La Tragedia de San Miguel

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La tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel la madrugada del 8 de diciembre, es la peor que registra la historia penitenciaria del país. Habrían muerto víctimas del incendio más de ochenta personas, y resultado con lesiones de distinta gravedad decenas de internos. El penal alberga a unos dos mil reos, cuya seguridad está a cargo de Gendarmería de Chile, institución dependiente del Ministerio de Justicia que asimismo nombra a su director.

En sus primeras declaraciones, tanto el Presidente de la República como su ministro de Justicia, han endosado las responsabilidades de lo ocurrido a las anteriores administraciones. El Presidente ha hablado de un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Ha hablado de una inseguridad carcelaria heredada del pasado, argumento éste que cada día pierde peso y capacidad persuasiva ante la opinión pública, si bien las cadenas de prensa y televisión proclives al oficialismo insisten en buscar equivalencias que permitan diluir la responsabilidad política. Pero, el hecho concreto es que si la ciudadanía eligió al actual gobierno fue para que actuara y resolviera los problemas heredados de los gobiernos precedentes. Y ahora, después de nueve meses de gobierno, el Presidente y sus ministros están obligados a mostrar los resultados de su gestión.

¿Qué resultados puede ofrecer en materia carcelaria el gobierno de Sebastián Piñera? O, para ser rigurosos a la hora de la rendición de cuentas ­―accountability, como prefieren llamarla los técnicos, ¿qué decisiones tomó el Ejecutivo para prevenir y evitar el dramático riesgo de San Miguel? El Presidente ha mencionado el Plan de Once Medidas inmediatas destinadas a mejorar las condiciones de las cárceles. Se ha referido al programa de 90 días inaugurado el 15 de octubre pasado, cuando haciendo un recorrido sin precedentes por la ex Penitenciaría de Santiago, y aprovechando el impulso que le granjeaba su alta popularidad, formuló aquel discurso que habría de despertar grandes esperanzas entre los más pobres y jóvenes reclusos. «Ayer dijo entoncesrescatamos desde el fondo de la montaña a 33 mineros que estaban atrapados 700 metros debajo de las rocas y de la tierra. Y los chilenos nos sentimos muy orgullosos e infinitamente alegres por ese rescate. Con este plan iniciamos un nuevo rescate: rescatar a tantas chilenas y chilenos que han caído en el camino de la delincuencia y de la droga, porque si podemos recuperarlos y transformarlos nuevamente en ciudadanos honestos y sanos, devolvérselos a sus familias, vamos a tener un país más seguro, la gente honesta va a poder caminar más tranquila por las calles, y estar también con mayor tranquilidad y paz en sus propios hogares.» 

A dos meses de iniciado el Plan de Once Medidas, al país no sólo le asiste el derecho, sino que tiene el deber moral de preguntar cuántas de aquellas primeras once medidas (y no aludimos a iniciativas de mediano plazo, como la prometida reingeniería del sistema penitenciario o la asesoría contratada por el ministro Felipe Bulnes a la consultora de clase mundial Altegrity Risk International) se aplicaron a la cárcel de San Miguel. Cuántos de los 6 mil millones de pesos que contempla el Plan, se asignaron al penal de San Miguel.

El país tiene el deber de preguntar a través de sus instituciones representativas, cuántos de los 23 mil colchones ignífugos se dispusieron para la prisión de San Miguel. Cuántas de las 42 mil frazadas. Cuántas de las 4 mil literas. ¿Cuántos paramédicos?  ¿Cuántos medicamentos, materiales e insumos para situaciones de emergencia? ¿Se implementó el sistema de comunicaciones internas, vía telefónica y radial, entre la enfermería del penal y los servicios de urgencia y ambulancias de los hospitales más cercanos? ¿Se dotó a la enfermería de equipos de radio? ¿Se ha designado al experto en prevención de riesgos de la región Metropolitana? ¿Se habilitaron techos y bancas en zonas de espera y de visitas? ¿Ha operado la línea 800 para solicitud de horas de visitas y de entrega de información a los familiares de los internos, y cuyo plan piloto precisamente se pondría en marcha en la cárcel de San Miguel?

Si el Presidente es capaz de responder con honestidad y responsabilidad a estas mínimas interrogantes, estará dando una verdadera señal de gobernabilidad, republicanismo y sensibilidad social.

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6 Responses to La Tragedia de San Miguel

  1. Sólo me atengo a la cuenta pública del director de Gendarmería del pasado 30 de noviembre cuando aseguró que estas medidas se habían cumplido.

    A lo largo de mi vida he procurado ser coherente en la defensa de los derechos humanos y en mi condena a los crímenes sociales. Estará de acuerdo conmigo en que ninguna de las estadísticas que usted cita es comparable con la muerte de más de ochenta chilenos, en su mayoría jóvenes y desprotegidos, como los que hoy lloran sus familiares y laceran el alma nacional.

    • Antonio dice:

      Que lamentable. Me dio la única respuesta que no quería leer… y era el que la vida de 81 personas vale mas que la de 26 o 7… Pues déjeme decirle que en mi opinión la vida de un solo ser humano es lo suficientemente valiosa para poner el grito en el cielo y exigir justicia. En otra palabras, 1 es tan valioso como 500… No es cuestión de números, no es cuestión de estadísticas; los derechos humanos no se defienden sólo si la cantidad de oprimidos es la suficiente, ¿o usted cree que así debe ser?.

      Ninguna madre debe llorar la muerte de su hijo, ya sea en una tragedia como éste incendio ni a manos de un delincuente en las calles.

      Que lamentable que usted piense que 26 muertes no son tan graves como 81 (eso desliza su respuesta). También lamento que crea que la responsabilidad de un hecho recae en el gobierno de turno y no en una sucesión de negligencias acumuladas de distintos actores que debieron reaccionar en su momento (no me ha respondido lo contrario).

      Se acabaron las preguntas. Me deprimió su pensamiento. Me entristece confirmar mis sospechas.

      PD: Entre paréntesis: por si no lo sabe, en el modulo en que 81 internos perdieron la vida habían jóvenes vendedores de películas piratas, borrachos en la via pública, pero también habían violadores y asesinos (violadores de los derechos humanos, en mi opinión), según algunos trascendidos de prensa. No es un dato importante, una vida es una vida no importa ni lo que hicieron, ni su pensamiento político ni su religión, etc., sólo se lo quería hacer saber, como complemento a su juicio (“jóvenes y desprotegidos”).

      • Elocuente su último comentario. Finalmente, agotados los argumentos, ha terminado dándome la razón. La tragedia de San Miguel quedará registrada en los anales de nuestro sistema penitenciario como la peor de la historia de Chile. Los hechos son los hechos, y hay que asumirlos como tales. Como decía el cantautor catalán: “Nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio”.

  2. Antonio dice:

    ¿Con qué soltura exige resultados en dos meses, al mismo tiempo que dice “…inseguridad carcelaria heredada del pasado, argumento éste que cada día pierde peso y capacidad persuasiva ante la opinión pública…”?. Con todo respeto, pero ¿cómo una persona seria y madura puede ignorar 20 años de responsabilidades incumplidas y pretender tachar de ineficiente a un gobierno entrante hace 10 meses, sólo porque no corresponde al mismo color político de su pensar (evidentemente)? ¿Cómo se puede tener tal nivel de parcialidad, tal nivel de obcecación de encontrar absolutamente todo bien en los gobiernos anteriores y todo mal en el presente?

    Les ruego, les imploro, a quienes tienen columnas de opinión a través de la presente, un poco más de madurez al momento de escribir, y de ser justos y no pretender que un gobierno cumpla sus compromisos en 10 meses y ser así de permisivos con las negligencias de 20 años de data…

    Con respecto al tema: una terrible tragedia que pudo haberse evitado con un sistema de justicia más eficaz, con más educación (a largo plazo) y mejores oportunidades de trabajo para la gente y por qué no decirlo, más y mejores cárceles, más humanas, más dignas, pero más, porque habría que ser obtuso para no entender que hay un problema de sobre población carcelaria que no se resuelve con medidas de largo plazo ni con dejar a los delincuentes sueltos.

    • Le ofrezco dos argumentos.

      Frente a la pregunta de con qué soltura exijo resultados del Plan, le respondo que son los plazos fijados por el Gobierno para lo que define como medidas “inmediatas”.

      En cuanto a que yo ignoro negligencias de 20 años de data, le respondo que podría usted extender dicho periodo a 30, 40 ó quizá 50 años y aún así no conseguiría cambiar lo esencial: en 200 años de historia republicana vino a ocurrir este siniestro durante la administración del Presidente Piñera.

      En la sociedad del riesgo no existe el azar, sino riesgos más o menos controlables.

      • Antonio dice:

        Con respecto a su primer argumento: ¿En serio le tiene tanta fe al sistema burocrático chileno (sea en éste gobierno o de cualquier otro) como para creer que en dos meses toda la maquinaria estatal funcionaría como reloj en orden de tener el plan de 11 medidas ejecutado (y justo en éste penal en particular)? ¿No hubiera sido más sensato haber apuntado su texto al exceso de optimismo del actual gobierno en creer que va a poder solucionar los problemas heredados en tan poco tiempo?

        Con respecto al segundo argumento: ¿Usted fue así de enérgico en pedir rendición de cuentas en su momento cuando murieron 26 internos en la cárcel de Iquique el 2001 (200 años – 9) o cuando fallecieron 7 menores en un centro del sename el 2007 (200 – 3), entre otros tantos incidentes similares? ¿O solo son condenables cuando las autoridades son de derecha?

        Disculpe si soy muy preguntón, pero me parece pertinente aprovechar éstas instancias de opinión para sincerar visiones y poner en su justa medida los juicios, sobre todo si tienen tintes políticos.

        Mis saludos.

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