Seguro Y Ciudadanía Social

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Suele hablarse del Chile emergente por oposición a una sociedad de derechos y protecciones. Se habla de ciudadanos que parecen bastarse a sí mismos. De hombres y mujeres capaces de producir, consumir y cubrir sus necesidades sin ayuda del Estado.

Para no pocos economistas, los emergentes son los que encarnan el nuevo tipo de emprendedor; uno flexible y, por lo mismo, adaptable al cambio tecnológico. Para algunos pedagogos, éstos vienen a ser los jóvenes pioneros de una tierra preñada de oportunidades. Los ideólogos creen ver en ellos al moderno sujeto histórico que alumbraron las clases medias. Y los políticos quieren tenerlos como protagonistas de la renovación, sobre todo de esta renovación mesocrática que pudo cambiar el curso de las preferencias electorales.

Pero, ¿qué tan fuertes, autónomos y paradigmáticos son? Probablemente, para estos ciudadanos la mejor política de Estado sea el menor Estado posible. Quizá un Estado que les garantice el ejercicio de sus libertades fundamentales (opinión, desplazamiento, reunión e información), la protección de sus bienes, y una vida social en paz y tranquilidad. Tal vez un Estado que también garantice su derecho de propiedad y, de este modo, les permita disponer de sus propios recursos para enfrentar los riesgos de enfermedad, vejez y accidentes. Probablemente, ante una catástrofe, como la provocada por el reciente terremoto, este ciudadano sólo demande del Estado el restablecimiento del orden público y los servicios, cuando otras víctimas, además, clamen por vivienda, abrigo, alimentos, atención sanitaria y subsidios monetarios. Ambos necesitan protección civil y social, ¡qué duda cabe!, sólo que los más carenciados necesitan por entero la que les pueda proporcionar el Estado.

La mayor parte del país se encuentra protegida por los seguros derivados del empleo: pensiones, salud, desocupación, salario mínimo. De ahí que los cambios en el trabajo a menudo afecten los estándares de seguridad civil y social. Siempre está latente el peligro de cotizaciones previsionales desfinanciadas por la caída de la población activa y el incremento de las esperanzas de vida de la población, pero asimismo, por los prolongados períodos de desocupación y por las precarias relaciones laborales que impiden sostener los fondos de pensiones. Ni hablar de otras modalidades de empleo, como el trabajo a tiempo intermitente, el trabajo subordinado a contratista o el trabajo a domicilio, que no siempre tienen un seguro comprometido. Es fácil advertir el paso de la inseguridad social a la inseguridad civil. Sucede cuando se degradan los barrios, el urbanismo se torna caótico, estallan los conflictos étnicos, se dispara la cesantía juvenil, se multiplican las redes de tráfico, y se reproducen las incivilidades.

Sin embargo, para un importante número de chilenos, la seguridad no depende de la propiedad ni del trabajo, sino de su condición social. El hecho de ser mujeres, discapacitados, niños, jóvenes, ancianos o hijos de pueblos originarios, les da derecho a las prestaciones. Las suyas son protecciones jurídicas conquistadas gracias a la expansión de los derechos sociales, como contrapartes de los derechos civiles y políticos. Son la antesala de la ciudadanía social, momento éste en que, más allá de los casos de vulnerabilidad, más allá de prestaciones ad hoc y más allá de asignaciones discrecionales, la sociedad asegura a cada uno de sus miembros la continuidad de sus derechos.

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