LA CALLE ES NUESTRA

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¡El tiempo de las marchas se acabó! ¡No les vamos a prestar la Alameda! ¡Actuaremos contra esta muralla de intransigencia y de obstrucción! Con este lenguaje se inaugura la segunda etapa del actual gobierno.

¿Pero qué argumentos ha dado el Ejecutivo para prohibir las marchas?

Al ministro del Interior se le antoja que las movilizaciones de los estudiantes, de los profesores, y de los ciudadanos en general, ya cumplieron su rol. ¿Cuál habría sido éste? Poner el tema de la educación en el debate público, y sacudir asimismo a la clase política. Conseguido el objetivo, parece decirnos, nadie puede seguir protestando.

El ministro además pretende que con la propuesta del Gobierno se habría iniciado la etapa de un debate serio, como si hasta ahora nadie hubiese hablado seriamente de educación, y todo se hubiese restringido a puras revueltas. Amén de esto, el ministro criminaliza a los movimientos sociales, imputándoles millonarios daños a la propiedad pública y privada, y atribuyéndoles las amenazas a la vida y a la salud padecidas por cerca de un centenar de carabineros, cuando si a algo ha estado dedicada su repartición durante estos diecisiete meses ha sido exclusivamente a la seguridad ciudadana. Luego, el suyo entraña un juicio sobre su propio desempeño. Finalmente, el jefe del gabinete endosa a los movimientos sociales la espectacular pérdida de ¡60 millones de horas de clases!, como si una de las funciones primordiales de la gestión pública no fuese precisamente garantizar la continuidad de los servicios.

Por todas estas razones, el ministro, creyendo que es posible tapar el sol con un dedo, sentencia que se acabó el tiempo de las marchas. Se entenderá que un país, como el nuestro, que desafiando los peores miedos y represiones de su historia, salió a las calles y se expresó sin autorización, no se va a amilanar ahora porque un ministro así lo dictamine.

Con todo, ninguno de estos motivos ha pesado más en el oficialismo que la fuerte caída de su popularidad en las clases altas, o sea, en aquellas que no salen a las calles porque no tienen necesidad de hacerlo. El Gobierno está más preocupado por la caída de su adhesión en los grupos ABC1, sensibilizados por el clima de «desorden» y por el temor a los «ofertones», que por el 40 por ciento de la población que apoya la demanda opositora, y que supera ampliamente la aprobación al Presidente, a su gobierno y a su alianza política. Y que está lejos de representar una pequeña minoría obstruccionista, como la ha calificado el Jefe de Estado.

El camino del choque elegido por el Gobierno, en los momentos que más necesita del entendimiento, constituye un grave error estratégico. Lo es, pues a través de esta vía obliga a sus interlocutores a tomar partido entre los que piensan seriamente la educación, porque respaldan los 21 puntos de su propuesta, y aquellos otros que la rechazan y que, demonizados como adversarios intransigentes, sólo les está reservada la represión. Desde el punto de vista de la paz social, es un atajo peligroso. Y así lo han entendido los otros poderes del Estado. No es por nada que el Presidente de La Corte Suprema haya llamado a los jueces a tomar las derivaciones de este nuevo escenario de confrontación con mucha independencia y objetividad. Una cosa es clara, y es que el temerario paso dado por el Gobierno no hará sino fortalecer al movimiento, y prolongarlo hasta su empalme con el paro nacional convocado para el 24 de agosto.

 

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One Response to LA CALLE ES NUESTRA

  1. Ana Verónica Peña dice:

    Como siempre, tan certero, señor Fortunatti. Justo en el blanco. Un abrazo… y siga así.

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