LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

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Nadie asumió responsabilidad política alguna tras el incendio de la cárcel de San Miguel ocurrida hace ocho meses. Aunque entonces perecieron 81 internos y se comprobaron serias negligencias administrativas, el director de Gendarmería continuó en su cargo, lo mismo que hizo el ministro de Justicia de la época y actual titular de Educación. Cortar el hilo por lo más delgado para así salvar el cabo superior, parece convertirse en práctica habitual a la hora de perseguir responsabilidades. Un procedimiento que pone cada vez más en evidencia la brecha abierta entre lo legal y lo legítimo. Lo vimos reaparecer y languidecer durante semanas con ocasión de las irregularidades cometidas por la Intendenta del Biobío. Mientras el Gobierno defendía la actuación de la autoridad, asegurando que su comportamiento se ajustaba a la ley, la opinión pública informada del país, entendía que su proceder se reñía con el servicio cierto, genuino y verdadero del cargo. El mismo razonamiento ha vuelto a deslizar el ministro del Interior frente a la acusación constitucional que se ventila en la Cámara de Diputados. «Se me atribuye responsabilidad constitucional por actos que no me son jurídicamente imputables en forma personal», ha declarado. Sólo que ahora, los acontecimientos del 4 de agosto, por los que se le acusa, se han mezclado con los del 25 de agosto, que vienen a coronar con su primera víctima fatal este modo represivo de responder a la demanda social. Ello, no obstante las premonitorias advertencias de El Molino.

La noche del 25 de agosto, un proyectil calibre 9 milímetros, disparado por la UZI del sargento de Carabineros Miguel Millacura impactó sobre el joven Manuel Gutiérrez provocándole la muerte. Carabineros negó que personal dependiente de su institución estuviese involucrado en los sucesos, y empapada de tal convicción rehusó emprender una investigación sumaria. Sin embargo, cinco efectivos de carabineros, el suboficial autor de los disparos y otros cuatro funcionarios de quienes se sospecha encubrimiento, ya han sido dados de baja y se ha pedido la renuncia del segundo jefe metropolitano, general Sergio Gajardo. Con igual lógica, éste bien podría argüir que no le son jurídicamente imputables en forma personal los actos que invoca el Ministro para pedir su remoción.

Entretanto, estimulada por el ambiente de desconfianza, temor y agresividad instalado en el país en los últimos días, se ha sucedido toda suerte de conjeturas en torno a los hechos. Se culpa a los organizadores de la protesta, se especula sobre la trayectoria de las balas disparadas al aire, se pregunta qué hace un menor con su hermano discapacitado transitando a esas horas de la noche. Se ensayan respuestas para todo, ignorando las libertades públicas, los derechos civiles y las regulaciones que limitan el uso de la fuerza. Pero la gravedad de lo acontecido es inexcusable y así lo ha entendido la Corte Suprema, que ha puesto una dosis de cordura en todo este episodio: «No es tranquilizador que se usen armas contra la población». Y no es tranquilizador que un carabinero viole los procedimientos, intente ocultar pruebas, y concite la complicidad de sus pares en la comisión de un ilícito. Nadie en Chile se puede sentir a su entero arbitrio para abusar de su poder y atacar a personas inermes.

La represión contra los ciudadanos ha ido muy lejos. El responsable de asegurar el orden público no son los estudiantes que convocan a las marchas, ni los trabajadores que se movilizan, ni los parlamentarios que adhieren, ni los partidos que apoyan, sino el Ministerio del Interior bajo cuya dependencia actúa Carabineros. Es hora de separar las cosas: los problemas políticos se resuelven con política, y para ello están los canales de diálogo que granjea nuestra democracia. Los problemas de orden público se resuelven con autoridad, y para eso están las herramientas que ofrecen el estado de derecho y las garantías constitucionales exigibles por los ciudadanos. Y como es necesario separar las cosas, también es preciso distinguir el diálogo y la colaboración con el Gobierno de la interpelación política al Gobierno. Pues el entendimiento no anula la exigencia de responsabilidades políticas.

Las Diez Pruebas

1.- El proyectil recuperado del cuerpo de Manuel Gutiérrez mostró al microscopio cuatro surcos. Los peritos de la PDI supieron de inmediato que no fue disparado por una pistola o revólver, porque los cañones de estas armas dejan seis. Surgió entonces la teoría de la UZI, subametralladora del arsenal de Carabineros que sí deja esa huella balística.

2.- Según los informes entregados por el jefe de la 43ª Comisaría de Peñalolén, mayor Roberto Contreras Silva (dado de baja este martes), el sargento Miguel Millacura fue el único que sacó una subametralladora UZI en la noche en que se produjo la muerte de Manuel Gutiérrez, el jueves 25 de agosto pasado, último día del paro de la CUT.

3.- El mayor Contreras declaró a los fiscales a cargo del caso que el ex sargento le mintió dos veces, no sólo a él, sino que también al superior directo de Millacura, el jefe de la subcomisaría Peñalolén, capitán Carlos Castillo Ahumada (también dado de baja este martes). Millacura aseguró en dos oportunidades que no había disparado la UZI.

4.- La subteniente Claudia Iglesias Luz, quien tenía a cargo el sector en que se produjeron los incidentes, Américo Vespucio con pasaje Amanda Labarca, donde cayó muerto Manuel Gutiérrez, dijo que vio al ex sargento Millacura disparar tres veces. Por no informar oportunamente de esto, la subteniente fue dada de baja el lunes.

5.- Tras descubrirse las mentiras de Millacura, éste dijo que había disparado “al aire” para repeler un supuesto ataque a balazos contra carabineros. La Brigada de Homicidios de la PDI rastreó todo el sitio del suceso y no encontró casquillos ni otras evidencias de un enfrentamiento a tiros. El único proyectil recuperado es el que mató a Manuel Gutiérrez.

6.- Las declaraciones de los testigos Marcelo Sepúlveda, Juan Avendaño, Carlos Martínez, Eva Martínez Lizama, Giuseppe Ramírez y, sobre todo, Gerson Gutiérrez -el hermano minusválido de la víctima- coinciden en señalar que los disparos provinieron del grupo de carabineros que se apostó frente a ellos, al otro lado de Américo Vespucio.

7.- Estos testimonios concuerdan con las imágenes de las cámaras de la Autopista Américo Vespucio, en las que se ve a los carabineros parapetarse en la caletera oriente. El DVD dura 120 minutos y muestra principalmente a mujeres y niños, pero también que los carabineros son atacados a pedradas desde la caletera poniente.

8.- Las mediciones efectuadas por peritos de la PDI arrojaron que la distancia entre la ubicación del sargento Millacura, tras unos bloques de cemento en la caletera oriente, y el lugar en que cayó Manuel Gutiérrez, en el pasaje Amanda Labarca al poniente, es de 150 metros. El alcance efectivo de la UZI es de hasta 200 metros.

9.- El sargento Millacura declaró que se arrodilló para disparar “hacia arriba” con el arma desde su cintura. La autopsia al cadáver de Manuel Gutiérrez concluyó que el proyectil hizo una trayectoria levemente inclinada de arriba hacia abajo. Esto significa que el arma no apuntó en 90 grados, sino que más bien a 45 grados o menos.

10.- Finalmente, el sargento Millacura reconoció que había concurrido al lugar de los hechos por iniciativa propia, sin mediar orden alguna de sus superiores, y que había disparado en dos oportunidades. También admitió que repuso las balas con municiones propias y que limpió el arma “por temor a verme involucrado en los hechos”.

Fuente: La Nación

 

  Enlaces
”Yo en esa oportunidad me reuní con el general Gordon. Me dijo que lo sentía mucho y que esto no iba a pasar de nuevo, porque no era parte de la doctrina de Carabineros”

Emiliano Díaz, abuelo de Cristián Castillo,  joven de 16 años muerto el 11 de septiembre de 2005 por carabinero de Peñalolén con arma no declarada.

9 carabineros destituidos 
Ex senador Cordero: hay personas que buscan “detalles” en Carabineros
Senador Letelier: No puedo pensar que el ministro del Interior haya ordenado que Carabineros fuera a dispararles a personas inocentes
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