Sindicalización, negociación y huelga en los años de la transición

A la memoria de María Rozas

Nunca el movimiento laboral ha conquistado un nivel más elevado de desarrollo que durante los años de la reforma democrática de 1964 a 1973. Ni antes ni después existe parangón en las tres dimensiones básicas y universales en que es posible medir su poder e influencia: la sindicalización, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga.

Entre 1958 y 1973 más que se triplicó el número de trabajadores sindicalizados. Mientras en el primer año la cantidad de afiliado ascendía a 307.110, en 1973 ésta alcanzaba a 934.335 socios, que representaban el 32,3 por ciento de la fuerza de trabajo. Pero, simultáneamente, también aumentó la capacidad de negociación y de presión de los trabajadores, de suerte tal que si entre 1952 y 1964 negociaban 203 mil trabajadores cada año, en el periodo 1964-1973 lo hicieron 319 mil.

El promedio anual de huelgas se elevó de 265, en el periodo 1952-1964, a 1.689, en el período 1964-1973. Asimismo, el número de trabajadores comprometidos, superó con creces el de los trabajadores en negociación[i].

¿Cómo ha sido el comportamiento de estos indicadores en el curso de la transición democrática que se inicia en 1990 y culmina en 2010?

 
1/ SINDICALIZACIÓN

En los veinte años que van de 1990 a 2009, la sindicalización en Chile no creció ni se mantuvo estable, sino que experimentó una sensible caída. Descendió desde su más alto nivel, alcanzado durante el gobierno de Patricio Aylwin ―cuando todavía persistían las expectativas de movilización y organización del mundo social despertadas durante la lucha contra la dictadura―, a su más bajo valor, a fines de la década del 90, en presencia de la crisis asiática que condicionó a los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos; para estacionarse, finalmente, en el 11 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada del país (Figura 1). Nótese que los mejores años para la sindicalización son los primeros cuatro, cuando primó una negociación centralizada[ii] que tuvo por objeto afianzar la estrategia de desarrollo, frenar la explosión de demandas y contener la movilización social, a cambio de mejoras salariales y protecciones laborales. En aquellos años es cuando se registran los mayores aumentos salariales y también la más acelerada reducción de la pobreza en el país.

En el primer año de la transición, cerca de 600 mil de los 4 y medio millones de trabajadores ocupados, el 13,4%, está afiliado a algún sindicato. En el último año, ya son más de 800 mil los sindicalizados, los que cotejados con una población económicamente activa empleada de 6 millones 700 mil trabajadores, sitúa el porcentaje de afiliación en el 12,5 por ciento (Tabla 1). Los sectores que más crecen son los de electricidad, gas y agua, y minería, donde las empresas son más grandes y favorecen la sindicalización, en contraposición con las empresas del sector comercio, en su mayoría con menos de diez trabajadores, lo que inhibe la afiliación. Pero es la reestructuración de la industria la que incide más fuertemente en la caída de la sindicalización.

Como determinantes de la baja tasa de sindicalización en Chile, confluyen la falta de seguridad y estabilidad en el empleo, la fragmentación de la empresa y la diferenciación entre trabajadores de planta y externos, y las prácticas antisindicales que operan en la etapa de formación del sindicato[iii]. Este mal desempeño de la sindicalización contrasta significativamente con las cifras que muestran los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Chile se ubica entre las economías de más baja tasa de sindicalización, junto a Corea, Turquía, Francia y Estados Unidos. Muy distante de los líderes del grupo: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Bélgica, cuyas tasas de sindicalización superan el 50 por ciento (Tabla 2).

Al observar la última década, vemos que Chile no se mueve del 13 por ciento de afiliación sindical. Aunque, en igual periodo, Suecia muestra una caída de la sindicalización del 81 por ciento en 1999, al 68 por ciento en 2008, Finlandia, del 76 al 67 por ciento, y Dinamarca, del 75 al 68 por ciento, entre ambos años (Figura 2). Sus altas tasas se explican, entre otras razones, porque ahí los sindicatos controlan el seguro de desempleo.

Entre las razones de la merma sufrida por la sindicalización, evidente lo mismo en Europa que en América Latina, los especialistas coinciden en señalar la mayor la competencia internacional a que ha dado lugar la globalización, la reducción de las rentas a compartir entre las empresas y los trabajadores, la descentralización y la subcontratación del trabajo, la contracción del tamaño de las empresas, el incremento de los profesionales y mujeres menos propensos a sindicalizarse, y las prácticas antisindicales emprendidas por las empresas y por los mismos sindicatos[iv]. Sin embargo, desafiando los efectos de tales factores sobre el poder y la influencia de los sindicatos, Bélgica ve crecer su tasa de afiliación del 51 al 52 por ciento, e Islandia, del 81 por ciento en 1999, al 86 por ciento en 2007.

2/  NEGOCIACIÓN

Al tiempo que se ve reducida la tasa de sindicalización, también disminuye el número de contratos, convenios y fallos que involucran a trabajadores sindicalizados u organizados en grupos negociadores. Como se aprecia en la línea de tendencia de la Figura 3, entre 1990 y 2009 desciende perceptiblemente el número de instrumentos colectivos, declinación que se torna aún más notoria al comparar el año 1993 ―último del gobierno de Patricio Aylwin―, cuando alcanzan su cúspide con 3 mil convenios, y el año 2004 ―penúltimo del gobierno de Ricardo Lagos―, cuando tocan fondo con mil 800 instrumentos. Cada año de la serie los trabajadores suscribieron en promedio sobre 2 mil 400 convenios y contratos colectivos.

La mayor parte de estos instrumentos fueron acordados por los sindicatos, organizaciones que, a lo largo de esos veinte años, recuperaron sostenidamente su capacidad de interlocución en comparación con los grupos negociadores. Así, mientras en 1990, un poco más de la mitad de los contratos y convenios son suscritos por sindicatos, en 2009, esta proporción ya casi cubre el 80 por ciento de los pactos comprometidos (Figura 4).

A lo largo de ambas décadas, un promedio anual de 200 mil trabajadores son cubiertos por convenios y contratos colectivos, y nuevamente en este parámetro se dibuja una leve pendiente que se inicia en los primeros años de la transición y culmina en los últimos de la secuencia. En 1990 alrededor de 184 mil trabajadores, asociados a sindicatos y a grupos negociadores, suscribieron algún tipo de instrumento colectivo. Pero, si bien en 2009, esta cifra se elevó a 227 mil trabajadores, no existe en los veinte años considerados un punto más alto que el marcado por los 255 mil trabajadores de 1993, y cuyo 80 por ciento estaba afiliado a sindicatos (Tabla 3).

Los trabajadores cubiertos por contratos y convenios colectivos representan menos de un tercio de los trabajadores sindicalizados y, en consecuencia, una ínfima proporción de la fuerza de trabajo ocupada (3,4% en 2009). Figura 5.

3/ HUELGA

 

Entre 1990 y 2009, se verificó un promedio de 154 huelgas legales que, asimismo, comprometieron aproximadamente a unos 20 mil trabajadores cada año. El momento que registra la mayor participación de los trabajadores en los conflictos, es el segundo año del gobierno de Aylwin, 1991, con cerca de 46 mil huelguistas involucrados. El más bajo lo anota 2003, mitad del gobierno de Lagos, con un poco más de 10 mil trabajadores movilizados (Tabla 4).

 

Como se puede ver en la Figura 6, la conflictividad laboral medida en número de movimientos huelguísticos, disminuye paulatinamente a lo largo de toda la década del 90. Y es en el periodo más depresivo ―el que se extiende de 1998 a 2005―, cuando el promedio de trabajadores en huelga se sitúa en los 12 mil por año, después de haberse empinado a más 30 mil durante el primer gobierno de la transición. Esto significa que en este periodo crítico habrían participado en alguna huelga legal, a lo menos 20 trabajadores por cada mil sindicalizados. Este comportamiento, en épocas de crisis, se explica por una institucionalidad que permite al empleador reemplazar transitoriamente a los trabajadores en huelga y, de este modo, limitar sus expectativas salariales. Los sectores donde la disminución del número de huelgas es más elocuente son servicios e industria. A su vez, la mayor cantidad de trabajadores involucrados en los movimientos pertenecen a la industria, servicios, minería y transportes.

4/  LOS AÑOS DE LA TRANSICIÓN

A lo largo de la última década del siglo XX y primera del XXI, la organización sindical, la capacidad de negociación de los trabajadores, y las herramientas de presión de los sindicatos sobre las bien consolidadas relaciones laborales, han experimentado una paulatina declinación. Esta tendencia contrasta con la exhibida por las sociedades más desarrolladas y protegidas del mundo, especialmente con las europeas, pero también con la mayoría de las economías más avanzadas con las que Chile comparte tratados de integración y objetivos políticos comunes.

Las causas estructurales de este declive han de buscarse en la estrategia de desarrollo seguida por el país. Una estrategia que ha estimulado la preeminencia del mercado ―con sus caracteres de competencia imperfecta― por sobre las regulaciones y protecciones al trabajo propias de una institucionalidad democrática vigorosa, como la vigente en Bélgica e Islandia, países con altas y crecientes tasas de sindicalización, o incluso en Francia, donde la sindicalización es baja, pero las protecciones derivadas de las negociaciones se extienden a los trabajadores no afiliados.

Una estrategia de desarrollo cuyo núcleo ha sido penetrado por creencias neoliberales que han podido incidir en el curso político e institucional de la transición. Una de estas creencias sostiene hasta hoy que la existencia de sindicatos fuertes entraña presiones salariales excesivas, que obligan a las empresas a reducir personal, generando con ello desempleo e informalidad. Otra de estas creencias afirma que el fortalecimiento de los sindicatos y de su capacidad negociadora, provocan fuertes desigualdades salariales. Pero la experiencia ha demostrado precisamente lo contrario, es decir, que sindicatos fuertes y con poder de negociación, no sólo no producen desempleo e informalidad, sino que contribuyen a una mayor equidad social. Ramos[v] revela que en aquellos países de la OCDE donde la sindicalización aumentó o disminuyó menos ―como en Finlandia, Islandia, Bélgica y Suecia―, la desocupación fue menor. A su vez, enseña que ahí donde la sindicalización y la cobertura de la negociación fueron mayores ―particularmente en los países nórdicos―, las desigualdades salariales fueron menores. Aún más, observa que las desigualdades aumentaron allí donde las tasas de sindicalización cayeron, como en Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

En Chile la pérdida de gravitación de los sindicatos ha corrido paralela a la persistente concentración de la distribución del ingreso. Los cambios que se han verificado a favor de la movilidad y la equidad social, no han provenido de la acción negociadora de los sindicatos, que ha sido marginal a las transformaciones sociales acaecidas durante estas dos últimas décadas, como la generalizada expansión de la educación, la disminución del número de personas por hogar, la menor tasa de dependencia económica, la mayor participación laboral femenina, el incremento de la capacidad de consumo de los hogares, la expansión del crédito, la disminución de los precios relativos de los bienes de consumo, el surgimiento de grandes empresas orientadas a los productos masivos de bajo costo, y la mayor capacidad de endeudamiento a través de tarjetas de crédito[vi].

Gracias a estos cambios, entre 1990 y 2006 la clase media casi se duplicó hasta abarcar en la actualidad el 52 por ciento de los hogares. Sin embargo, de cada diez hogares de clase media, a lo menos 7 pertenecen al estrato bajo, caracterizado por una precaria inserción laboral, bajos ingresos, falta de contrato, y carencia de  seguridad social, derechos todos exigibles por los sindicatos[vii].

Con todo, la pérdida de poder e influencia de los sindicatos contrasta con la alta valoración que los trabajadores tienen de ellos. En Chile 8 de cada diez trabajadores consideran que un sindicato es importante para lograr un trato justo, hacer oír su voz en la empresa, mejorar sus ingresos y asegurar un empleo estable. La misma proporción piensa que es necesario fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores. Asimismo, un alto porcentaje cree que la existencia de sindicatos favorece la cooperación en la empresa y propende a la productividad[viii].

 Descargar archivo

[i] Rodolfo Fortunatti, Visión sinóptica de los procesos de concertación social en Chile, PET, documento de trabajo 68, Santiago, enero de 1990, página 40 y 41.
[ii] En abril de 1990 el movimiento sindical, organizado en la Central Unitaria de Trabajadores, firmó junto a la Confederación de la Producción y el Comercio, un Acuerdo Marco que se renovó durante los siguientes tres años, y que fijaba salarios mínimos y asignaciones familiares. Véase: Volker Frank, Acuerdos y conflictos: ¿signos contradictorios de nuevas relaciones laborales en la transición chilena a la democracia?, Estudios Sociológicos XXII, Indiana, Estados Unidos, 1994.
[iii] Véase: Jorge Salinero, María Rozas y Andrés Tapia, Veinte años de afiliación sindical y negociación colectiva en Chile: problemas y desafíos, Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, Santiago, noviembre de 2006.
[iv] Joseph Ramos, Trade unions in the “South” in the era of globalization; Cepal Review, april 2010, p. 110.
[v] Joseph Ramos, Trade unions in the “South” in the era of globalization; Cepal Review, april 2010, p. 111.
[vi] Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León, Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día, Revista de la CEPAL 1 0 3, abril de 2011, página 7 y siguientes.
[vii] Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León, Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día, Revista de la CEPAL 103, abril de 2011, página 25.
[viii] Consejo Asesor Presidencial, Trabajo y Equidad, Encuesta “Trabajo y Equidad”, marzo de 2008:  http://www.ccc.cl/mailing_m/junio/presentacion.pdf
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