El Archipiélago

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Ante el telón de fondo del totalitarismo, la democracia adquiere un nuevo relieve, y resulta evidente la imposibilidad de reducirla a un sistema de instituciones. Aparece a su vez como una forma de sociedad; y se impone la tarea de comprender aquello que constituye su singularidad, y lo que se presta a ser derribado, con el surgimiento de la sociedad totalitaria.  
 Claude Lefort

 

El gobierno de Piñera no es un quinto gobierno de la Concertación, y no se le puede seguir viendo, del modo que lo hacen algunos observadores y analistas, como el continuador de las administraciones de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. La transición democrática inaugurada por Aylwin, concluyó con la llegada de Piñera a La Moneda. Pero a partir de Piñera, irrumpe un cambio político que trastorna dramáticamente los modos en que se ordena la vida de los partidos y de las coaliciones.

Nada es más revelador de este cambio que el paso a la oposición de quienes fueron gobierno y, viceversa, el paso al gobierno de quienes fueron oposición. Con el nuevo mandato —especialmente tras el catastrófico terremoto que vino a llenar el vacío programático de la derecha— se descorrió el velo que aún lograba ocultar los frágiles lazos de interdependencia de los partidos coaligados, así como su débil cohesión orgánica.

Para la Alianza, el cambio desnuda los vínculos de dependencia forjados entre sus partidos y las grandes corporaciones, entre sus representantes y sus mecenas, entre sus intereses políticos y sus intereses económicos. Deja al descubierto su enorme dificultad para separar el poder político del poder económico o, al menos, para moderar los bríos de esta fatal formación oligárquica que amenaza la proyección de la derecha nacional y popular fraguada en las urnas. Por eso puede afirmarse que no será la lucha entre duros y blandos, entre halcones y palomas, entre políticos y técnicos, la que decidirá el curso futuro del oficialismo; antes  bien, serán estos intereses en pugna, con representación en el gobierno, en el parlamento y en los partidos, los que agudizarán sus contradicciones internas. La anunciada reforma tributaria, que afectará a las grandes empresas, podría ser el anticipo de una controversia enmascarada por el relato de la reconstrucción nacional.

Para la Concertación, el cambio significa la pérdida de miles de gerentes y funcionarios públicos que —distintos de las antiguas clientelas y prácticas clientelares— habían llegado a convertirse en la versión moderna del voluntariado político. Pero la Concertación también pierde el aparato administrativo, a la sazón, su más poderoso instrumento de asignación de recursos, de implantación ciudadana, y de articulación territorial, y, por lo tanto, de gestión política. Y pierde el contrapeso que los grupos alineados en torno al Ejecutivo le oponían a las élites parlamentarias y edilicias, hoy detentoras de un incontestado protagonismo, y presas también de una inocultable rivalidad.  

Pero, si para la Alianza regresar al gobierno tras veinte años de ausencia supone un gran esfuerzo de reingeniería burocrática y administrativa, para la Concertación haberlo perdido entraña todo un desafío de reconversión política.

Reconversión de ideas y prácticas, claro, pues en su tránsito por el gobierno, los partidos de la Concertación se estatizaron a tal punto, que terminaron por circunscribir su quehacer al cumplimiento de funciones puramente institucionales tales como la preparación y promoción de las élites dirigentes, la conducción de los procesos electorales, la posesión y desempeño de los cargos públicos, y la constitución, gestión y control del gobierno. Simultáneamente, los partidos fueron abandonando sus funciones sociales clásicas: la formación de identidades colectivas, la transmisión de valores y pautas de comportamiento, el encauzamiento institucional de intereses sociales, y la movilización de la opinión pública. Por eso, recuperar estas funciones sociales ya no sólo es un requisito de la reinserción institucional de los partidos, sino que —asumiendo que están en ánimo de reconquistar el gobierno— es la condición básica de su propia supervivencia, so pena de verse confrontados y desplazados por otros actores que presionan para entrar en escena.

Este desafío envuelve un proceso de aggiornamento, de puesta al día, de innovación, de transformación, de reestructuración hacia dentro y hacia fuera del sistema de partidos. De ahí que nada sea más esencial a semejante aggiornamento que el debate de ideas, es decir, el diálogo moral que se plantea preguntas sobre la contingencia para hallar respuestas sobre el tiempo que adviene: ¿cómo harán política ahora los partidos? ¿Cómo recobrarán la adhesión de la gente? ¿Cómo movilizarán voluntades? ¿Cómo integrarán a su militancia? ¿Cómo crearán identidad colectiva? En suma, cómo recuperarán la coherencia estratégica de su quehacer, y, de este modo, dotarán de un hogar común a los diversos mundos de conciencia ­de que son portadores sus militantes y, por extensión, los ciudadanos.

Hay que partir por desconfiar de aquella falsa sensación de unidad que nos ofrece la prensa y la televisión, en especial el duopolio El Mercurio-La Tercera, siempre presto a levantar interlocutores funcionales a los intereses de la derecha. Hay que recelar de esa imagen de unidad que presenta a los partidos como un torrente inagotable de opiniones, actitudes, conductas, planes, proyectos, estrategias, reuniones, seminarios, cónclaves, cuentas, itinerarios e informes políticos. Esa donde hablan y actúan sus líderes de opinión. Hablan y actúan sus parlamentarios. Hablan y actúan sus alcaldes. Hablan y actúan los voceros de sus centros de estudios. Y cuando lo hacen, parecieran encarnar un gran partido en movimiento. Pero ¿lo es? ¿Estamos frente a una colectividad? ¿Qué tienen en común todas estas acciones? ¿Qué  las une? ¿Qué representan? ¿A quiénes representan? ¿Quiénes se sienten convocados por ellas? ¿Quiénes se sienten identificados por su narrativa?

Como un archipiélago, cuyas islas permanecen unidas por lo que las separa, el partido se configura como el conjunto de audiencias conectadas por los flujos de información que organizan la cohabitación entre sus miembros. Donde, más allá de sus estatutos, más allá de sus funciones, jerarquías y roles, el único poder objetivamente real pasa a ser el que se arrogan facciones circunstanciales. Donde el poder, desprovisto de su fundamento simbólico, despojado de la adhesión libre y consciente de las personas, se reduce a algo particular al servicio de unos cuantos. Donde se congela el debate político y, con él, se inhibe la participación de todos en la discusión pública sobre la realidad, sobre la formación del derecho y de las instituciones y, muy crucialmente, sobre los fundamentos y la legitimidad del poder. Con ello se ignora que la democracia consiste en un constante proceso de institución que no se agota en lo instituido. Se olvida que el poder, lejos de la idealizada democracia de las instituciones, es un lugar vacío, despersonalizado, potencialmente de todos, que ningún grupo o persona —ni siquiera la autoridad política— puede ocupar y apropiárselo ilegítimamente.

De este modo, la vocación de libertad corre el riesgo de convertirse en voluntad de servidumbre, pues la disolución del interés común lleva al deseo de restablecerlo imponiéndole al resto —y esperando que el resto acate— su propia, unilateral e inconsulta noción de interés común. Cada acto de diferenciación, de perfilamiento público, de particularismo grupal, es una demanda de arraigo y reconocimiento (somos parte del partido, luego, no pueden ignorarnos), pero también es una pretensión de totalidad (no sólo somos parte del partido; somos el partido).   

Y así, el presidente del partido acaso logre expresar a los miembros de su mesa, no obstante que su aspiración es representar a todo el partido. La voz del senador se propone al menos ser fiel a su circunscripción, pero tal vez la escuche sólo el puñado de militantes que movilizó a sus electores. El diputado cree interpretar los ideales de su generación, aunque sus contemporáneos no lo sigan en la cruzada. Legisladores libres y autónomos tienden puentes libres y autónomos hacia los adversarios políticos, comprometiendo con su gesto a la totalidad del partido, y sin que haya mediado pronunciamiento alguno del partido.  

Por cierto, para todas estas conductas hay siempre disponible una justificación. Todos estos comportamientos se amparan en algún argumento que les presta legitimidad. Así, el presidente del partido apela a la autoridad que le otorga la asamblea que lo eligió. El senador recurre a la autoridad que le confirió su electorado. El diputado se escuda en las prerrogativas del voto en conciencia. Y el legislador se dice tributario de la larga tradición de defensa de ciertos valores de su colectividad. Pero en todos estos casos el principio de mayoría que garantizaba el control del partido sobre las actuaciones que involucraban a la organización, ha cedido al principio de personalización de la decisión.

Es contra aquella personalización de la decisión que se alza la reivindicación de un nosotros.

La apelación al concepto de partido busca aquella unidad de acción que sólo pueden ofrecer las organizaciones. Pues es la organización la que da coherencia a la acción al proyectar un imaginario colectivo que crea identidad y pertenencia. La existencia de organización supone como mínimo un grupo de personas que se coordinan entre sí para emprender actividades comunes. Pero, tratándose de un partido político, la organización implica una cierta estructura, es decir, una cierta separación y jerarquización de tareas y funciones. E importa, asimismo, la presencia de normas e instituciones que regulen dichas tareas y funciones.

Cuando militantes exigen la voz del partido, lo que piden es la representación de sí mismos junto a otros con quienes concurren a la formación de la política. Lo que exigen es ser representados como miembros de una colectividad. Ser representados como protagonistas de acciones públicas. Ser representados como partes activas de una estructura. Ser representados como personas con derechos y deberes en una institucionalidad que, pese a su anacronismo y encostramiento, sirva de mínimo referente para la concurrencia.

Lo suyo no es una acción destinada a las dirigencias formales, aun cuando son éstas el principal blanco de los reclamos. Es una acción que se despliega más allá de ellas y de los espacios de opinión y de actuación producidos por ellas. Es una acción convocante que, en ocasiones, se reivindica como práctica auto instituyente —porque ocurre de hecho­­—, y auto legitimadora —porque se justifica a sí misma.

Cuando militantes reclaman la voz del partido, lo que en realidad piden es la confirmación de un principio de pertenencia que actualice los fundamentos del poder y la legitimidad del ejercicio del poder. Una demanda que no puede ser satisfecha mediante delegaciones vicarias que afiancen su autoridad ­en la pura legitimidad de origen, por muy democrático que haya sido el procedimiento que les concedió esta calidad. Antes bien, por ser la práctica democrática un proceso ininterrumpido de legitimación, precisa revalidar cada día y a cada momento las razones de su ejercicio, pues, si no lo hace, corre el riesgo de desacreditar el acto que dio origen a las actuales posiciones de poder.

La legitimidad de origen es condición necesaria pero no suficiente para la legitimación del ejercicio del poder, el que siempre debe sortear pruebas de adhesión y confianza. En esto consiste la democracia, en una forma de sociedad que instituye relaciones políticas sobre la base del reconocimiento de las personas a tener derechos.

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