Una Peligrosa Pureza

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La última semana de agosto tres profesionales del diario La Nación fueron removidos de sus puestos de trabajo sin lugar a apelación. La causa del despido fue la publicación de una columna de opinión del escritor Antonio Gil la que, al decir de sus detractores, contenía graves ofensas a la religión y el pueblo judíos. Igual suerte que Antonio Gil corrieron la editora jefa del semanario, la periodista Ana Verónica Peña, y el dibujante Pepe Gai, cuya participación, para asombro de todos, consistió sólo en ilustrar el artículo.
 
El hecho tiene aristas humanas, sociales y culturales pero, sobre todo, políticas, pues se origina en motivaciones xenófobas y hostiles de miembros de la comunidad judía cercanos al gobierno y, por lo mismo, con suficiente poder para presionar la exoneración de los profesionales. Es desde luego sintomático que la carta de protesta del controvertido presidente de la comunidad judía en Chile ―carta que corona una antigua querella fundamentalista― haya tenido por destinatario, no al director de La Nación, sino al presidente de su directorio. Y es revelador que éste la haya contestado. Es como si Agustín Edwards, presidente de El Mercurio, recibiera y respondiera misivas de sus lectores. Sólo que, tratándose de un ente público regulado, que además está obligado por ley a la transparencia activa, el procedimiento pasa de discrecional a extra-institucional.
 
La libertad de expresión es un derecho inalienable y respetarlo es la mejor prueba de salud y vigor de una democracia madura. La libertad de expresión no puede ser coartada por las presiones de grupos. No pueden impedirla el Estado ni las instituciones. Ningún gobierno puede hacer exigencias previas de veracidad, oportunidad o imparcialidad respecto de las opiniones que los ciudadanos difunden libremente. Y cuando estas opiniones afectan el honor de las personas, entonces están las sanciones civiles. En un debido proceso, como aquellos que ha enfrentado invictamente Ana Verónica Peña, se debe probar que el comunicador tuvo intención de hacer daño. Pero ni el derecho a réplica, y menos el desagravio, les han sido concedidos.  
 
En los últimos años no se había visto algo tan excepcional. Nada que permitiera alegar la existencia de restricciones a los derechos de opinión, información y difusión. Para corroborarlo, bastaría ver los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, entidad que reúne a los dueños de diarios y agencias, editores y directores de periódicos de América, y que cada seis meses publica el estado de la libertad de prensa en el continente.
 
Hasta ahora dichos informes habían dado cuenta de la tramitación de varios proyectos de ley en el Parlamento, algo de suyo consuetudinario. Describían los intentos aislados de ciertos magistrados de prohibir informar sobre determinados procesos judiciales. Relataban las dificultades que hallaban los periodistas para cubrir eventos políticos, o las frustradas pretensiones de algún juez de policía local de revisar y requisar los diarios que incumplieran la normativa sobre propaganda electoral. También llamaban la atención sobre el eventual cierre de La Nación. Incluso dedicaban unas cuantas líneas a lo que cada día se extiende como una preocupación crucial de nuestra democracia, cual es la fuerte concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Los informes contenían todo esto, pero nada que aludiera a una limitación directa y explícita de la libertad de expresión como la acaecida en La Nación.
 
Quizá estará presente en la 66a Asamblea de la SIP que tendrá lugar en México el próximo noviembre. Debería estarlo, cuando Juan Pablo Illanes y Cristian Bofill, los representantes de Chile ante el organismo interamericano, informen a la Comisión de Libertad de Prensa.
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