Para Una Buena Vida Humana

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Objetivamente la crisis está provocando desocupación. Lejos de todo ánimo alarmista, las estadísticas nacionales e internacionales así lo vienen confirmando. Pero no son tanto las cifras, como las percepciones reales de la población, las que empiezan a crear esta atmósfera de incertidumbre que se respira. La gente observa cómo de la noche a la mañana 800 trabajadores son despedidos tras la paralización de las obras de Costanera Center. «Estamos recogiendo currículum en las puertas de nuestras oficinas», dice el alcalde de La Pintana. Y el gobierno procura restablecer las confianzas, partiendo por fortalecer su propia credibilidad ante el país.

 

Pero el problema de fondo, que es el problema de la desprotección e inseguridad de nuestra sociedad, sabemos que no se resuelve hoy. Sabemos que es un desafío de largo aliento; seguramente para el próximo gobierno. Porque dicho desafío precisa de una nueva política. La política de un país que ingresa a su tercer siglo de vida independiente. La política que haga progresar a Chile hacia una sociedad de derechos. Una capaz de poner a las personas en el centro de las políticas públicas, según la clara expresión de la senadora Soledad Alvear al formular su propuesta de garantía explícita de protección en el desempleo.

 

Esta noción de derechos económicos y sociales garantizados y exigibles, viene a traducir un postulado esencial del V Congreso Ideológico y Programático de la Democracia Cristiana. Para la Democracia Cristiana, un sistema de protección social implica no sólo proteger a las personas, familias y comunidades frente a los cambios coyunturales, sino también habilitarlas para enfrentar las contingencias que se puedan presentar. Habilitar consiste aquí en asegurar el conjunto de derechos que confieren a las personas la capacidad de obrar. Porque no basta que la sociedad garantice libertades si las personas no tienen capacidad efectiva de hacer su vida.

 

El sentido de las políticas públicas es facultar a las personas para hacer su vida. Lo cual exige más y mejor sociedad civil. Exige promover su organización y fortalecimiento, para contar con personas no sólo conscientes de sus derechos, sino también con capacidad efectiva de ejercerlos. Demanda que la comunidad organizada —constituida en un actor relevante del equilibrio de poder en la sociedad— sea un auténtico espacio de ejercicio de derechos y toma de decisiones. Ello supone una cultura de derechos, y una eficaz acción del Estado enfocada a políticas de cohesión y desarrollo social.

 

En materia de salud, estas políticas de cohesión social deberían avanzar gradualmente hacia un sistema con reglas de garantía y acceso universal que integre a todos los chilenos y chilenas. Deberían otorgar más poder a las personas para hacerlas corresponsables de la ejecución de las políticas públicas, del fomento de la salud y de la prevención del daño. En educación, estas garantías de integración deberían llegar a cubrir toda la vida de las personas: educación infantil, educación básica y media, educación superior, en fin, educación permanente.

 

Una eficaz acción del Estado significa que la sociedad garantiza el acceso universal y de calidad a las prestaciones, asegura su financiamiento, y demanda eficiencia tanto en la compra como en la provisión de los servicios. Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos sociales, más que una cuestión jurídica, importa introducir cambios en la estructura económica y, desde luego, en el régimen tributario. Sobre todo, sugiere generar cambios en la organización. Se requiere una institucionalidad social capaz de articular la gran dispersión de programas sociales, consejos, comités, servicios y ministerios, que los ciudadanos cuenten con instrumentos adecuados para exigir sus derechos, que termine el centralismo en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas sociales, y que se evalúe el impacto y la pertinencia de los programas.

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