El Tribunal Constitucional, La Democracia Cristiana Y La Política De Vida

 
 
 
¿Qué sorprende en el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del Decreto Supremo N° 48? ¿Qué es lo que asombra en el mundo de la Concertación, especialmente, en la militancia informada de la Democracia Cristiana? Lo que impacta y aturde es esta incongruencia entre el voto de rechazo al recurso de inaplicabilidad suscrito por Jorge Correa Sutil, y el voto afirmativo de Mario Fernández Baeza. Es que ambos son democratacristianos; ambos también son veteranos exponentes de la escuela aylwiniana de ese partido; ambos fueron ministros de los gobiernos de la Concertación y, en esta calidad —porque ninguno es premio nacional—, ambos candidatos calificaron para ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional.
 
¿Qué dice la Democracia Cristiana sobre la cuestión de fondo que ambos personeros, desde bandos opuestos, debieron zanjar? La historia del partido enseña que, dado su talante nacional y popular, se vio solicitado a frenar con resolución la espiral de víctimas que año tras año se cobraba el aborto entre los sectores más humildes de nuestra sociedad. Fue por esto que, en 1965, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se activaron las primeras políticas de regulación de la fertilidad en Chile. Su principal objetivo fue «reducir los riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en condiciones inseguras». El drama social —y una secular indiferencia hacia él— no tardó en revelar su magnitud: antes de entrar en vigencia dicha política, se registraban en el país 118 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En 1970, al finalizar el gobierno democratacristiano, esta cifra ya había descendido vertiginosamente a 66 muertes. El dato es elocuente, pues demuestra el retroceso que hemos experimentado en las últimas cuatro décadas.
 
El voto de mayoría del Tribunal Constitucional choca frontalmente con lo resuelto por la Democracia Cristiana en su quinto congreso. En octubre recién pasado, en medio de la controversia promovida por los parlamentarios provida, dicho congreso reconoció que «la Democracia Cristiana ha apoyado, desde el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, una política de planificación familiar que incluye el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y abortos». Asumió que «el diseño de las políticas públicas en este ámbito debe considerar la mayor participación y diálogo posible entre los diversos actores sociales». Y, en consecuencia, ratificó clara e inequívocamente que «una efectiva lucha en favor del derecho a la vida, junto a otras medidas de fortalecimiento de la familia y de los programas de educación sexual, debe permitir el acceso expedito de las mujeres en edad fértil a métodos que le permitan regular su maternidad, pero al mismo tiempo, y sin ánimo de violentar la conciencia individual de cada uno, la disminución progresiva del uso de métodos que pueden interferir con el desarrollo embrionario, como los Dispositivos Intrauterinos y las Píldoras de uso post-coital. En este sentido, el Estado debe estar disponible para abordar el mayor gasto que implican otros tratamientos de control de la fecundidad sin riesgo de la vida, versus aquellos que sí ponen en riesgo la vida de un Ser Humano» (VC/274).
 
Lo acordado por los democratacristianos representa un tímido progreso, pero lo sentenciado por el Tribunal Constitucional entraña un retroceso del Estado de derecho frente a los avances experimentados por la medicina, la técnica, la sociología y la conciencia universal. Con ello se ha impuesto un dogma y se ha propinado una derrota al progresismo, y a sus anhelos de genuina protección de la vida humana, de mayor libertad y de mayor autonomía de las personas. La decisión del Tribunal nos sitúa así a la derecha de la derecha española, que, como lo confirma Mariano Rajoy, tolera incluso la interrupción del embarazo cuando corre peligro la salud mental de la madre. Al acogerse el requerimiento presentado por los parlamentarios de la Alianza, dejará de distribuirse el levonorgestrel o píldora del día después, por lo que se prevé que aumenten los abortos al extremo de exceder el número de nacimientos: unos 275 mil contra 200 mil al año. Esto, porque la prohibición también afectaría a la popular “T” de cobre, dispositivo intrauterino que actualmente usa cerca de un millón y medio de mujeres chilenas —las de menores ingresos— pero que los conservadores consideran abortivo. (*) ___________ 
 

(*) Según el comunicado del TC del 4 de abril de 2008, el fallo que será publicado el 22 de abril no tendrá efectos sobre este DIU.

  

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9 Responses to El Tribunal Constitucional, La Democracia Cristiana Y La Política De Vida

  1. […] Y la ambivalencia y contradicciones internas que existen en el partido se hicieron evidentes. Como explica Rodolfo Fortunatti (énfasis mío): El voto de mayoría del Tribunal Constitucional choca frontalmente con lo resuelto […]

  2. Véase:

    Reclamos desde blogs dedicados a los medios, a la tecnología y a la política. Padres y madres de blogueros escriben. Van desde el Maule, Viña del Mar, Iquique…

  3. Simenon dice:

    Rodolfo: primero felicitaciones. Pusiste por escrito una de las dimensiones que más ha rondado en mis conversaciones desde que se conocía -por rumores- el fallo del TC: la integración política de un tribunal constitucional exige a sus ministros un comportamiento político.

    El Sr. Fernández puede legítimamente tener dudas científicas o personales respecto a la PDD y otros métodos de anticoncepción, pero desde el momento en que integra un tribunal en mérito a su trayectoria política, debiera hacer suyo el ideario de quienes representa. Y, en este caso, si bien sútilmente, la DC ya lo había hecho, tal como señalas.

    Saludos.

    Véase:

  4. Estimado Claudio:

    Yo veo que hoy la Democracia Cristiana ha sufrido tres duros golpes: primero, la disparidad de juicios de los ministros Correa Sutil y Fernández Baeza ante el requerimiento de la derecha; segundo, las divergencias en torno a la línea política mostradas por los diputados democratacristianos frente a la acusación constitucional de la derecha contra la ministra Provoste; y tercero, la sorprendente alza de los planes de salud en presencia de dos democratacristianos de alta jerarquía en el sector, a saber, el presidente de la Asociación de Isapres, Eduardo Aninat, y el superintendente de Isapres, Manuel Inostroza. En consecuencia, es preciso debatir no sobre uno, sino sobre estos tres asuntos.

    Porque, si la Democracia Cristiana, toda la Democracia Cristiana, deja de debatir, entonces renunciará a la posibilidad de hallar puntos en común, de unir voluntades, de fortalecer su moral colectiva y, en último término, de resolver la crisis. Y así, antes de que nos demos cuenta, empezará a transitar por una lenta y prolongada agonía. Creo que todo esto ocurre porque estamos desmovilizados, la sociedad civil está desmovilizada.

    Te saluda con afecto,

  5. Claudio Bahamondes Camus dice:

    Rodolfo:

    Concuerdo plenamente contigo, ya que estamos retrocediendo más de cuarenta años, cuando el gobierno de nuestro camarada y líder natural, Don Eduardo Frei Montalva, aseguró la Planificación Familiar y, así, lograrse menos abortos y menos embarazos obligados.

    Lo extraño es que camaradas nuestros, que son miembros del Tribunal Constitucional, no respeten acuerdos que fueron resultado de largos debates en el último congreso del Partido y, más aún, no consulten a la directiva nacional del PDC sobre los procedimientos que deben adoptarse en aquellos casos en que se debaten temas tan importantes.

    Creo que estos dos camaradas deben explicar sus posiciones al Partido y, en especial, a las bases populares de la Democracia Cristiana.

    Atte.,

    Claudio Bahamondes Camus
    3º Vicepresidsente de la DC de El Monte
    Dirigente Social CESCO / El Monte

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