Manifestaba su inequívoca condena a la guerra civil y al enfrentamiento armado. Y exhortaba a la más absoluta prescindencia en la conflagración y en el régimen represivo que resultare de dicha contienda. En su cuidada prosa, se preguntaba:

«Cuál es nuestra tarea para mañana. ¡La misma! ¡Servir al pueblo! Sustituir las viejas estructuras políticas y económicas organizadas por las minorías y a beneficio de las minorías, que la historia ha condenado. Hacer de Chile una nación socialista, comunitaria, pluralista y democrática en que el primer protagonista no sea el dinero ni el Estado, sino el hombre; no las minorías privilegiadas que se “eligen” a sí mismas “clases dirigentes”, sino el pueblo.

«Cuál es nuestro deber hoy día, en que el enfrentamiento armado entre chilenos y la guerra civil, amenazan destruir el cuerpo y el alma de Chile. ¡No al enfrentamiento armado! ¡No a la guerra civil!

«Y si por culpa de otros, y no de la Democracia Cristiana, el enfrentamiento viene y comienzan a matarse chilenos contra chilenos… ¡No pidamos, camaradas, una cuota de sangre chilena para la Democracia Cristiana! ¡Ni una gota de sangre obrera, campesina o pobladora, o de ningún chileno, en las manos de nuestro partido!

«Sólo así seremos dignos de la confianza que el pueblo nos dio ayer y nos da hoy. ¡Sólo así podremos servir a Chile hoy y tendremos autoridad para recibir la confianza de los pobres mañana!».

*En: Rodolfo Fortunatti, La Democracia Cristiana y el Crepúsculo del Chile Popular, Cuadernos de la Memoria, Santiago de Chile, 2012.

El Mostrador


EL AMANECER DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: LA REFORMA AGRARIA

28 julio, 2017

El viernes 28 de julio se conmemora medio siglo desde que el Presidente Eduardo Frei Montalva promulgó la Ley de Reforma Agraria, marcando con este hito el amanecer de los derechos económicos y sociales en Chile.

El 4 de septiembre de 1964 fue un día de grandes esperanzas. El día que ocurrió el triunfo de Eduardo Frei Montalva, el joven líder de un también joven movimiento político, la Democracia Cristiana. Más de un millón cuatrocientos mil votos, la más contundente mayoría ciudadana que se recuerde en la historia de la restringida democracia chilena, se habían movilizado para testimoniar su adhesión a una fresca y persuasiva promesa de cambios.

Nacía la Revolución en Libertad, una vía política que por su implantación y mística provocaba desconcierto y animadversión en los ambientes de izquierda y de derecha tradicionales. Ambos sentían que el nuevo movimiento político amenazaba sus intereses y arrebataba sus banderas.

¿Qué era la Revolución en Libertad?

Primero, se trataba de una vía política, no insurreccional, no armada, no violenta y, por lo tanto, pacífica. Segundo, era un camino que se proponía impulsar cambios profundos, los que debían realizarse dentro del estado de derecho y de la legalidad democrática. Tercero, se presentaba como una senda pluralista, tolerante y respetuosa de la diversidad. Frei, en el momento de asumir, la describirá como un camino «de profundas transformaciones y rápidos avances en el orden social y económico, dentro de un régimen que respeta la libertad y la dignidad de la persona humana».

Derechos económicos y sociales universales

El gobierno de Frei habrá de ser el primero en reclamar la jerarquía constitucional de los derechos económicos y sociales. La Constitución italiana, que había entrado en vigor el 1º de enero de 1948, era lo más cercano a la experiencia chilena, y acaso lo más inspirador, tanto por haber sido promulgada por el democratacristiano Alcide De Gasperi, como porque, al igual que en Chile, ahí, por el alto valor acordado al trabajo, habían logrado una fuerte implantación social democristianos, socialistas y comunistas. En su artículo 1° la Carta Magna latina declaraba que «Italia es una república democrática fundada en el trabajo».

La Constitución chilena había quedado desfasada en relación a los grandes avances habidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en materia de derechos fundamentales, de modo que las garantías contenidas en el capítulo III de su texto no conseguían satisfacer las demandas de protección que hacia 1964 ponía en evidencia el movimiento popular. De ahí que la reforma institucional de Frei buscara otorgarle al trabajo, y a los derechos vinculados al trabajo, el mayor reconocimiento jurídico.

En el mensaje al Congreso de noviembre de 1964, Frei expresa su voluntad de «afirmar constitucionalmente el reconocimiento de los fundamentales derechos sociales de las clases trabajadoras chilenas, consagrados en la mayor parte de las constituciones modernas y en instrumentos internacionales a que Chile ha concurrido». Plantea explícitamente el propósito de «estimular la función social del derecho de propiedad y proporcionar al Estado los instrumentos indispensables para realizar, con autorización legislativa, las grandes reformas que son necesarias para hacer accesible la propiedad a la mayoría de los chilenos.»

¿Por qué estos derechos y garantías no habían conseguido permear a la sociedad chilena?

Primero, por la existencia de un orden social fundado en la hacienda señorial que limitaba o negaba su ejercicio. Segundo, porque no estaban establecidos como disposiciones legales escritas y vigentes. Esto explica la necesidad de remover tales obstáculos estructurales a través de un cambio político profundo, y de convertir los derechos —universales desde hacía ya quince años— en derechos positivos a través de una audaz reforma de las instituciones.

«El Gobierno que presido —declaraba Frei en 1964—, plenamente consciente de este hecho, está planteando al país reformas sustanciales que permitan la más rápida transformación de las actuales estructuras sociales, económicas y administrativas, que, en la práctica han impedido hasta ahora el libre acceso del pueblo a la propiedad y uso de los bienes, el ejercicio real de la libertad de asociación en todas sus formas, sean ellas sociales, económicas o gremiales y el derecho a una educación que la capacite para el total desempeño de su condición de ciudadano de un país libre y democrático».

Garantizar a las familias no sólo el acceso a la tierra, sino a los bienes comunes que les permitieran llevar una vida digna, pero también ensanchar la democracia deliberativa sin menguar la democracia de las instituciones, y hacerlo a través de la progresiva participación de las personas y comunidades en las decisiones políticas.

El programa original tenía tres ejes fundamentales. Primero, satisfacer la secular demanda campesina de redistribuir la propiedad rural mediante la Reforma Agraria. ¡La tierra para el que la trabaja! Decía la consigna. Segundo, aumentar la participación del Estado en la explotación de nuestra principal riqueza, la viga maestra de la economía, a través de la llamada Chilenización del Cobre. Y tercero, impulsar y fortalecer la organización y participación de las personas y comunidades —“el gobierno del pueblo comienza con Frei”— por medio de la política pública de Promoción Popular.

Dignidad y seguridad

La Reforma Agraria fue, sin duda, el cambio social más postergado, y por eso, el más esperado y anhelado por el mundo campesino. Con la Reforma Agraria llegaba a su fin un modo de dominación reñido con la dignidad humana, el régimen constitucional y la democracia. La reforma tenía un afán de justicia, cual era integrar al campesinado a la vida social, económica y política del país. Pero, además, tenía la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación a todos los chilenos, sentido que hoy vendría a ser expresado en el concepto de soberanía alimentaria. Así lo confirmaba el Presidente Frei cuando en el momento de promulgar la ley expresaba que ésta «tiene como primer objeto el hombre y su familia y su dignidad esencial como persona y como sujeto de la vida de Chile. Y el segundo, alimentar a nuestro país».

El desafío programático de la Democracia Cristiana era pues generar una activa y rápida incorporación del campesinado a la propiedad de la tierra y al poder político. Se esperaba que antes del año 1973 más de cien mil familias campesinas se convirtieran en nuevos propietarios agrícolas y que, reforzando este proceso de empoderamiento, se organizaran en sindicatos facultados para demandar y defender sus derechos. Y también para enriquecer la vida en comunidad.

En 1967 se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina que, entre otras disposiciones, autorizaba las huelgas. También en 1967 se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Antes de lo cual fue preciso enmendar la Constitución en la parte relativa al derecho de propiedad, con el propósito de ampliar la facultad expropiatoria del Estado, y permitir al Gobierno redistribuir tierras y emprender planes de vivienda y de desarrollo urbano. Lo que, en modo alguno, comportaba una arbitrariedad o un abuso de poder.

El principio jurídico de la reforma mantuvo subordinados los derechos patrimoniales a los derechos fundamentales de la persona. La doctrina garantizaba el respeto a la propiedad privada, pero con arreglo al valor superior del bien común. El gobierno entendía que ambos fines eran perfectamente armonizables: «Basta que el dueño tenga conciencia de la vinculación entre el interés social y el recto ejercicio de sus derechos sobre las cosas, y destierre el falso concepto de poseerlas con el solo fin de satisfacer sólo sus propias necesidades». Y agregaba que la enmienda «… asegura al dueño su derecho a servirse de los bienes, en su provecho; pero, a la vez, faculta al Estado para que asegure la función social de la propiedad».

Durante el siglo xx chileno no existe una época más intensa en luchas de reconocimiento que aquella que se inaugura en 1964. Aquel es un momento crucial en la historia del movimiento popular por instalar en la conciencia política nacional los valores intrínsecamente imbricados de la paz, la igualdad y la protección del más débil. Si, como escribe Walter Benjamin, «cada instante puede convertirse en el juicio final de la historia», 1964 fue uno de aquellos momentos breves y luminosos en que el presente se deja asaltar por la parte inédita del pasado que pugna por hacer valer sus derechos.

Frei encarnaba esas esperanzas. Su intuición política lo había hecho comprender que el reconocimiento de derechos es una relación social, un sustrato espiritual conformado por vínculos afectivos, instituciones jurídicas y cultura común. Había entendido que sin un cambio institucional no era posible el reconocimiento jurídico de tales derechos. Y sobre todo, había llegado a la convicción de que un cambio constitucional podía tener la capacidad de transformar las capacidades humanas disponiéndolas para la conquista de nuevas libertades y derechos.

El Mostrador

Diario Concepción

 

 


EL CASO RINCÓN

27 julio, 2017

Nos parece normal, tolerable, incluso digno de alabanza, que un tribunal moral —como en el que parece erigirse la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana—, publique en dos tercios de página de El Mercurio la opinión que le merece la conducta del militante Ricardo Rincón.

EL CASO RINCÓN pdf

Camino al Calvario, Pieter Brueghel, 1564, National Gallery de Ottawa, Canadá.

Camino al Calvario es una pintura del holandés Pieter Brueghel que relata la pasión de Jesucristo situada en el Flandes de 1564 durante la ocupación del imperio español. En 2011, bajo la dirección del polaco Lech Majewski, la obra fue llevada al cine con el título El Molino y la Cruz, donde se hace explícita y comprensible la irracional represión de la Inquisición contra la reforma protestante: los hombres eran azotados y crucificados, y las mujeres enterradas vivas.

Todavía podemos estremecernos ante el horror, porque creemos estar lejos de aquellos tiempos de violencia contra el hereje. Pero en esa época, como lo revela el film, la barbarie estaba naturalizada por la dominación imperial, como hoy se naturaliza el desdén hacia el derecho y las instituciones en la vida partidaria de la Democracia Cristiana, por el contexto de crisis que ésta atraviesa.

Nos parece normal, tolerable, incluso digno de alabanza, que un tribunal moral —como en el que parece erigirse la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana—, publique en dos tercios de página de El Mercurio la opinión que le merece la conducta del militante Ricardo Rincón. Nos parece normal que desde el comando de la candidata presidencial se filtre un ultimátum según el cual si la Junta Nacional no lo excluye de la nómina de postulantes al Congreso, como sería el deseo de la candidata, ésta podría declinar su propia opción. Y nos parece también normal que el responsable de contenidos del comando nos advierta que Rincón será un lastre para las campañas presidencial y parlamentaria.

Pero no es normal. La Comisión de Ética es una entidad de consulta, no vinculante, no imperativa, y que, por consiguiente, jamás podría entrar en conflicto de competencias con las entidades formales encargadas de administrar justicia en la Democracia Cristiana, simplemente, porque no está a su nivel y rango. El órgano institucional que tiene por funcióm pronunciarse sobre el comportamiento de los militantes y de garantizar justicia es, según los Estatutos y la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo. Y éste, guste a quien guste y pese a quien pese, dictó explícitamente sentencia sobre el caso. En consecuencia, su fallo debe ser acatado por todas las instancias del partido, desde el órgano colegiado, que es su Junta Nacional, hasta el órgano ejecutivo, que es su mesa directiva. No hacerlo significaría la transgresión de un derecho que es justiciable ante los tribunales nacionales e internacionales.

En contraste con la absolución del Tribunal Supremo, lo que ha hecho la Comisión de Ética al publicar la opinión que se formó sobre el militante, es un agravio humillante que entraña desprecio por la dignidad de la persona. Un ente que incurre en tales desbordes y que, además, delibera política y discrecionalmente sobre la contingencia partidaria, no debiera existir en una colectividad institucionalizada como la que aspira a ser la Democracia Cristiana. Pero, a mayor abundamiento, ¿quién juzga la ética de la Comisión de Ética? A estas alturas de nuestra evolución republicana y democrática, lo que se precisa no es una comisión de ética, sino un partido ético.

Tampoco es normal que con el expediente de que la máxima intancia de decisión de la colectividad está facultada para sancionar la nómina de candidatos, se quiera anular la decisión de la Junta Regional de O´Higgins, cuya jerarquía y competencia está claramente establecida en los Estatutos, y cuyo valor moral no puede ser tenido como inferior al que emana de las deliberaciones de la Junta Nacional. Por eso, quien en el órgano colegiado quiera vetar el nombre del diputado Rincón, tendrá que dar razones, y éstas no podrán ser las que se le imputaron en las instancias de justicia del partido y, menos aún, las que condicionan la continuidad de la candidatura presidencial a la declinación de la re-postulación del diputado.

Por último, no es normal que un comando de campaña, del cual se espera sea representación de toda la militancia, exija a través de uno de sus voceros marginar al parlamentario. Si se admite hoy este tipo de agresiones contra un diputado del partido, amparados sólo en la autoridad política que otorga la vocería circunstancial de un comando, entonces mañana el más sencillo y desempoderado de los militantes podría ser víctima del abuso y la arbitrariedad. Pero quizá en aquel momento entenderemos el sentido de la fatal escalada que tan sabiamente describiera en su sermón el pastor alemán Martin Niemöller:

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar».

Cuando hicieron eso a Rincón, guardé silencio, porque yo no era diputado ni pertenecía a su círculo…

Rincón ante la Junta Nacional

Rincón: la Junta Nacional que resolvió eso está totalmente viciada.

Opinión de la Comisión de Etica del PDC

Rincón sería un lastre

Rincón no está inhabilitado jurídicamente

Rechazo a postulación de Rincón

El siglo que vamos dejando atrás

 


ESPEJO DE LA MEMORIA

24 julio, 2017

 

En el espejo de la historia se tornan nítidos y lacerantes los desaires que padecen los derechos fundamentales cuando democratacristianos rechazan la universalidad del acceso a la educación, la interrupción del embarazo en tres causales, o el uso de las aguas como un bien esencial para el derecho a la vida.

El próximo viernes se conmemoran 60 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano. También se celebran 50 años de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, uno de los hitos más trascendentales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el presidente de los campesinos como solía llamarlo la gente sencilla.

Desde entonces, partido y reforma marchan indisolublemente unidos. La cultura popular campesina, profundamente penetrada por las tradiciones cristianas, cifra sus esperanzas de redención en el abanico de partidos humanistas que, en 1957, concurre a la formación de la colectividad. Luego vendrán las grandes victorias municipales de 1963, la Marcha de la Patria Joven, y el triunfo de 1964 que dará inicio a la Revolución en Libertad.

Aquella fue una revolución de la persona, de su dignidad y de sus derechos, y Frei fue el primero en reclamar jerarquía constitucional para los derechos económicos y sociales. Así lo escuchó el Congreso cuando presentó su proyecto de reforma: «Todas las constituciones modernas consagran, en la enunciación de derechos de la persona humana, los derechos de carácter social. Esos derechos, reconocidos en instrumentos internacionales a los cuales ha concurrido el gobierno chileno, forman parte del patrimonio cultural de nuestro tiempo y constituyen la conquista más importante de la gran multitud de los hombres que viven de su trabajo».

En la práctica, todos derechos indivisibles e indisponibles, pues Frei nunca sacrificó la reforma educacional por la ley de guarderías y jardines infantiles, ni la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por el programa de viviendas.

Es el auge de una nueva conciencia política, personalista y comunitaria, según observara Jacques Maritain, su inspirador. Y ésta es la memoria, el espejo de la historia donde los democratacristianos pueden reconocer su identidad y actuar en consecuencia. Ahí se encuentran los valores y principios que empujaron el progreso. Y, en contraste con ellos, se tornan nítidos y lacerantes los desaires que padecen los derechos fundamentales, piedra angular de todo el edificio humanista cristiano, cuando camaradas nuestros rechazan la universalidad del acceso a la educación, la interrupción del embarazo en tres causales, o el uso de las aguas como un bien esencial para el derecho a la vida.

Pero hay un riesgo peor. Y es que, sobre esa memoria luminosa, avanza la sombra que amenaza, más que nuestro domicilio en la centroizquierda, los firmes lazos de camaradería que un día permitieron reconocernos como partido. Somos responsables del eclipse y, por eso,  tenemos el deber de recuperar nuestra antigua lucidez. Es hora de asumir que estamos en presencia de dos candidaturas presidenciales en la Nueva Mayoría. Es hora de admitir que dos listas parlamentarias pueden ofrecer una salida al aislamiento en que se encuentra la Democracia Cristiana. Y es hora de abrirse a la alianza con el Partido Radical y otro más.

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