Ingreso Mínimo Garantizado

Impreso
 
A falta de un procedimiento automático y estable, cada año por estas fechas se debate en el Congreso la ley de salario mínimo. Previo a este trámite, por lo general el gobierno busca concordar su reajuste con las organizaciones laborales y empresariales. Este año no ha habido acuerdo. El Ejecutivo propuso elevar el sueldo mínimo de 165 a 170 mil pesos, mientras la oposición sólo estuvo dispuesta a votar un canon superior a los 175 mil pesos. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la última propuesta de Hacienda que lo dejó en 172 mil pesos.
 
El ingreso mínimo es una institución tan antigua como la revolución industrial. Su origen se remonta a los albores del capitalismo, en la Inglaterra de fines del siglo xviii. Pero en Chile se instituye como ley de salario mínimo sólo el año 1937, cuando empieza a tomar fuerza la industrialización sustitutiva de importaciones, el Estado empresario, el movimiento obrero, y las clases medias que se sitúan a la vanguardia de la joven democracia representativa. Todo lo cual pertenece al pasado. Porque nunca como en los últimos doscientos años, el mundo había cambiado tanto. Y nunca como en los últimos cincuenta años, nuestra estrategia de desarrollo había sufrido mudanzas tan radicales. También lo ha hecho el trabajo y las rentas asociadas a él.
 
Nos hallamos a las puertas de la era postindustrial, o sea, en los umbrales de la sociedad post empleo y post salarial, desde donde podemos ver cómo se extinguen las energías fósiles que ayer activaron los motores del desarrollo, y cómo se esfuman los ideales que un día movilizaron a grandes masas de trabajadores tras empleos y salarios dignos. Si es verdad que ya no es posible asegurar el pleno empleo, es igualmente cierto que el salario ya no ofrece suficiente amparo contra el hambre y las necesidades. Se puede estar protegido por prestaciones sociales y ser cesante a la vez, del mismo modo que se puede ser asalariado y carecer de estándares mínimos de seguridad. El desafío ahora es otro: dado que la sociedad no puede garantizar empleos y salarios para todos, y que tampoco puede condenar a la pobreza y a la exclusión a sus ciudadanos, entonces tiene que ofrecerles seguridad, sea cual fuere su situación laboral.
 
Por eso, no es extraño que tanto el pensamiento de derechas como el de izquierdas, se encuentre en pie de superar la antigua noción de salario mínimo por la nueva de ingreso mínimo garantizado. Nadie dice que sea fácil. Sabemos que hay fuertes discrepancias prácticas. ¡Cómo ignorar que mientras unos ponen el acento en el mercado y en el contrato de trabajo, como instrumentos de asignación de las prestaciones sociales, los otros apuestan por el Estado y por la condición de ciudadanos como mecanismo de ejecución y fuente legítima de tales garantías! Lo crucial es que un consenso que abarca desde liberales a igualitaristas adhiera a políticas públicas que reconozcan de manera explícita a cada miembro de la sociedad el derecho a un nivel de vida normal que, en todo caso, no menoscabe el deber de trabajar.
 
De ser posible en Chile, cerca del millón de trabajadores que gana menos o igual a un salario mínimo, vería crecer sus ingresos a más de un tercio del producto interno bruto por persona, y dos millones de chilenos que viven actualmente en la pobreza, conquistarían un nivel de vida familiar éticamente aceptable. Si ello ocurre, la actual discusión sobre el salario mínimo habrá sido la última del Bicentenario.
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