La ley del embudo

«Lo ancho para mí, y lo estrecho para los demás», dice la voz popular. Y, por estos días, la derecha confirma ese mal dicho a propósito de las medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo.

La derecha —sensiblemente preocupada por las platas de campaña de los políticos de la Concertación— no esperaba que se pusieran bajo el ojo inquisidor las platas de campaña de los políticos de la Alianza. Le molestó saber que de ahora en más quedarían prohibidas las donaciones hechas por empresas a candidaturas políticas. Por eso, prefirió ausentarse del evento en que aquellas se hicieron públicas. Porque, entre dichas iniciativas, estaba ésta que restablecía la igualdad de todos ante la ley, la ley pareja, que es la única ley intrínsecamente democrática.

Ni parlamentarios ni jefes de partidos, sino expertos, han expresado la molestia de la derecha. Uno de sus voceros ha sido Andrés Tagle, asesor electoral de la UDI y conductor de la campaña de Joaquín Lavín, si bien su mayor título es ser un empresario con fuertes vínculos corporativos tendidos hacia las isapres, principales fuentes de recursos de los políticos de derecha. Tagle piensa que al cerrar el flujo de platas de las empresas, la Concertación busca discriminar a la oposición, porque…, «el Gobierno de turno siempre podrá torcer el uso del presupuesto y desviar parte de él a campañas». No deja de desalentar la idea que tienen del gobierno quienes aspiran a ser gobierno. Pero, difícilmente hallemos en palabras más pulcras argumento más igualitarista —y no menos contradictorio— que éste para justificar la reproducción oligárquica del poder.

El otro portavoz ha sido Salvador Valdés, uno de los siete miembros de la Comisión de Transparencia y Probidad. Claro que su molestia se nutre de principios constitucionales, acaso un anticipo de la estrategia legislativa que seguirá la derecha a la hora de discutir los proyectos. A Valdés no le gusta la prohibición contra las empresas, porque entiende que ésta viola las garantías de libre expresión y de asociación consagradas en la Constitución.

Por cierto, Valdés no está bregando por los derechos civiles, sino por los «derechos» de personas jurídicas, o sea, de corporaciones económicas. De ahí que, a falta de un correlato en el mundo laboral, abogue porque también los sindicatos puedan hacer donaciones a campañas políticas. Lo que dice Valdés es que una corporación tiene derecho a expresar libremente su preferencia por un candidato, a través de aportes financieros a su campaña. Y que también tiene derecho a asociarse con un candidato, mediante dichos aportes, para defender intereses comunes; sus intereses.

Pero ¿no es acaso ésta la raíz del mal? ¿No es esta connivencia entre el poder económico y el poder político, la fuente del clientelismo? ¿No son estos privilegios económicos convertidos en privilegios políticos, los que destruyen toda creencia en el mérito, en el esfuerzo personal, en las oportunidades, como principios reguladores de la movilidad social? ¿No es este descrédito del Estado Democrático de Derecho, lo que estimula la envidia, la revancha y la violencia social? En suma, ¿no es esta negación de la democracia en una cultura de las desigualdades, exclusiones y jerarquías ilegítimas, anticipo de la inestabilidad y la incertidumbre futuras?

Lejos de su arrogancia, la derecha tiene más de una razón para sentarse a la mesa. Y debe hacerlo, si no quiere ser arrastrada por las tempestades que ha sembrado.

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