POR QUÉ NO LA DERECHA

24 febrero, 2017
Belisario Velasco y Rodolfo Fortunatti
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Retroceso republicano es imponer desde el mercado una competencia forzada, ficticia e inalcanzable para los medios de que disponen los más vulnerables. Porque eso es condenarlos al desamparo.

BAJO EL título Manifiesto por la República y el buen gobierno personeros de la derecha han difundido la nueva hoja de ruta del sector.

Nos convocan a enriquecer lo que llaman el acervo común republicano, incluso cuando éste hubiere sido impuesto de una manera dolorosa y conflictiva, en todo caso consentida por los cómplices pasivos. Omiten que durante 17 años de régimen civil militar la antigua república democrática fue desmontada y, en su lugar, fue instituido otro pacto cuyos resabios perduran hasta hoy.

Luego, no podemos comprometernos con esta tradición.

Y si coincidimos con ellos en que “la democracia no es compatible con la imposición autoritaria”, es porque creemos que una nueva Constitución Política debe restablecer el consenso perdido. Ello se consigue mediante una genuina disposición al acuerdo, y no a través de íconos beligerantes como el que encarna El Desalojo y su reedición 2.0, diez años después.

Sin duda, tenemos otra visión de la persona. La derecha nos dice: primero el crecimiento económico y después los derechos. Nosotros afirmamos: en el centro la persona y sus derechos; el crecimiento y la distribución deben estar al servicio de su plena realización y ejercicio. Lo cual no significa complacencia con la actual tasa de crecimiento. No obstante, por honestidad republicana, debería reconocerse que la desaceleración económica se inició en 2012 y no bajo el actual gobierno.

Los autores del Manifiesto proponen que el Estado se retire de la educación, la salud y la previsión, pues creen que las empresas privadas y el mercado proveen satisfactoriamente estos servicios. No negamos que han sido exitosos con los ciudadanos que tienen para pagar prestaciones de calidad, pero nosotros aspiramos a que todos, no solo algunos, accedan a las garantías de salud, educación y previsión. Ello requiere un Estado con facultades, no un remedo de subsidiariedad donde el gasto público represente el 24 por ciento del PIB y los derechos económicos y sociales carezcan de jerarquía constitucional.

No pretendemos que las instituciones públicas proporcionen la seguridad y protección que brinda la familia a los niños y ancianos, pero convengamos que ellas son los principales auxilios de los hogares cuando, por sus precariedades y abandonos, no pueden cubrir estas necesidades. Tampoco vemos en el municipio al agente activo de la educación pública, porque nunca será igual la calidad que reciban los niños de Lo Barnechea a la de Curanilahue. Y no nos parece ecuánime esa focalización que, a ojos de la derecha, vale para subsidiar la pobreza pero no para distinguir a las universidades públicas de las privadas, o a las tradicionales de las emergentes.

Es cierto que en una economía libre de mercado la gratuidad es regresiva. No lo es en una economía social de mercado donde la educación es un derecho que se universaliza y contribuye al desarrollo. Retroceso republicano es imponer desde el mercado una competencia forzada, ficticia e inalcanzable para los medios de que disponen los más vulnerables. Porque eso es condenarlos al desamparo.

Es a causa de estas distancias insalvables que la DC, un partido comunitario con domicilio en la centroizquierda, no está disponible para pactar con la derecha. Y es por esta decidida defensa de los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad, que un liderazgo como el de Carolina Goic, está prendiendo en los corazones de la gente y tendrá un gran éxito en la primaria del 2 de julio que deberá aprobar la Junta Nacional del P.D.C.


DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA: FUNDAMENTOS DE UNA COALICION DE CENTROIZQUIERDA

23 febrero, 2017

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La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.

Pocos dudan de la necesidad de pensar una nueva coalición de centroizquierda. La experiencia de la Nueva Mayoría puso en evidencia la enorme brecha abierta entre la idea de impulsar reformas necesarias y ampliamente respaldadas por el país —muy alejadas de la metáfora de la retroexcavadora que proponía desmontar el modelo de desarrollo en un gobierno de cuatro años—, y lo que, bajo el eufemismo de los matices, significó poner frenos permanentes a dichas transformaciones.

Por eso, para cerrar esta brecha y ofrecerle a Chile un gobierno sólido y estable, la actual coalición debe imperiosamente fundar su programa en un consenso sobre la democracia y los derechos humanos. Sin esta visión común de los partidos que la conforman, no sólo su política internacional, sino, crucialmente, su senda de progreso y desarrollo, se verá persistentemente obstaculizada por tensiones y conflictos.

La centroizquierda tiene mucho a su haber en este desafío. Es tributaria de las luchas libradas en contra de la dictadura y en pro de los derechos fundamentales, de la transición democrática que permitió restablecer el imperio de las instituciones libres, de los cambios sociales que han mudado radicalmente la fisonomía de la sociedad chilena, y de una presencia internacional que despierta el respeto de las naciones. Es la vocación que la distingue nítidamente de la trayectoria seguida por la derecha.

Pero los derechos humanos, al igual que el Estado de derecho y la democracia, son realidades que evolucionan y que, por ello, exigen el aggiornamento de nuestras convenciones en torno a ellos. Exhortan, sobre todo a los partidos de inspiración humanista, a reivindicar el valor esencial de la persona contra toda forma de poder, no sólo para asegurar sus mínimos de supervivencia, sino para impulsarla hacia la conquista de una vida buena.

Todos los derechos humanos

Los derechos fundamentales son expectativas de prestaciones, o que comportan prohibiciones, compartidas universalmente por todos los seres humanos por su calidad de personas, o que, como titulares de derechos, les son reconocidos explícitamente por un ordenamiento jurídico. Por esto tienen carácter universal, inalienable e indisponible. Son derechos fundamentales porque amparan a todos los seres humanos, lo cual implica que se reconocen a todos los seres humanos porque éstos son iguales. Y están por encima de las relaciones políticas y de mercado.

Son fundamentales porque tienen como finalidades indisolublemente imbricadas la paz, la igualdad y la protección del más débil. De ello se sigue que cuanto más se garanticen los derechos de la libertad, los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, más fuertes serán las convicciones y las relaciones colectivas gobernadas por la paz. La igualdad de todas las diferencias significa el mismo respeto y tolerancia hacia las diversidades de nacionalidad, de lengua, de sexo, de religión, de opinión política.

Favorecer al más débil frente al poder del más fuerte, es impedir concentraciones de poder e imposiciones de los más fuertes sobre los más débiles. Naturalmente, los derechos patrimoniales que se transan en el mercado no son fundamentales pues no cuentan con los requisitos que los hagan indisponibles, inalienables, inviolables, intransmisibles y personalísimos.

Garantías de derechos: universalidad y gratuidad

La realización de los derechos fundamentales se consigue mediante políticas públicas que los garanticen. La eficacia de estas garantías de derechos radica en que comportan la obligación de satisfacer expectativas positivas como por ejemplo, el acceso a la salud a través del Plan Auge, o a la educación, a través de la Gratuidad Universal, dos realizaciones trascendentales de los gobiernos de centroizquierda. Que, no se olvide, estos avances comportaron regular las isapres y ponerle fin al lucro.

En el horizonte de una práctica de centroizquierda, también el derecho fundamental al agua y al saneamiento, hoy por hoy convertido en bien patrimonial, debe ser un derecho garantizado. Ello entraña que el acceso al agua responda a estándares de calidad, ser proporcionado en los plazos oportunos, salvaguarde a quien no puede costearlo, se mantenga estable a lo largo del tiempo, esté abierto a la participación de sus titulares, sea susceptible de exigibilidad y reclamo, y sea progresivo y actualizable. Lo mismo en materia de régimen previsional, vivienda y alimentación.

Las políticas de centroizquierda se distinguen de las neoliberales en que estas últimas carecen de una teoría que se haga cargo de articular los derechos sociales con sus correspondientes garantías y prestaciones, como se comprueba en el Manifiesto por la República y el buen gobierno difundido recientemente por personeros de la derecha. Aquí los derechos son subordinados al mercado y a las tasas de crecimiento y, en consecuencia, no se expresan en normas generales y abstractas, no siempre comportan obligaciones, y usualmente son servidos a través de decisiones discrecionales, con lo que quedan reducidos a puras declaraciones de reconocimiento.

Lo dicho no es baladí. Tales nociones han penetrado en los partidos de centroizquierda; no digo en sus valores y principios. Pero esto ha generado fricciones intestinas, porque el reconocimiento de garantías no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad orientada a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades humanas reclaman reconocimiento.

No por nada ha crecido la judicialización de las demandas emprendida por ciudadanos y por organizaciones de la sociedad civil, y lo que resulta muy prometedor es que hayan encontrado receptividad en las magistraturas, especialmente en aquellas que se muestran más ágiles y cercanas a la población.

La soberanía popular

De aquí la relevancia que cobra el Estado constitucional de derecho, una estructura jurídica que ha corrido a la par del desarrollo de la democracia y de la humanización de los vínculos sociales. Es al Estado constitucional de derecho a quien corresponde establecer en función de qué contenidos normativos se ejerce el poder, y es a la democracia a quien corresponde determinar quiénes y cómo lo detentan.

Por eso, tiene tanta importancia para la centroizquierda una Constitución Política ampliamente legitimada en una Asamblea Constituyente. Porque en un Estado constitucional de derecho es la voluntad soberana del pueblo la que otorga legitimidad a los procedimientos democráticos y a las protecciones instituidas por los derechos fundamentales. Es un Estado positivo de garantías que, por proteger los derechos fundamentales, determina los límites del poder y, además, satisface las expectativas económicas, culturales y sociales de las personas.

Democracia y derechos están íntimamente ligados. Todo poder democrático encuentra sus límites en la garantía de los derechos de libertad de las personas. Todo poder deslinda con la protección de los derechos sociales reconocidos a las personas. Mientras más extendidas sean las libertades y los derechos sociales, más estrecha será la esfera de influencia del poder político.

La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.


CAROLINA GOIC Y LA CUARTA VÍA

21 febrero, 2017

Belisario Velasco y Rodolfo Fortunatti

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«Contrastando con un ánimo de derrota y desesperanza, la senadora Carolina Goic ha planteado tres cuestiones cruciales: recuperar la mística y convicción democratacristiana, asumir el desafío de ser candidata presidencial, y competir en las primarias de la Nueva Mayoría que, sin embargo, debe ponerse al día para representar los anhelos del país.»

 

Hasta hoy sólo sabíamos de la existencia de una tercera vía: el camino propio que se abría entre la izquierda y la derecha o, el del frente amplio, que buscaba ser alternativa al denominado duopolio conformado por la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

Eso ya es pasado desde que una nueva concepción de las alianzas políticas y de la voluntad soberana expresada en las urnas ha empezado a mostrar su genuina fisonomía. Se trata de una cuarta vía. Una senda que supera por arriba todo lo imaginado, coronando así la trayectoria que se inició pocos meses después de la instalación del actual gobierno y que ha mantenido en persistente dilema la permanencia de la Democracia Cristiana en la centroizquierda.

El senador Ignacio Walker no pudo haber sido más claro cuando este fin de semana reveló los alcances de semejante derrotero. El itinerario comienza con la ratificación, en la próxima junta nacional, del plebiscito que habrá de aprobar la participación de la colectividad en la primera vuelta de noviembre. Luego contempla la proclamación de una candidatura presidencial, que podría resultar derrotada, lo cual obligaría al partido a definir a quién apoyar en la segunda vuelta, momento éste en que, a falta de opciones, la única salida que podría ofrecerle al país sería el… ¡voto en blanco!

El voto en blanco es una hoja sin escribir, es el vacío de la acción, es la ausencia de la política. Es oferta inédita y desconcertante en la Democracia Cristiana, un partido de profundas raíces doctrinarias que, en momentos cruciales de nuestra historia, ha asumido con resolución el liderazgo que lo convoca. No lo merecen los militantes de la colectividad que, en julio, cumplirá sesenta años de vida. No lo merecen los campesinos que, en el mismo mes, recordarán con gratitud los cincuenta años de la reforma agraria impulsada por el presidente Frei. Y, sobre todo, no lo merece el país, que espera una política fundada en los principios éticos legados por el humanismo.

La Junta Nacional del 11 de marzo tiene la última palabra. Creemos que en ella primará un compromiso con el buen uso del porvenir. Porque si, como ha escrito Enrique Krauss, «participar aisladamente en primera vuelta no resulta sino una evasiva transitoria», la pérdida de fe y de vigor que entraña la vía del voto en blanco, es lo más cercano a la frialdad de la muerte política.

Contrastando con este ánimo de derrota y desesperanza, la decisión de la senadora Carolina Goic devuelve a la Democracia Cristiana, especialmente a sus jóvenes generaciones, el espíritu de los fundadores. Ella ha planteado tres cuestiones cruciales que marcan un antes y un después en el actual debate. Ha dicho que, más allá del puro cálculo de poder, existe una política de lucha y testimonio que debe ser desplegada con mística y convicción. También ha expresado que asume sin ambages el desafío de ser candidata presidencial. Y, por último, ha precisado que esta competencia debe librarse en el seno de la Nueva Mayoría, partiendo por impulsar su aggiornamento y concurriendo a las primarias del 2 de julio.

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/02/21/carolina-goic-y-la-cuarta-via/


UNA O DOS LISTAS

8 febrero, 2017

congreso

El óptimo es que las grandes coaliciones formen, cada una, solo un pacto electoral para las próximas elecciones parlamentarias. Esto porque es el que les reditúa más votos y, en consecuencia, más diputados y senadores, dado el nuevo sistema electoral que beneficia a quienes unen fuerzas. Pero, aunque lo dicho es una certeza técnica, es refutado con argumentos de escaso peso.

Las dos razones que se han planteado para rechazar la idea de un solo pacto de la Nueva Mayoría han sido: primero, que son siete los partidos y que este número excede el máximo de candidatos permitido por pacto —al menos en diez de los veintiocho distritos—, fuera de que, en ciertos lugares, algunos partidos desearían postular a más de un candidato; y segundo, que la exigencia de un 60 por ciento como máximo de hombres o de mujeres no permitiría cubrir satisfactoriamente los cupos autorizados, porque no habría mujeres suficientemente competitivas para capturar la adhesión del electorado.

Dos listas: más candidatos; menos parlamentarios

En la siguiente tabla aparecen los nuevos distritos, seguidos por el número de diputados que elige cada uno, el máximo de candidatos por pacto, y la cantidad de diputados que la Democracia Cristiana elegiría en cada distrito conforme a la votación obtenida en la reciente elección municipal.

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Debe haber hasta 183 candidaturas por lista para elegir a los ocupantes de 155 sillas parlamentarias. Esto equivale a una proporción de 1,18 candidatos de pacto por asiento parlamentario, misma cifra que debiera operar para fijar la proporción adecuada entre candidatos por partido y candidatos elegibles.

Si con su última votación la DC tiene la probabilidad de elegir 27 diputados, su máximo de candidatos debería ser entonces 32. Ello, sin perjuicio de aumentar dicha cifra en la negociación en función del potencial de votación esperable siguiendo el comportamiento de todo el sistema. La falange podría pretender un cupo por cada uno de los veintiocho distritos y duplicar su oferta en otros cuatro, dos de los cuales indudablemente serían los distritos números siete y ocho. A las otras seis colectividades todavía les quedarían 151 cupos de candidatos para competir por los 128 asientos parlamentarios teóricamente disponibles.

Ahora, si la DC concurriera a un pacto acompañada solo por otro partido de igual implantación electoral, entonces casi triplicaría sus cupos. Amplificaría su oferta de 32 a 92 candidatos, aliviando así el trabajo de la secretaría nacional al despejar conflictos que, de otro modo, entrañarían complejas negociaciones: la presión por ser candidato, los costos asociados al mecanismo de primarias internas, el cumplimiento de los plazos cuando los órganos de conducción están absortos en el procedimiento de refichaje y, desde luego, la defensa del principio uti possidetis latente en 19 de las 20 diputaciones en ejercicio.

El Partido Socialista —lo mismo que el Radical— ha desechado ir en más de un pacto, pero el PPD, en cuyas filas surgió por primera vez el año 2008 la idea de dos listas de candidatos a concejales, se ha mostrado abierto a esta posibilidad. De concretarse, un virtual pacto DC-PPD contaría con dos candidaturas presidenciales.

Lo cierto es que con la fórmula de las dos listas la DC elegiría menos parlamentarios, y la multiplicación de candidaturas no necesariamente redundaría en un mayor acopio de votos.

Ley de Cuotas no es óbice

La norma impone a los partidos que, del total de sus candidaturas declaradas, ni las postulantes mujeres ni los aspirantes hombres superen el 60 por ciento. Para cumplir con la regla, al menos 13 de los 32 eventuales candidatos DC de una lista común deben ser mujeres. Si, en cambio, el arreglo es de dos listas, la cuota mínima de mujeres sería de 37.

El temor que abrigan quienes se oponen a una lista común es que las candidatas mujeres no serían elegibles, lo cual generaría dos consecuencias negativas: primera, que el partido perdería esos votos, que irían a engrosar otros caudales y, segunda, que le arrebatarían el cupo a un candidato hombre probablemente elegible.

¿Qué pasaría empero si fueran dos listas? Ocurriría, dicen, que el partido cumpliría con la Ley de Cuotas sin dificultades, porque 37 de sus 92 candidatos serían mujeres y éstas, además, no amenazarían sino que contribuirían al éxito de los candidatos hombres. El antecedente que tienen a la vista es aquel residuo del sistema binominal que ha hecho que de toda la bancada DC de la Cámara Baja, sólo una, Yasna Provoste, sea mujer.

En las pasadas elecciones, el 31 por ciento de los candidatos democratacristianos a concejal eran mujeres, y el 27 por ciento de todos los concejales DC que resultaron electos son mujeres. Esto significa que 10 de cada 22 candidatas ahora son concejalas, mientras que 10 de cada 18 candidatos pudieron llegar al Concejo Municipal. El PDC fue el partido que eligió más mujeres concejalas: 111. Así pues, la brecha de elegibilidad entre unos y otros es marginal y puede ser reducida con medios políticos eficaces.

No existen razones prácticas que justifiquen ofrecerle a la ciudadanía más de una lista de candidatos, menos todavía considerando que la de noviembre será la primera experiencia competitiva bajo un régimen proporcional.

(Pinchar imágenes para agrandarlas)

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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Mujeres y elecciones municipales 2016.

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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Mujeres y elecciones municipales 2016.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Mujeres y elecciones municipales 2016.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Mujeres y elecciones municipales 2016.

Diario Concepción


DOS MOMENTOS CAPTURADOS POR ADIMARK

2 febrero, 2017

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«A fin de cuentas las confrontaciones políticas cotidianas entre sufragistas y abstencionistas, no son sino la lucha ideológica más compleja y de más largo aliento entre el diálogo democrático racional y la posverdad, vertedero de prejuicios, ignorancias y rencores propios de una atmósfera de resentimiento social»

Dos momentos capturados por Adimark

En febrero de 2013, tras un receso de cuatro meses empleado para ajustar su metodología, la empresa Adimark volvió a publicar su encuesta sobre popularidad del Presidente de la República, evaluación de la gestión de gobierno y adhesión a las coaliciones  políticas. El Presidente Sebastián Piñera estaba a punto de entrar al último año de su administración, los partidos Socialista y PPD esperaban que Michelle Bachelet arribara desde Nueva York para proclamarla como candidata a las primarias de julio, los radicales postulaban a José Antonio Gómez, y la Democracia Cristiana se inclinaba en su consulta abierta a militantes e independientes por Claudio Orrego.

Por estos días Adimark difundió su último sondeo. En él, a diferencia de la medición de hace cuatro años, incorporó la opinión de los encuestados acerca de los eventuales candidaturas presidenciales. Ahora es Piñera quien aparece virtualmente proclamado, mientras el PPD postula a Ricardo Lagos, el Partido Radical a Alejandro Guillier, y socialistas, democratacristianos y comunistas aún no definen sus cartas. Hoy, el binominal es historia, pero lo que traerá el sistema proporcional y los nuevos deslindes electorales es todavía una incógnita.

Al comparar las fotografías de ambos momentos, pueden advertirse diferencias que no son tan grandes, y similitudes que no son tan pequeñas. Es lo que ocurre con la opinión de los encuestados sobre las distintas áreas de la gestión gubernamental. Al mirar el gráfico Aprobación por áreas de gestión, se percibe que la política mejor evaluada de Piñera es la de empleo. Existían razones. El empleo no sólo había sido prioridad comunicacional del Ejecutivo sino que en ese instante se estaban registrando las tasas más auspiciosas de desocupación: 6,4%. Por contraste, en la encuesta de enero de 2017, Bachelet obtiene menos de la mitad del apoyo conseguido por Piñera para las variables empleo y desempeño económico. Lo paradójico es que la actual cifra de desocupación es aún más baja que la de Piñera: apenas 6,1%. De cualquier modo, el momento de Piñera es también mejor que el de Bachelet en ambiente, transporte, salud, corrupción y delincuencia, pero no logra ser mejor en educación, donde la gratuidad empieza a rendirle frutos a la Mandataria.

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En el gráfico Evaluación positiva de ministros aparecen las opiniones de los encuestados sobre las principales carteras. Esta vez los desempeños en Relaciones Exteriores y en Defensa son mejor apreciados en el momento de Bachelet que en el de Piñera. Al revés, las gestiones de los ministros Larraín, Larroulet y Chadwick, son más valoradas que las de Valdés, Eyzaguirre y Fernández al frente de Hacienda, Segpres e Interior. El indicador mensual de actividad económica de enero de 2013 había sido de 6,7 por ciento respecto del de enero del año anterior, lo que incluso despertaba temores de sobrecalentamiento de la economía. El actual Imacec, el de diciembre de 2016, podría ser de no más de 1,2 por ciento.

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En el gráfico Identificación con el gobierno y con la oposición, puede verse que las distancias son más cortas que las imaginadas al fragor de la disputa por los atributos presidenciales. En enero de 2017 hay más ciudadanos que se sienten identificados con el Gobierno que en febrero de 2013. Hace cuatro años sólo un 29 por ciento adscribía al gobierno de Piñera; hoy, un 33 por ciento adhiere al gobierno de Bachelet. Sin embargo, en los tiempos de Piñera, a diferencia de ahora, había menos gente que se identificaba con la oposición. Aquella oposición era fundamentalmente lo que en el presente es la Nueva Mayoría, pero la actual oposición es lo que dejó de ser Nueva Mayoría más la opinión que en 2013 simpatizaba con el gobierno de Piñera.

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Por último, en el gráfico Apoyo a las coaliciones aparece la adhesión prestada por la población encuestada a las diversas alianzas políticas. En el verano de 2013 estas formaciones predominantes eran la Coalición por el Cambio, que respaldaba al gobierno, y la Concertación de Partidos por la Democracia, que se situaba en la oposición. En 2017 son Chile Vamos, pacto de centroderecha opositor, y la oficialista Nueva Mayoría.

Puede verse que la afección hacia ambas alianzas se ha mantenido relativamente estable. En febrero de 2013, el 23 por ciento se identifica con la Coalición por el Cambio. En enero de 2017, lo hace el 24 por ciento. Por estos días la Nueva Mayoría capta la adhesión de 17 de cada cien encuestados. Hace cuatro años, la Concertación capturaba el 19 por ciento de apoyo. No obstante las ventajas de una y los rezagos de la otra, la coalición de centroderecha perdió el gobierno, mientras que la alianza de centroizquierda lo conquistó.

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No existe correlación significativa entre la opinión de los entrevistados y el comportamiento electoral de los ciudadanos.

La razón de esta inconsistencia entre la respuesta que la gente da a una llamada telefónica y la opción que señala en un voto, se debe precisamente a que se trata de dos tipos de público. La encuesta Adimark se aplica a una muestra representativa de la población mayor de 18 años que, además, dispone de teléfono fijo o móvil. Este universo del que se obtiene la muestra de mil casos asciende a cerca de 14 millones de personas, misma cantidad que actualmente tiene derecho a voto, pero distinta de cuantos efectivamente ejercen el derecho a voto. Si nos guiamos por la última elección de concejales, los que van y votan son el 35 por ciento, o sea, como cuatro millones 700 mil ciudadanos. Los otros nueve millones no votan, pero opinan en la encuesta.

La desconfianza que los abstencionistas tienen en la política, los políticos y las instituciones carece de efectos prácticos sobre la generación del poder y su distribución. Pero así como influyen en la opinión pública a través de la respuesta que dan a un encuestador, así también influyen en la reproducción de esa opinión, pues están incorporados a las comunicaciones.

A fin de cuentas las confrontaciones políticas cotidianas entre sufragistas y abstencionistas, no son sino la lucha ideológica más compleja y de más largo aliento entre el diálogo democrático racional y la posverdad, vertedero de prejuicios, ignorancias y rencores propios de una atmósfera de resentimiento social. Si este conflicto se ha agudizado es porque los instrumentos de que se vale también son más sofisticados.

En el verano de 2013 un poco más de 6 millones tenía acceso a Internet y, por lo tanto, a las redes sociales a través de las cuales se diseminan falsas noticias y animadversiones contra toda representación del poder y de la autoridad, a un punto que Facebook ha debido cambiar su algoritmo para combatir estas prácticas.  En 2017 ¡más de 13 millones de chilenos se comunica a través de la red!

Esto explica la exacerbación de la crítica que se observa entre los dos momentos de desafección capturados por el mismo lente metodológico de Adimark.

Dime lo que quiero creer

 


TRAYECTORIA DE UNA LUCHA

22 enero, 2017

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A lo largo de la secuencia se puede apreciar la trayectoria de una lucha de ideas que ha hecho de la defensa de la identidad del Partido Demócrata Cristiano como parte, primero, de la Concertación de Partidos por la Democracia y, después, de la Nueva Mayoría, un testimonio permanente.

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En las siguientes páginas el lector hallará una compilación de las definiciones políticas que hombres y mujeres democratacristianos hemos tomado frente a los principales hitos de los últimos cuatro años.

A lo largo de la secuencia se puede apreciar la trayectoria de una lucha de ideas que ha hecho de la defensa de la identidad del Partido Demócrata Cristiano como parte, primero, de la Concertación de Partidos por la Democracia y, después, de la Nueva Mayoría, un testimonio permanente.

En cada uno de los relatos de esta lucha de ideas subyace una memoria histórica sin la cual es difícil aquilatar en su real magnitud el rol desempeñado por nuestra colectividad en el pasado, y, menos aún, construir la política del mañana. Porque en los tiempos que corren, la mayor batalla ideológica no se está librando contra ideas racionales, sino contra creencias, supersticiones y emociones estimuladas por los medios de comunicación, por sus controladores y por quienes tienen acceso privilegiado a sus tribunas. Nociones que escapan al método y al análisis objetivo o, si se quiere, consensuado de la realidad. Y que, desde luego, constituyen una amenaza para una vida cívica fundada en el diálogo, la empatía entre semejantes y la colaboración recíproca.

Chile es un país profundamente injusto. Donde sus estructuras e instituciones sociales exhiben dramáticos déficit de humanidad. Y donde la humanización de sus formas de organización no vendrá de ideologías deshumanizadoras, como la neoliberal, sino de vertientes culturales que ponen en el centro de sus preocupaciones a las personas, a las comunidades y a sus derechos. Vendrá de fuerzas políticas y sociales con capacidad de subordinar sus intereses particulares a las necesidades de justicia y de libertad de las grandes mayorías desempoderadas y excluidas del bienestar y el progreso.

Por casi tres décadas las esperanzas de ver realizados estos ideales han descansado en una alianza de centroizquierda que ha enriquecido nuestra tierra y ha dignificado la vida de su gente. El eje de esta convergencia de voluntades organizadas, y la garantía de su éxito, ha sido la Democracia Cristiana. A su vez, la fortaleza de nuestro partido se ha nutrido del ejemplo moral de sus grandes líderes, del compromiso activo de sus militantes, y de ser una comunidad de personas que respeta las instituciones y resuelve sus controversias a través del imperio de normas y estructuras formales. Esta virtud convierte a la falange en lo que Carlos Huneeus ha denominado acertadamente un partido institucionalizado.

Sin embargo, nunca como en los últimos años, se hizo desembozadamente explícita una estrategia de ruptura. Resistirla y derrotarla es una tarea de las generaciones globales de reemplazo, que poseen una mirada cosmopolita y son sensibles a las catástrofes, a los crímenes contra la humanidad que dieron universalidad a los derechos fundamentales, a los principios y expectativas de igualdad, y a la lucha por la redistribución que amenaza el futuro. Emancipadas, en consecuencia, de los lastres de un pasado que va quedando atrás con el siglo xx.


CONDICION ESENCIAL

21 enero, 2017

Belisario Velasco y Rodolfo Fortunatti

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Antes de la selección del candidato es condición sine qua non que la Junta Nacional decida y declare explícitamente su compromiso de concurrir a las primarias institucionales del 2 de julio.

2017 es un año político. Un tiempo de definiciones que ha comenzado marcando su impronta contra el desafortunado año 2016, annus horribilis para algún observador internacional. Todas las expectativas apuntan hacia el reordenamiento de las ideas, de los liderazgos y de las fuerzas. Los intereses se sinceran y aflora una nueva racionalidad del debate.

También se dibuja el escenario en que estas definiciones se jugarán. En la derecha se impone la opción de Sebastián Piñera y el ineludible pacto electoral parlamentario, porque ya no hay tiempo ni espacio para otro liderazgo ni para otra vía. En la izquierda, las promesas del 2011 reeditan el frente amplio, para albergar, como tantas veces, a los novicios movimientos ciudadanos. Y en la centroizquierda, cuya expresión política es la Nueva Mayoría, se perfilan las tres candidaturas realmente viables, mientras se llevan a cabo las conversaciones para configurar el pacto parlamentario.

Las decisiones que en estos días tomen la DC y el PS, sus mayores partidos, serán cruciales para consolidar el reordenamiento del sector, porque el riesgo de fracaso siempre está latente en la confianza de estirar el elástico. Solo la sensatez nos pone a salvo de este peligro. Y ésta entraña actuar con lucidez, claridad y determinación.

En la reciente elección de su directiva nacional, la Democracia Cristiana escogió postular un candidato presidencial. Confirmó, asimismo, que competirá dentro de la coalición de centroizquierda a la que aportará sus propuestas programáticas.

Hoy, la figura mejor posicionada del partido es Carolina Goic. La senadora está en condiciones de concitar la más amplia adhesión de la próxima Junta Nacional, y de sustraer al partido de unas primarias internas. Es un camino legítimo e innovador, pues se concentrarían en una misma persona las investiduras de presidente y de candidato.

Sin embargo, antes de la selección del candidato es imperativo, es condición sine qua non, que la colectividad decida y declare explícitamente su compromiso de concurrir a las primarias institucionales del 2 de julio junto a quienes está construyendo el pacto parlamentario de la centroizquierda.

Si no se cumple este paso preliminar, la amenaza de ruptura de la centroizquierda, que pasa por el corazón de la DC, cobra realidad, al igual que el triunfo de la derecha y la más demoledora derrota parlamentaria del partido en toda su historia. No pasaría de los 13 diputados y habría regiones en que no tendríamos expresión.

Quienes buscan romper la centroizquierda desde nuestras filas, reemplazándola con acuerdos con la centroderecha, le están haciendo un daño irreversible al partido. En lugar de unir, crean problemas que incluso van más allá de nuestra doctrina.

Hace solo dos meses hubo una encuesta nacional: las elecciones municipales de octubre. Si bien es cierto el innegable triunfo de la derecha en la elección de alcaldes, en la de concejales, que es la que abarca a toda la ciudadanía y no se circunscribe sólo a algunas comunas emblemáticas, la Nueva Mayoría obtuvo un mayoritario porcentaje de votos, derrotando a nivel nacional a la oposición.

Si actuamos unidos podemos repetir y aumentar esa ventaja con el candidato o candidata que resuelva la primaria de julio.