La Garantía De Gobernabilidad

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Lo ha dicho Sebastián Piñera: «Si el Gobierno invocó el dos por ciento constitucional utilizado para casos de calamidad, es porque reconoce que el Transantiago es una calamidad».

 

Piñera revela así la razón de fondo de la oposición destructiva —incluso rencorosa y odiosa en algunos personeros— desplegada por la derecha contra el gobierno de Michelle Bachelet. Porque ninguna administración concertacionista, y ya van dieciocho años de ellas, ha sufrido de manera más implacable la acción crispada y obstruccionista de sus adversarios. Ninguna. Ni la de Aylwin, ni la de Frei ni la de Lagos soportaron una presión que ha tenido como único propósito desestabilizarla.

 

Es lo que se desprende de las palabras del empresario Piñera, que justifica la virulenta acción de la derecha en que el Gobierno termine reconociendo que el Transantiago es una calamidad pública. Lo hace como si este puro reconocimiento bastara para volcar a su favor la voluntad del país. Pero ¿cambiará en algo la vida de las personas porque se les diga que sufren una calamidad? ¿Cambiará porque se les diga que son víctimas de un infortunio? ¿O porque se les diga, como tantas veces ha sugerido el Presidente del Senado, que esto es un crimen social? Desde luego que nada de eso cambiará. Acaso sólo consiga mostrar la debilidad de la derecha por la semántica. Esa obsesión compulsiva por el significado de las palabras. Tentación fascinante de verlas convertidas en objeto de culto. Fetichismo muy a tono sin embargo con el arcaísmo que ha exhibido en los últimos días.

 

¿Y por qué el gobierno al emplear el dos por ciento constitucional habría de estar reconociendo que el Transantiago es una calamidad? ¿Qué dice la Constitución al respecto? El artículo 22 de la Constitución dice que el Presidente de la República puede decretar pagos para atender necesidades impostergables derivadas de: 1) calamidades públicas; 2) agresión exterior; 3) conmoción interna; 4) grave daño o peligro para la seguridad nacional; y 5) agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país.

 

Esta última, el agotamiento de los recursos, es precisamente la causal que el Gobierno ha invocado para financiar el Transantiago. Luego, hay que preguntarse cómo fue posible que se agotaran los recursos destinados a asegurar el transporte de las personas. Ocurrió, paradójicamente, por la acción obstructiva que el candidato Piñera y su coalición llevaron a cabo cuando aprobaron sólo mil pesos para el Transantiago en la Ley de Presupuestos 2008. Cuando por esta acción provocaron su desfinanciamiento. Cuando pusieron en peligro la continuidad de los servicios y la seguridad de las personas. Cuando, en fin, amenazaron con paralizar la ciudad.

 

¿No se parece esto a un bloqueo institucional? ¿No se parece a un asedio político sistemático? ¿Qué responsabilidad democrática puede haber en este comportamiento? ¿Qué garantía de gobernabilidad puede ofrecer Piñera? ¿Qué seguridad puede dar un Presidente que pone sus propios intereses de poder por sobre los intereses de la gente? ¿Qué certeza tienen los chilenos de que este estilo de hacer oposición puede generar estabilidad, paz y desarrollo?

 

Todas las respuestas apuntan en una sola dirección: Piñera no asegura gobernabilidad, porque Piñera, a diferencia de los liderazgos de la Concertación, carece de un proyecto país. Si lo tuviera, actuaría con altruismo; y no lo hace.

 

 Obstrucción en la Cámara

 Obstrucción en el Senado

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