Hacia una democracia de mayorías

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Carlos Huneeus plantea1 que la transición chilena produjo una democracia de consenso y no una mayoritaria. Esto significa que, con la finalidad de incorporar al juego democrático a las fuerzas minoritarias que sustentaron la dictadura, fue preciso reconocerles un estatus semejante al de los sectores mayoritarios que triunfaron el 5 de octubre de 1988. Gracias a esta equivalencia entre mayorías y minorías, propia de la democracia de consenso, habría sido posible la formación de dos grandes coaliciones, el surgimiento de un equilibrio estable entre el Ejecutivo y el Parlamento, y la emergencia de organizaciones laborales y empresariales con capacidad para agregar y representar intereses colectivos. De este modo, se habría instalado el predominio de la política sobre la economía.

Es discutible la aplicación del modelo de democracia de Arend Lijphart al caso chileno2, pero, aún forzando la tipología, ésta difícilmente admite lo que Felipe Portales ha descrito como una democracia tutelada o protegida. A falta de referentes, el uso de la noción de democracia de consenso más se parece a una exaltación histórica de la estrategia de concesiones que culminó el 25 de mayo de 19893. Paradójicamente, es la misma estrategia que por negar el imperio de la mayoría, se ha hecho víctima de su primigenio virus corporativista.

El director del CERC afirma que este modelo de democracia fue perdiendo su sello original por el sostenido y fuerte avance de los grandes conglomerados económicos. De ahí sus sospechas acerca de la orientación corporativista que estaría tomando el régimen político. Contribuirían a ello factores tales como el desperfilamiento de la Concertación, los contrastes entre el poder y la organización de los empresarios versus la vulnerabilidad y dispersión de los trabajadores y de la sociedad civil, y una desconcentración del poder del gobierno hacia una serie de entes paraestatales; cambio institucional silencioso que el Ejecutivo no habría advertido. La hipótesis general del articulista es que el nuevo escenario no puede ser explicado por la estrategia del desalojo, sino por la mayor competitividad entre el gobierno y la oposición, circunstancia ésta que presionaría crucialmente sobre la democracia de consenso. Como corolario de lo anterior, el lugar de la política estaría siendo nuevamente ocupado por la economía.

Pero Huneeus, no obstante desentrañar las poderosas relaciones oligárquicas que operan en el sistema político, a la hora de juzgar a los actores, los saca de este contexto. Nadie duda de la mayor competitividad entre el gobierno y la oposición. Es un hecho que la Concertación ha perdido la presidencia del Senado y comparte la de la Cámara de Diputados. El punto es que esta contingencia se ha debido a la débil cohesión de los partidos y, en grado sumo, a los quiebres que afectaron a la DC y al PPD. Luego, también se ha debido a la estrategia obstruccionista y destructiva desplegada por la derecha dura, que ha encontrado en el comportamiento tránsfuga a su mejor aliado.

Dentro de su formalismo jurídico, el profesor de la Universidad de Chile procura justificar el desempeño de la Contraloría por la existencia de desórdenes e irregularidades comprobadas, cuyo control de gestión habría sido desatendido por las administraciones de los dos presidentes socialistas. «El gobierno del presidente Lagos ―sostiene el investigador― no tomó nota de este importante cambio, tampoco el de Bachelet, y los ministerios no previeron el nuevo control de gestión que realizaría este organismo». Sin embargo, todo el debate sobre las subvenciones escolares, que concluyó en la acusación constitucional contra la ministra de Bachelet, Yasna Provoste, reveló que sí se aplicaron los controles y que éstos operaron con relativa eficacia. Por otra parte, Lagos fue el gestor de los acuerdos de modernización del 2003 y, tras una crisis en la cual se especuló hasta con su eventual renuncia, quedó comprometido a plasmarlos, y lo hizo, como lo demuestran, por ejemplo, los avances logrados en el sistema de alta dirección pública. Lo que no puede ignorarse es que la nominación del Contralor quedó envuelta en el tenso y prolongado conflicto abierto entre el gobierno, que defendía sus prerrogativas, y una oposición que, apoyada por senadores oficialistas, reivindicaba su mejor derecho a imponerlo.

Lo mismo respecto al fallo del Tribunal Constitucional sobre la PDD. No es que Bachelet hubiera desconocido las implicancias constitucionales y políticas de distribuir la píldora en los consultorios. No es que omitiera la competencia del Tribunal sobre los decretos supremos. Es que la regulación sanitaria no comportaba una trasgresión a la carta fundamental, como lo confirmaron cuatro de los nueve ministros habilitados. Y es que el TC tampoco está al margen de la lucha de intereses políticos. Por el contrario, lo suyo es arbitrarlos conforme a criterios objetivos y de validez universal. Es lo que se espera que haga. Y en este mérito deben ser examinadas sus resoluciones.

Si no se entiende que la estrategia política y la estrategia de desarrollo son dos nociones fuertemente imbricadas a lo largo de las dos últimas décadas, y que no basta con invocar el retorno a los orígenes como clave de las transformaciones futuras, no será posible avanzar hacia un Estado democrático y social de derechos garantizados. Pues, por aquí pasa la frontera que distingue a una democracia de consenso de otra genuinamente representativa.

 

Notas

1 Carlos Huneeus, ¿Hacia una democracia corporativista?, Mensaje, mayo de 2008, página 8 y siguientes. En: http://www.mensaje.cl/mailing/mailing_568/

2 «Lijphart considera este tipo de democracia como aplicable “especialmente en sociedades plurales —aquellas que, por motivos religiosos, ideológicos, lingüísticos, culturales, étnicos o raciales están profundamente divididas en subsociedades virtualmente separadas, con sus propios partidos políticos, grupos de presión y medios de comunicación— (donde) se carece de la flexibilidad necesaria para una democracia mayoritaria”. El investigador se refiere a sociedades de países como Suiza y Bélgica, en las que se dan marcadas fisuras de orden lingüístico y religioso, incluso fisuras étnicas y culturales». Véase: Max Larraín, Nuestra democracia consensual, noviembre 1999. En: http://www.propolco.cl/blog/wp-content/archivo/4sem/democon.htm

3 «Las disidencias que se dieron al interior del liderazgo concertacionista fueron también autoritariamente neutralizadas: “Es famosa la reunión del 25 de mayo del 89, donde se trató entre los líderes de la Concertación el plan de reformas que se iba a votar. Lagos desaprobó entonces las grandes falencias de la negociación y lo fuerte que quedaba la institucionalidad del régimen fáctico. Ya se sabe el choque que entonces mantuvo con Aylwin y cómo, al final, éste doblegó las resistencias del líder del PPD. Aquel día los dirigentes de la Concertación comprendieron que entraban en un largo desfiladero y que había que dejar atrás muchas alegrías e ilusiones de aquellas semanas mágicas del NO”». Felipe Portales, Chile: una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, página 43.

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