LA REVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA

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Cuando Camila Vallejo asumió la presidencia de la FECH, pronunció un discurso premonitorio de lo que acontece hoy. Dijo entonces: «Creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta. La designación de Harald Beyer y Álvaro Saieh en nuestro Consejo Universitario, dos grandes defensores del modelo de mercado, y el actual presupuesto nacional en el área  de la educación superior, son dos grandes indicativos de aquello. Son medidas que nos muestran nítidamente que el Gobierno se apresta a poner en marcha una agenda privatizadora a gran escala y que, por lo tanto, el año 2011 será estratégico en su implementación. Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro sector el próximo año…»[1]

A estas alturas, pocos dudan que 2011 pasa a ser el año de la educación. Con un movimiento estudiantil que lleva más de tres meses activo. Con nueve grandes marchas desplegadas a lo largo del territorio nacional desde que irrumpió el pasado 12 de mayo. Fortalecido por la emergencia del movimiento estudiantil secundario, y por la paralización del gremio de los profesores. Con más de una treintena de estudiantes en ayuno, y apoyado por familias enteras que salen a las calles y plazas para solidarizar con sus demandas[2]. Y lo que es más determinante: con un ascendiente que adquirió autonomía de vuelo sobre los avatares de la negociación política. El domingo 21 de agosto habrían participado cerca de 200 mil personas en la jornada del Parque O’Higgins.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera al principio buscó ignorar las protestas, pero las masivas movilizaciones lo instaron a ofrecer un gran acuerdo nacional que, sin embargo, fue resistido por la comunidad educativa, circunstancia que lo obligó a introducir ajustes en el gabinete de ministros y a extremar los controles sobre las manifestaciones[3]. Preocupado por la caída de su adhesión en los grupos ABC1, muy sensibilizados por el clima de «desorden» y por el temor a los «ofertones», y por el enorme apoyo a la demanda estudiantil que supera ampliamente la aprobación al Presidente, a su gobierno y a su alianza política, el 4 de agosto el Ejecutivo descargó la más intensa represión del año sobre los manifestantes. Ese día se contabilizaron 874 detenidos sobre unas 5.000 personas que participaron en la protesta, la menos concurrida en toda la temporada, pero que dada la violencia ejercida sobre los jóvenes, en su mayoría menores de edad, contribuyó a fortalecer las posiciones de los manifestantes. «Por fin ya no les tenemos miedo», expresó Camila Vallejo, la líder indiscutida del actual descontento social.

Según cifras del Gobierno, 515.794 alumnos están actualmente sin clases a causa de las movilizaciones: 275 mil estudiantes secundarios y sobre 240 mil universitarios.

2/ Los temas del conflicto

El malestar ciudadano se origina en la fuerte incertidumbre que se cierne sobre las familias de clase media chilena que no avizoran un futuro digno para sus hijos en un país con los mayores niveles de escolaridad de América del Sur: 91% en la secundaria y 52% en la universitaria. Los hogares deben pagar aranceles que van de 3.500 a 7.000 dólares con altas tasas de interés —del 7 por ciento y con aval del Estado en préstamos a más de diez años plazo—, cuando el ingreso promedio de un chileno bordea los 500 dólares. Este monto representa el costo más alto del planeta en relación a su Producto Interno Bruto por persona. Según Patricio Meller, ex presidente del Consejo Asesor de Equidad y Trabajo, el valor promedio del arancel universitario que cobran las universidades chilenas asciende al 41 % del PIB per cápita, lo que equivale a unos 6.000 dólares, mientras que en Estados Unidos éste es del 28 %, en Australia del 12 % y en Canadá del 10 %.

La inversión en educación que hace el Estado es asimismo baja si se la compara con los recursos que el país destina, por ejemplo, a gasto militar. En Chile, el gasto militar asciende a cerca de 3 mil millones de dólares, que corresponden al 3.5% del PIB. En cambio, según Meller, el gasto público en la educación superior es siete veces menor. Equivale al 0.5% del PIB, el más bajo del mundo, y desde luego, muy inferior al mínimo del 7% para toda la educación recomendado por la UNESCO.

El sistema imperante es otra de las herencias del régimen autoritario que se prolongó desde 1973 a 1990, y que en su esencia no pudo ser reformada por los cuatro gobiernos de la Concertación que le sucedieron. En 1990, poco antes de abandonar el poder, el gobierno del general Pinochet dictó una ley que permitió a los empresarios privados invertir en educación abriéndoles el acceso a los fondos estatales y a las exenciones fiscales que favorecían a las instituciones públicas de enseñanza. Esto habría de alimentar un enriquecimiento codicioso realizado en forma legal, pero transgresor de tradicionales principios de legitimidad. La investigadora María Olivia Mönckenberg en su libro La privatización de la educación, ha escrito que «para evadir  la prohibición del lucro impuesta por la ley, las universidades privadas invirtieron las utilidades en sociedades inmobiliarias y empresas, lo que demuestra que desde el principio esta operación estaba relacionado al lucro y a personajes cercanos al régimen».

El panorama futuro no promete ser muy halagüeño para el Gobierno. La experiencia mexicana está latente en una memoria colectiva que aconseja el alargamiento del paro incluso al costo de la pérdida del año académico. Se recuerda que desde abril de 1999 y hasta febrero de 2000, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de México paralizó la casa de estudios en demanda de la gratuidad de la enseñanza, objetivo que, finalmente, consiguió. Mientras, el Gobierno se propone distribuir la carga política de la crisis, comprometiendo a otros actores institucionales en un diálogo que, sólo ahora se sabe sobre qué versará, aunque todavía no despacha los proyectos de ley al Parlamento. Le ha pedido a la Iglesia Católica que interceda, y ésta, a través del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se ha mostrado disponible a hacerlo. Pero su mediación, otrora bien recibida durante la huelga de hambre mapuche de 2010, ha sido objetada por dirigentes estudiantiles y juveniles. El ecléctico analista y rector universitario, Carlos Peña, ha escrito que «un mediador es, por definición, quien carece de intereses en el conflicto que trata de resolver. Al no tener nublada la vista por sus propios intereses, el mediador aleja el peligro de la parcialidad y, así, puede ayudar a las partes en conflicto a ponderar las razones del otro y, poco a poco, alcanzar un acuerdo. ¿Satisface ese criterio general la Iglesia Católica? ¿Está ella en una condición de imparcialidad en materia educacional? Desgraciadamente no. La Iglesia cuenta con el 71 por ciento de las escuelas sin fines de lucro; diez de las sesenta universidades son explícitamente católicas (seis de ellas perciben subsidios públicos directos); y está bajo su control uno de los Institutos Profesionales con mayor matrícula del sistema. En otras palabras, la Iglesia Católica es, de todos los proveedores no estatales de educación, el más importante».

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ha instado al Gobierno a resolver el conflicto, planteando soluciones a los tres problemas fundamentales que impiden avanzar en el diálogo: el fin del lucro, la desmunicipación, y el financiamiento de la educación superior. Y el Gobierno ha anunciado un paquete de iniciativas legislativas ordenadas en cuatro ejes fundamentales: una reforma constitucional para garantizar explícitamente la calidad de la educación; un financiamiento que asegure la igualdad de oportunidades; un proceso de desmunicipalización de los establecimientos educacionales; y un régimen a través del cual los institutos de educación superior se rijan por fundaciones sin fines de lucro.

La respuesta del Ejecutivo ha sido considerada insuficiente por la Confech que, en respuesta al ministro Felipe Bulnes ha entregado una propuesta de 12 puntos y se ha plegado al paro nacional convocado por la CUT para los días 24 y 25 de agosto[4]. Sin embargo, conforme se prolonga el conflicto, los temas del debate van despejando el punto crucial de la demanda social: la gratuidad de la educación. Lo que es considerado una utopía por los defensores del modelo, y una garantía de paz social y estabilidad política, por los movimientos sociales.

3/ Un tránsito rápido: de reforma educacional a reforma política

Pero, si algo ha tenido de ideológico el movimiento, esto es haber instado a los actores del conflicto a tomar partido entre dos visiones opuestas sobre el régimen político. Por una parte, ha permitido distinguir la visión de quienes denuncian la crisis de representación que exhiben los actuales canales de mediación, y valoran asimismo la acción de los movimientos y organizaciones sociales, como catalizadores del descontento colectivo, y propugnan avanzar hacia una «democracia deliberativa» entre cuyas herramientas se cuentan procedimientos de consulta complementarios de la democracia representativa, como el referéndum. Por otra parte, ha puesto de relieve la visión de quienes defienden los cauces de representación realmente existentes como vías de salida de la crisis, pese a sus ya inocultables síntomas de desgaste, fatiga e inoperancia, y promueven una suerte de «democracia de instituciones» renuente a los procedimientos de consulta directa a los ciudadanos sobre asuntos de interés común.

Un amplio espectro político ha reconocido que la actual institucionalidad jurídica del país debe ser reformada para evitar que arrastre al régimen democrático a su destrucción. El ex Presidente Ricardo Lagos, como los partidos de la Concertación, ha admitido la necesidad de reformar la Constitución de 1980. Lagos, cuya firma está impresa en la Constitución vigente, cree que el actual entendimiento institucional ha llegado a su fin porque impide que la ciudadanía se exprese y sea representada adecuadamente a través de su sistema electoral. Pero incluso dentro de esta mirada común han surgido diferencias que, por no ser menores, han dado origen a dos perspectivas estratégicas en la oposición, donde el Gobierno ha jugado también sus cartas.

4/ Entre la colaboración y el conflicto

Buscando una salida al conflicto, el Presidente Piñera inició contactos privados con el ex Presidente Aylwin —del mismo modo que lo han hecho con Lavín y Bulnes ex ministros de Educación de la Concertación—, luego que los timoneles de la Concertación rechazaran concurrir a La Moneda. Fruto de esas conversaciones, los senadores Ignacio Walker, Soledad Alvear y Patricio Walker, y los diputados Jorge Burgos y Aldo Cornejo, se acercaron al Ejecutivo y le hicieron entrega de una propuesta de reformas políticas que, sin embargo, no incluía la fórmula del plebiscito, pese a formar parte de los acuerdos del Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, aprobados en 2007 durante la gestión de Alvear, a que fue incorporada en la plataforma presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de 2009, y a que la mayoría de los parlamentarios democratacristianos la impulsaban. Si la visita a Palacio en clave de «camino propio» ya mostraba una fisura en la Concertación, las posteriores declaraciones del senador Walker, habrán de provocar un evidente aislamiento de la colectividad así como un ensanchamiento de la brecha abierta entre ésta, la Concertación, la oposición política en su conjunto, y el movimiento social.

Walker, en evidente contradicción con la propuesta de reforma política de los partidos Radical, PPD y Socialista, dijo que el plebiscito abría el camino hacia una democracia plebiscitaria o populista que amenazaría con suprimir instituciones tales como la libertad de expresión, la separación de los poderes públicos, la autonomía del poder judicial, el Estado de Derecho, la supremacía constitucional, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los partidos políticos[5]. En esta misma veta, pero inaugurando un lenguaje crispado y a ratos desacreditador, habrían de persistir luego personeros de Gobierno y de los partidos oficialistas. El Presidente Piñera ha sostenido que muchos de los políticos han caído en la tentación del voluntarismo, la irresponsabilidad, la demagogia y el populismo. Y El Mercurio ha visto en ello un escenario de confrontación política del que ha hecho responsable a la oposición. «El ciclo de la transición no se cerrará mientras la centro izquierda no permita al primer régimen de la centro derecha gobernar después de 20 años de Concertación y 17 de régimen militar —escribió Pilar Molina—. Apoyan movilizaciones estudiantiles de meses, obstaculizan cualquier acuerdo, consideran inadmisible discutir las soluciones en el Congreso, calificándolo de debate a puertas cerradas y desconociendo la representatividad del legislativo que quisieron integrar. Desconocen la institucionalidad y plantean un plebiscito, solución que no existe porque es inconstitucional. Y a las demandas de los estudiantes de universidad gratuita y pase escolar abierto todo el año responden con que urgen las reformas políticas».

La nueva etapa de negociaciones que creyeron inaugurar sectores democratacristianos ligados al Centro de Estudios del Desarrollo, no ha sido corroborada por los acontecimientos, como tampoco lo ha sido el virtual debilitamiento del movimiento estudiantil[6].

5/ Madurando hacia un movimiento ciudadano

La desconfianza en las autoridades políticas, cuyo antecedente inmediato fue la frustrada negociación estudiantil de 2006, no ha confirmado la pronosticada impotencia, desgaste y consecuente derrota del movimiento. Por el contrario, esta pérdida de credibilidad en los representantes populares, hoy por hoy, es un sentimiento extendido a la mayoría de la población que, asimismo, se ha mostrado disponible para salir a las calles en apoyo de las demandas estudiantiles. Como que, en ocasiones, han bastado sólo horas para, a través de las redes sociales, poner en actividad miles de voluntades. Se ha visto ciudadanos de sectores altos de la capital, como La Dehesa, protestando.

Por otra parte, el monopolio tecnocrático sobre el conocimiento especializado, hoy es controvertido por un saber socialmente apropiado que se disemina ampliamente por las redes digitales, proporcionando elementos de juicio, percepciones sobre el estado de la opinión, y cursos de acción, que ni los 900 mil manuscritos de la Biblioteca de Alejandría habrían podido servir mejor. El conocimiento y el lenguaje experto han saltado fuera de las aulas y laboratorios, para propagarse en una más amplia comunidad de actores productores del saber[7].

Y sin embargo, el actual no es un movimiento que ocurra o que se proponga operar al margen de las instituciones. No es ilegal, no ha transgredido el orden constitucional, ni ha buscado derribar el Estado de Derecho, como señalan sus más acervos detractores. Podrían darse abundantes ejemplos de instrumentos institucionales empleados por el movimiento durante estos tres meses. De entrada, las reiteradas reuniones y diálogos con el Ejecutivo, el Parlamento, los partidos políticos, y las autoridades universitarias y, luego, las propias formas de deliberación ensayadas por las organizaciones sociales.

Las mediaciones han existido, pero no han dado los resultados esperados porque quien tiene el poder y la autoridad para ofrecer salidas es el Gobierno, sumido en un inmutable estado de perplejidad. Por esto mismo, los problemas que ha encontrado la negociación no pueden ser imputados a los actores sociales, que no tienen la función de procesar las demandas políticas del sistema. Y si su comportamiento tolerara ser encasillado como un «pretorianismo de masas», concepto que describe una acción directa y violenta y, en suma, transgresora de las instituciones, lo será por la insuficiencia de dichas instituciones. Por cierto, linda en un exceso de imaginación especulativa atribuirles intereses egoístas e incívicos que se valen de la intimidación y el chantaje para imponerse. Una visión semejante, además de reduccionista y estigmatizadora, sólo consigue escamotear la crisis de representación que afecta a las instituciones políticas.

6/ La revuelta de las clases medias

¿Pero dónde se origina esta crisis de representación? ¿Qué hay realmente tras la explosión social? El sociólogo alemán Ulrich Beck piensa que la actual revuelta mundial emerge gatillada por tres causas. Primero, por el desacoplamiento que se produce en el sistema capitalista entre el rendimiento y la ganancia. Una mala gestión o una gestión ruinosa, en vez de pérdidas, ahora supone indemnizaciones millonarias, lo cual, a ojos de la opinión, convierte a la política en la administración del robo «legal» a los ciudadanos. Segundo,  por la contradicción entre legalidad y legitimidad en las democracias contemporáneas, al punto que el enriquecimiento codicioso se realiza de manera absolutamente legal, pero también de manera absolutamente ilegítima. Y tercero, por el despertar de las expectativas de igualdad. Estas tres motivaciones se encuentran, primero de modo embrionario, y después de manera más acabada en la sucesión de movimientos de protesta habidos en Chile durante los últimos ocho meses.

Un observador dirá de las expresiones más radicalizadas de descontento, que «estamos frente a una denuncia política violenta de un modelo social y político que tiene recursos para rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la pesadilla de una educación cada vez más cara e irrelevante dado el aumento del desempleo, del completo abandono en comunidades que las políticas públicas antisociales transformaron en campos de entrenamiento de la rabia, la anomia y la rebelión».[8]

El movimiento de 2011 es nuevo. En los veinte años de la transición democrática, no existe precedente de una acción colectiva más plural, sostenida, y de alcance nacional, como la que se advierte hoy. Y desde el plebiscito de 1988, la política no había exhibido la mística, el compromiso, el testimonio y las esperanzas que mueven a los jóvenes. Aunque sus protagonistas más visibles son los estudiantes, es evidente que estamos en presencia de una irrupción de las clases medias otrora postergadas y mermadas en su capacidad de participación y deliberación. Las clases medias, fortalecidas y aumentadas por la incorporación de los sectores populares que, gracias a las políticas sociales, pudieron cruzar la línea de la pobreza. Las clases medias, donde se adscribe la inmensa mayoría de los hogares chilenos. Las clases medias, abandonadas al mercado sin concesiones del retail, de la banca, o del sistema de pensiones, a diferencia de los más pobres, que contaron con las protecciones del Estado, y de los más ricos, que jamás dejaron de concentrar la riqueza.

Son estas clases las que hoy reclaman civilizar los mercados, poniendo fin al lucro. Ellas, las que demandan poner atajo a la alianza neoliberal entre capital y Estado que nutre a la gran banca con cantidades inconcebibles de millones, mientras aumenta la presión sobre los pobres. Las mismas que exigen un comportamiento más consecuente de los partidos políticos que dicen velar por los principios de legalidad y legitimidad. Es a estas clases medias a las que se estigmatiza, criminaliza, ignora y margina. Es a ellas a las que se teme. Y si son vistas como una amenaza, es porque con su accionar ponen al desnudo la crucial ecuación política de todo este conflicto, cual es la de afectar la redistribución del ingreso como la mejor salida posible a la crisis política desatada en una de las naciones más desiguales del globo, donde el 20 por ciento de su población tiene ingresos similares a los países más ricos del mundo, y el 60 por ciento tiene ingresos semejantes a los de Angola[9]. Es este giro el que resisten dar el Gobierno y los partidos oficialistas, más que por orgullo, porque trastoca la base estructural del sistema político y económico.

Frente a ello, la militancia comunista de Camila Vallejo, es un dato irrelevante. Si su liderazgo es un icono de la protesta es porque representa las antiguas y nuevas expectativas, aspiraciones y esperanzas de unos sectores medios y populares que durante todos estos años han otorgado su consenso a favor de la paz social, la estabilidad política y el progreso, pero sin ver realizada la promesa neoliberal según la cual quien se esfuerce será recompensado con bienestar[10].


[1] Discurso de asunción de Camila Vallejo a la Presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). Véase Anexo I, DISCURSO DE ASUNCIÓN DE CAMILA VALLEJO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE.
[2] Véase Anexo II, LAS FECHAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL CONFLICTO ESTUDIANTIL
[3] Véase Anexos VII, MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEBASTIÁN PIÑERA, GRAN ACUERDO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN (GANE); IV, BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN CHILENA (RESPUESTA AL GANE); V, AGENDA DE TRABAJO, MESA POLÍTICO–SOCIAL POR LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN EN CHILE; y  VI, COMPROMISO DE LA CONCERTACIÓN CON LA EDUCACIÓN.
[4] Véase Anexo III, CARTA DE LA CONFECH AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
[5] Esta tesis, desarrollada ampliamente por el autor en Por una democracia de instituciones para América Latina (http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4345.html), contiene sin embargo un equívoco que la convierte en una reacción sobre-ideologizada. El error de Walker consiste en poner la institución del plebiscito en la misma categoría de las experiencias de democracia directa o participativa que han tenido lugar en el continente. Incluso hasta transfigurarlo en el instrumento por antonomasia de este nuevo tipo de populismo emergente en la región que recurre al gobierno por decreto presidencial, o al abuso de las convocatorias a asambleas constituyentes. Pero el plebiscito no sólo no tiene ninguna conexión histórica con la democracia directa, que él ejemplifica remitiéndonos a la antigua democracia ateniense y a los actuales gobiernos locales, sino que es una creación de las democracias representativas. La expresión latina ad referendum, que significa «a condición de ser aprobado por quien posea poder para ello» —en este caso, el pueblo soberano que ha mandatado a las asambleas deliberantes o parlamentarias—, supone que ya se han formado y consolidado las instituciones representativas. Resulta pues un contrasentido que Walker, para quien la «democracia de instituciones» abarca tanto la democracia representativa como la democracia deliberativa, expulse la institución del plebiscito fuera de ellas y la degrade al nivel de una deformación de la representación política. No hay motivo, al menos en teoría política, para derivar tales conclusiones. Si todos entendemos lo mismo por democracia deliberativa, estaremos de acuerdo que la nuestra necesita, más allá de la pura agregación de las preferencias que se manifiestan en el voto, la participación de la ciudadanía en un proceso ordenado de deliberación. Estaremos de acuerdo que deliberar no sólo entraña discutir una cuestión a fondo, sino, en último término, decidir. Estaremos de acuerdo que los ciudadanos, cuando participan en el intercambio de opiniones, transforman sus preferencias. Y estaremos, en fin, de acuerdo que la transformación de la opinión es el verdadero valor de la deliberación pública. Dicho lo cual, si ninguno de estos atributos se contrapone con los de la democracia representativa, ¿por qué el plebiscito habría de degenerar en un vicio de la misma? Ciertamente, hay aquí un eslabón perdido que Walker está solicitado a encontrar.
[6] Tras la segunda reunión en menos de 24 horas que sostuvo el ministro Rodrigo Hinzpeter con autoridades del PDC, esta vez en el CED, el vicepresidente de la tienda diputado Jorge Burgos afirmó: «Recojo un elemento positivo, y es que el Gobierno, a través de sus tres ministros políticos, se ha abierto a discutir sobre reformas duras a la Constitución. No hay ningún tema excluido, por lo que entiendo que no lo está el tema del binominal». Días después el ministro del Interior espetó: «Hacerse pasar por indignados, cuando muchos de ellos han sido la causa de la indignación o malestar ciudadano, cuando estuvieron en el gobierno, y la marcha reclama precisamente situaciones que ellos, estando en el gobierno no fueron capaces de solucionar, es un contrasentido que deja en evidencia que no están cumpliendo apropiadamente sus roles».
[7] Un ejemplo elocuente de saber lúcido, explícito y socialmente apropiable, es el que ofrece CIPER al publicar la serie de Diez lugares comunes falsos sobre la educación, del abogado y constitucionalista Fernando Atria, http://ciperchile.cl/author/fatria/
[8] Boaventura de Sousa Santos, Los límites del orden, http://www.other-news.info/noticias/index.php?p=4036
[9] BBC, El malestar de los chilenos, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110714_chile_descontento_social_vh.shtml
[10] «El neoliberalismo se ha establecido, pues, como un cuasi-partido mundial que hace valer su influencia dentro de los más variopintos partidos nacionales y arenas políticas. En este sentido, pretende representar y defender no los intereses de la economía, sino unos valores globales, una utopía realista que reza: con el dominio del régimen neoliberal, millones de seres humanos en todo el mundo se liberarán de las cadenas de la pobreza, pues se crearán situaciones de ganancia-ganancia, en vez de la dinámica los-ganadores-lo-ganan-todo». Ulrich Beck, Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, Paidós, 2004, pág 124.

Anexos

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