El Problema De Ser Gobierno

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Lo acontecido este verano ha puesto de relieve los problemas de gobernabilidad que enfrenta la administración del Presidente Piñera. Un gobierno que quedó prácticamente aislado ­―incluso de sus propios apoyos parlamentarios― con ocasión del conflicto de Magallanes. Un gobierno virtualmente paralizado o, como dicen los periodistas, sin agenda propia, durante las dos semanas que duró su irresolución frente a la intendenta de Biobío. Un gobierno asimismo inerme ante la eficaz presión ejercida por la UDI, el partido hegemónico de la coalición. En fin, un gobierno que, bajo el pretexto de la unidad nacional, buscó dividir y exasperar a sus adversarios usando el sutil veneno de incorporar al gabinete a figuras de la oposición, consiguiendo sólo asignar la cartera de Defensa, cuyo titular debió renunciar súbitamente.
 
Es una ventaja para el oficialismo sostenerse en una coalición de dos grandes partidos ideológicamente afines y con fuerte presencia parlamentaria, como son Renovación Nacional y la UDI. Gracias a que en este tipo de coaliciones las negociaciones y la distribución del poder son más simples, el Gobierno puede procesar y canalizar intereses diversos y traducirlos en ofertas programáticas y decisiones ejecutivas. Sin embargo, como lo dejó en evidencia el caso de la intendenta de Biobío, la ausencia de un tercer partido que actúe como moderador de los extremos, envuelve el peligro de radicalizar las tensiones al punto que una de las dos colectividades acaba imponiéndose a la otra. Y es claro que quien se impone aquí es la UDI, pues es la que aporta la mayor cuota de escaños, superioridad numérica que la lleva a predominar sobre su aliado haciendo incluso necesaria la intervención de agentes externos llamados a restablecer el equilibrio.
 
Lo lógico es que sea la UDI, el partido que detenta la mayoría parlamentaria, quien asuma la responsabilidad de conducir el Gobierno. Pero la UDI no sólo carece de jerarquía en el Ejecutivo, sino que pese a ocupar el lugar central de la alianza, y de poseer la experiencia necesaria para proporcionarle soporte, tampoco ha sabido conducir la deliberación y el consenso, ni crear el clima de cooperación favorable a la formación, consolidación y estabilidad del Gobierno. En cambio, lo que se ha visto y oído, ha sido a los dirigentes de sus facciones internas, líderes que representan intereses, e incluso valores, específicos, y que tienen su propia percepción acerca de la fuerza e influencia estratégica de la colectividad.
 
Otra circunstancia que conspira contra la estabilidad del Gobierno es que el oficialismo no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Y si bien es cierto que las coaliciones no precisan disponer de mayoría parlamentaria para gobernar, pues la magnitud del respaldo parlamentario depende del tipo de iniciativas legislativas que se propongan impulsar, todos los conglomerados políticos necesitan darse una mínima organización interna, e identificar asimismo a los grupos políticos que están comprometidos en ellas. Porque partidos capaces de garantizar la disciplina de voto de sus parlamentarios, no sólo revelan la riqueza de su debate interno y de su coherencia política, sino que también contribuyen a optimizar la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.
 
Por último, dentro del oficialismo no existe una adecuada correspondencia entre el número de parlamentarios de cada colectividad y el peso de éstas en el gabinete de ministros, habida cuenta que la asignación de carteras ministeriales, como también de los cargos administrativos, es la manifestación más tangible de la gravitación que tienen los partidos. Más bien lo que parece afianzarse es un gobierno de cooptación que prescinde de los partidos. La soledad de la ministra Matte ―en contraste con el fuerte espaldarazo recibido por la intendenta Van Rysselberghe―, es prueba elocuente de ello. Aquí, el Gobierno ha quedado imposibilitado de decidir los ajustes necesarios, que es la fórmula a través de la cual se corrigen las tensiones y se administran los cursos alternativos de acción, puesto que no es imaginable el término del Gobierno por la dimisión del Jefe de Estado. Desde luego, ello vulnera la fortaleza del Gobierno impidiéndole enfrentar exitosamente circunstancias críticas y terminales.
 
El primer y más importante requisito de una alianza política es que asegure un gobierno estable, pues un gobierno estable contribuye también a la estabilidad de las expectativas ciudadanas y del régimen político en su conjunto. Los ciudadanos aspiran a la seguridad. La seguridad de que podrán realizar sus sueños en el futuro, siguiendo reglas y condiciones relativamente fijas. Y esperan del Gobierno esta garantía. Es probable que el modelo de coalición que mejor satisfizo este requisito haya sido el gobierno de Aylwin, el cual se originó en un pacto de más de dos colectividades y una distribución ministerial que obedeció a criterios de partido. Pero desde entonces hasta nuestros días, el proceso político ha evolucionado hacia un gobierno en que el Presidente elige individualidades que no necesariamente responden a una coalición duradera y disciplinada.
 
La raíz de todos estos problemas no está en el Gobierno, ni siquiera en los partidos que constituyen las coaliciones, sino en el cada vez más anacrónico presidencialismo que amenaza la vida de los partidos, la permanencia de las coaliciones y la estabilidad de los gobiernos. Si es difícil formar coaliciones de gobierno bajo un régimen presidencialista, es prácticamente imposible mantener coaliciones dentro de un régimen presidencialista.
 
Ha sido la actual oposición la que durante décadas ha bregado por moderar el excesivo presidencialismo imperante en Chile. Y ha sido el actual oficialismo el que por largos años se ha opuesto a esta reforma constitucional, aunque aceptando instituciones propias del parlamentarismo, como la designación de congresistas en cargos ministeriales, y de jefes de partidos y diputados en cargos senatoriales. Ahora todos saben lo que significa estar en los zapatos del otro, y quizás esta toma de conciencia nos conduzca a un régimen político más maduro.  

 

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