LOS UMBRALES DE LA REVUELTA SOCIAL

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Anochece en Santiago y las tiendas del mall se disponen a cerrar. Todavía quedan algunos minutos para que concluya otra larga jornada laboral y los trabajadores del comercio emprendan un también largo regreso a sus hogares. Es entonces cuando, poco antes de las diez, las miradas de los dependientes de un local son distraídas por la pantalla del pequeño televisor donde un presentador relata la elección de la FECH. A primera vista parece una situación algo extraña. De dónde el interés de esos trabajadores en una elección en apariencia tan ajena a sus preocupaciones cotidianas. Qué tienen que ver los avatares del mundo universitario con las vicisitudes propias del trabajo en estas grandes tiendas del retail.

La realidad, que a menudo los consumidores no ven en quienes los atienden, es sin embargo otra. La mayoría de aquellos trabajadores son jóvenes. Una buena parte son jóvenes que desean seguir estudios superiores. No pocos son estudiantes universitarios o egresados que contribuyen de este modo a sostener la pesada carga de sus familias. Pesada carga, porque Chile es un país caro y ganarse la vida comporta una dura lucha diaria para la mayoría de sus habitantes.

La promesa de libertad, igualdad de oportunidades y desarrollo, siguen al debe —escribía un lector de El Mostrador— … Pretender que vivir con 65 mil pesos al mes es sinónimo de superación de la pobreza, me parece una bofetada contra quienes hemos tenido que vivir alguna vez con eso. Llevado a una familia de cuatro personas, son 250 mil pesos. Mientras estudié en la universidad, viví con mis tíos. Éramos cinco. Entre ambos ganaban sobre los 350 mil. Si lo que recuerdo haber vivido no es pobreza, no quiero imaginar cómo será vivir en la indigencia. Mi madre vive sola, con los 150 mil que le envío al mes y los 75 mil de la pensión derivada de la reforma de la Presidenta Bachelet. No sé si me creerán, pero con los recursos que enumero, la vida de mi madre, con el dolor de mi corazón, no es de clase media. [1]

Quienes, por sobre cualquier otra consideración de una estrategia de desarrollo, insisten en las bondades del empleo como instrumento de justicia y de progreso social, deberían prestar atención a la experiencia real de estas nuevas generaciones de chilenos. Hace años ya que estos jóvenes vienen aprovechando las oportunidades que les ofrece la flexiseguridad del mercado de trabajo para procurarse ingresos que, de otro modo, no podrían conseguir. No es que estén satisfechos con sus empleos. Es difícil que se sientan cómodos con jornadas de nueve horas, remuneradas con montos inferiores a lo que regularmente paga un cliente por una sola compra… ¡algo menos de un salario mínimo al mes! Nueve horas sin poder sentarse, tolerando fuertes controles disciplinarios ­—donde beber agua o ir al baño, o incluso comunicarse entre sí, constituyen graciosas discrecionalidades, más que derechos—, y exponiéndose a múltiples riesgos laborales frente a los cuales la autoridad encargada, que escuda sus negligencias en la falta de medios de fiscalización, prefiere hacer la vista gorda.

Luego, lo que aquellos jóvenes ven en las elecciones de la FECH, no es sino un rayo de luz que se infiltra para iluminar sus sombrías realidades y sus inciertos destinos. Son jóvenes que conocen el feo rostro de la explotación. Jóvenes que saben de humillaciones, de discriminaciones y agresiones, y que, si las soportan estoicos y mancomunados, es porque las consideran parte de una situación transitoria de la que un día esperan poder librarse. Saben que el suyo no es ningún horizonte de realización personal. Saben que la educación es el boleto de embarque hacia una vida de mayor autonomía, en un país donde lo único seguro y estable, no son las instituciones, ni las protecciones, ni las regulaciones, ni siquiera el orden público, sino el poder de la riqueza, cuya gravitación social, jerárquica y represiva, se les representa a diario.

Lo que ocurre en el movimiento estudiantil no es indiferente a los modos de existencia de esos jóvenes. La proyección del movimiento es una prolongación de sus propias expectativas personales. La suerte del movimiento está unida a sus particulares esperanzas de independencia y de libertad, a sus sueños de un mejor ser, a la seguridad de sus familias y de sus comunidades de origen. Por eso, es en experiencias microscópicas como la relatada, más allá de cuán conscientes de ello sean sus actores, donde se revela la credibilidad del movimiento estudiantil, su liderazgo político, y las consecuencias de sus aciertos y fracasos. En contraste, es en ellas, asimismo, donde se pone de manifiesto el profundo trastorno que sacude a las instituciones y a la cultura política nacional.

Sólo a la luz de estos cambios de conciencia y de voluntad, expresados en las inéditas convulsiones sociales del último tiempo, es posible entender el fuerte impacto que han provocado en la opinión pública la renovación de los máximos órganos de conducción de la FEUC y de la FECH, así como la derrota sufrida por el alcalde Claudio Orrego en el plebiscito de Peñalolén[2].

Ambas votaciones confirman, lejos de toda tentación laudatoria, la consolidación de una tendencia emancipadora de desenlaces aún insospechados para la ciencia política, la sociología y el derecho. Nos engañaríamos si viéramos en este proceso la sola expresión de una demanda sectorial, como la democratización de la enseñanza, la lucha de fracciones más o menos acendradas en el mundo universitario, o quizá la clásica rivali­dad entre gobierno y oposición. Sería igualmente equivocado pensar que dichas eleccio­nes entrañen la culminación de un movimiento desgastado, vencido y agotado, algo así como el máximo esplendor de una estrella próxima a desaparecer. Y sin embargo es ésta la lectura que hace el oficialismo y, de ahí, su incapacidad para comprender y elaborar la crisis en que se halla sumido. Concederle al movimiento estudiantil la pura puesta en pauta de la demanda educativa; decir que no consiguió nada, sólo fracaso tras fracaso, más que un examen desprejuiciado de la realidad, revela un pavoroso sentimiento de privación y frustración. Porque el mayor logro de los jóvenes consiste en haber llenado un vacío de poder, por extensión, un vacío de conducción y, de cara al porvenir, un vacío de sentido. No debemos ignorar que fueron ellos los que arrancaron al país de su perplejidad, ellos los que acrisolaron sus esperanzas de cambio, ellos, en fin, los que alinearon a la clase polí­tica en torno al verdadero debate de fondo. ¿Acaso no es esto, la persuasión y no la im­posición, el arma por excelencia de los movimientos sociales? ¿No es de la esencia normativa de los movimientos sociales y de las manifestaciones ciudadanas, influir so­bre las autoridades y la opinión pública y sobre sus propios activos, para que tomen un curso de acción, internalicen valores y, en definitiva, acepten la fuerza persuasiva de sus argumentos y testimonios? Fue Charles Taylor quien reservó el concepto de «hiperbien» para denotar aquellos

bienes que no sólo resultan incomparablemente más importantes que otros, sino que, además, pro­porcionan el punto de referencia desde el que los demás son sopesados y juzgados.[3]

El movimiento estudiantil puso en el centro —no del periodismo, que obedece a sus propios operadores de medios, sino de la cultura política— la justicia como valor crucial del orden social.

Si las aspiraciones de construir acuerdos fueron frustradas por la fallida negociación de la ley de presupuestos, a buen seguro el castigo que el Gobierno buscó propinarle al movimiento no hizo sino vigorizar en los estudiantes sus convicciones de cambio, y estimular en los campus su rechazo al gremialismo de inspiración anticomunista y tradi­ción autoritaria. Y si la administración de Piñera ha conseguido un respiro frente al ase­dio de la protesta social, su dilación de las reformas política e impositiva, motivada por la ilusión de que es posible ganar tiempo para salvar futuros trances, ha inyectado mayor presión a una caldera social y política sin válvulas de escape. La combinación de elec­ciones municipales, que tras la inscripción automática movilizará ingentes activos políticos en todo el país, y la irrupción igualmente activa de un malestar colectivo, a estas alturas de profunda insatisfacción con los fundamentos del orden social dominante en Chile, auguran tiempos de inseguridad, inestabilidad e ingobernabilidad no exentos de violen­cia.

Las vías institucionales de resolución de conflictos han sido desbordadas a tal punto que se ha desdibujado el vínculo esencial de la vida en común, como es la correspondencia deseable entre las leyes y la legitimidad de las leyes, entre las normas y la adhesión a las normas. En Chile no hay hogar donde no se converse sobre qué es lo legítimo y qué lo ilegítimo. Consensos otrora indiscutidos acerca del orden, hoy son examinados y refor­mulados a la luz de la experiencia y de la información disponible. Las recriminaciones se tornan recíprocas entre quienes toman posición en el debate, y dejan al descubierto una lucha de valores que apunta a los pilares mismos del orden social. Durante todo un año, afirmaba el flamante presidente de la FECH, el Gobierno ha reprimido a los mani­festantes. Durante todo un año, agregamos nosotros, el Gobierno ha justificado esta re­presión en las motivaciones violentistas que les imputa a los manifestantes. Visto desde la Constitución y el derecho, el encargado de asegurar el funcionamiento de una socie­dad libre y democrática es el Estado. Visto desde la rendición de cuentas de una adminis­tración responsable, quien expresamente reúne estas facultades operativas del cargo es el ministro del Interior. Pero aquí las fronteras del orden legítimo se han desplazado hacia los extremos de lo concebible, para colindar con la violencia social, por un lado, y la violencia del Estado policial, por el otro, ambas construyendo sus propios rituales y cobrándose víctimas entre ciudadanos inermes que reclaman lo mismo seguridad que garantías para sus libertades civiles.

Si la alegoría del desorden social es el fascinante espectáculo de la columna de humo negro saliendo de un bus del Transantiago en llamas, la divisa del Estado policial es la subametralladora UZI del funcionario de Carabineros que se descarga encubierta e indiscriminadamente contra un niño en los oscuros suburbios de la ciudad. Son símbolos cuya función consiste en representar construcciones ideológicas: la deslegitimación del orden versus su reafirmación.

La barricada ardiente es espectáculo y también seña de identidad. La barricada delimita las fronteras entre la identidad del grupo y la de sus adversarios. La barricada es una demanda de reconocimiento público protagonizada por jóvenes anti-sistémicos y contraculturales —usualmente resistidos y aislados por la inmensa masa de manifestantes— que, a través suyo, recrean vínculos de solidaridad y sentimientos de comunidad. Buses y automóviles en llamas son espectáculos de televisión seguidos en vivo y en directo por las audiencias. Son exhibiciones públicas que compiten con los escándalos de las celebridades en su conquista del rating. La hoguera es la búsqueda de la celebridad por otros medios, aunque igualmente degradados. Es la bandera que ondea para reivindicar la pertenencia y la desafección social, el estilo y la diferencia, la norma glorificadora y a la vez recriminadora. Es otra expresión de la solidaridad en una sociedad donde el tejido social ha sido destramado por la acción del mercado y de un Estado que ha resignado sus funciones sociales. Todo ello convierte a la barricada en un ritual de protesta donde la acción social es efectiva y simbólica, estandarizada y reiterada.

Pero la barricada es sólo una expresión violenta de la revuelta social, al igual que lo son la destrucción del mobiliario público, los saqueos de tiendas, los enfrentamientos con la policía, o las irrupciones en dependencias administrativas. Es por su carácter violento que la barricada se distingue de manifestaciones ciudadanas tales como las marchas, las sentadas, los mítines, los cacerolazos, los espectáculos callejeros y las ollas comunes. No es por nada que la sociología defina a la manifestación como

una reunión en la esfera pública con la vocación de ejercer influencia política, social y/o cultural sobre las autoridades, la opinión pública o los propios participantes mediante la expresión disciplinada y pacífica de una opinión o demanda[4].

Las primeras manifestaciones, en el sentido descrito, aparecen en Inglaterra hacia 1815, luego en Francia, el año 1830, en Rusia, Alemania e Italia, durante el periodo de entreguerras, y en los años sesenta, con ocasión de los movimientos estudiantiles y pro derechos civiles y políticos que tuvieron lugar en Europa y América. Corresponden a momentos de intensa convulsión social donde coexisten los medios violentos con los pacíficos. Por eso, no es extraño que tanto la acción violenta como la pacífica se disputen la hegemonía y la conducción de la revuelta social. Esto porque la revuelta, como modalidad del cambio social, deslinda con la reforma, vía que busca canalizar el conflicto a través de la negociación, y con la revolución, camino que puede llegar a generalizar la revuelta al extremo de convertirla en una guerra civil[5].

Sin embargo, el Gobierno, siguiendo una táctica política que busca desacreditar y anular la influencia del movimiento, no se detiene en estas distinciones. Vándalos, saqueadores, encapuchados y manifestantes, son uno solo para los responsables de garantizar el orden público. No se debe permitir que en el país gobiernen los saqueadores, exhorta el ministro Hinzpeter. ¿Saqueadores? Los grandes saqueadores están gobernando el país, son los más ricos, retruca Camila Vallejo, poniendo así una balanza de discernimiento en la conciencia de cada ciudadano: ¿Los saqueadores de tiendas y supermercados son peores que aquellos que se coluden para imponer precios prohibitivos a los medicamentos? ¿Peores que quienes se confabulan para manejar el precio de los alimentos? ¿Peores que los autores de delitos como el perpetrado en La Polar? ¿Y qué lugar le sería asignado en este juicio a la banca que controla los créditos universitarios con aval del Estado mientras recauda las más altas utilidades conocidas en la historia de Chile?

Ninguna de estas interrogantes cae en tierra estéril. Hay que hacerse la idea de un país que está mudando sus percepciones, expectativas y proyectos de vida. La nuestra es una sociedad que, más que un cambio de mentalidad y de conciencia, está experimentando un cambio de convicciones, de creencias y de valores y, por lo tanto, una transformación de sus contextos habituales de vida. Proceso de maduración éste que, durante los últimos meses, ha debido asimilar a fuerza de golpes y duelos. ¡Cómo ignorar que ahí, en la memoria y en el corazón de los chilenos, anidan aún lacerantes el incendio de la cárcel de San Miguel, la muerte de Manuel Gutiérrez, o la desaparición de los veintiún tripulantes del avión siniestrado en Juan Fernández! Con ocasión del memorial levantado en recuerdo de los 81 internos, los familiares de las víctimas instaron al director de Gendarmería —que a un año de la tragedia todavía permanece en su puesto mientras el ministro de Justicia de la época ahora lleva a su cargo la cartera de Educación— a pedir perdón por lo ocurrido. El titular de Justicia les respondió que las responsabilidades no son institucionales, sino personales, pese a que hay ocho funcionarios formalizados por homicidio y cuasidelito de homicidio. Y los familiares del niño Manuel Gutiérrez, al enterarse de la decisión de la justicia de dejar en libertad al ex carabinero Miguel Millacura, único imputado en el caso, no pudieron sino exteriorizar su desilusión con lo dispuesto por la Corte Marcial, habida cuenta que desde 2007 reside en el Congreso un proyecto de ley para que los casos de víctimas civiles de uniformados sean investigados por la justicia civil.

De la salida de la cárcel a la impunidad hay un solo paso y no queremos que eso suceda, no queremos que Manuel sea un Matías Catrileo, no queremos que sea un Jaime Mendoza Collio, que fueron asesinados y ahí quedaron, dijo su hermano[6].

Pero un Estado policial se alimenta y fortalece con incivilidades sociales que son toleradas y promovidas como si formaran parte de la vida cotidiana. Que sea una práctica policial habitual el porte de armas no registradas o declaradas o, que una mal entendida solidaridad de grupo lleve a los funcionarios a soterrar conductas anti-reglamentarias, no puede sino significar que el abuso de poder y la impunidad sean de probable ocurrencia[7]. Que haya ciudadanos disponibles para brindarles adhesión y reconocimiento a comportamientos criminales, que ello sea promovido por autoridades y realizado en instituciones públicas sometidas al control ciudadano, no puede traer sino como consecuencia que bajo el precepto constitucional de las libertades de pensamiento y de expresión parezca lícito segar vidas ajenas o socavar sus derechos.

El comportamiento del ex coronel Labbé, actual alcalde de la comuna de Providencia, ha puesto de relieve dos de las muchas desviaciones autoritarias que conspiran contra las garantías civiles y ciudadanas, y prestan legitimidad al Estado policial que se vive en Chile. De un lado, el uso desproporcionado de la violencia contra menores, y del otro, la apología de la violencia represiva aplicada durante la dictadura militar. El 23 de septiembre, por orden del ex militar, y con la anuencia de la Intendencia Metropolitana, se  produjeron los brutales desalojos de los liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, gaseados cuando aún había alumnos de básica en su interior. Semanas después, el mismo alcalde convocó y celebró en dependencias municipales un homenaje al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, hoy en prisión por la comisión de crímenes de lesa humanidad. La UDI, el partido de los jóvenes gremialistas, no sólo no ha reprobado el comportamiento del edil que milita en sus filas, sino que ha prometido apoyar su reelección.

La violencia represiva ha pasado a ser el procedimiento regular empleado por la administración para inhibir la protesta social. Aún late viva en la memoria de los damnificados de Dichato, aquella madrugada dantesca del 21 de julio cuando efectivos policiales, abriéndose paso a punta de proyectiles y gases lacrimógenos, ingresaron al campamento El Molino donde moraban niños, mujeres y ancianos. Todavía persiste en el recuerdo de los vecinos de Rotonda Grecia la noche del 25 de agosto, ocasión en que el sargento de la 23º comisaría de Peñalolén disparó su subametralladora UZI y dio muerte a Manuel Gutiérrez, un menor de 16 años. La fuerte represión del 4 de agosto en Santiago ya es archivo histórico de Wikipedia. Entonces, cerca de un millar de detenidos, uno por cada cuatro manifestantes y sólo una docena de formalizados, demostró cuán intensa fue la violencia padecida por los jóvenes, en su inmensa mayoría menores de edad. En la misma línea se inscribe el rudo trato propinado por un funcionario de Carabineros a Javiera Sepúlveda, de 14 años, durante el desalojo de la ribera del río Mapocho. Es el modo paulatino y sostenido en que se fortalece la capacidad represiva del Estado. No sólo crece el presupuesto asignado a los medios de violencia, sino que este potencial coercitivo crece tanto por las inversiones en tecnologías más complejas y con mayor capacidad de provocar daño, como por el aumento de la dotación y del adiestramiento del personal policial. Paradójicamente, estos recursos, cuya asignación se justifica en ofrecer una mejor seguridad civil, no consiguen orden ni seguridad públicas y, en cambio, reproducen en su infinita espiral, los medios de violencia empleados contra civiles. Si no fuera por el celo constitucionalista de la magistratura, el Gobierno ya habría involucrado a todo el sistema judicial en los ilícitos que desea ver consumados contra los estudiantes que protestan, metodología del orden a todas luces fracasada, como lo revela de modo elocuente el Caso Bombas, donde no había pruebas, no había testigos, no había un juicio, no había nada.

El ministro Hinzpeter ha abierto y profundizado una brecha entre el Ejecutivo y el Poder Judicial al intervenir repetidamente en las competencias y atribuciones de fiscales y jueces. Son de dominio público sus ya reiterados roces con el fiscal nacional Sabas Chahuán y, últimamente, con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. El ex Presidente Frei ha considerado el proceder del Gobierno como una presión absolutamente inconstitucional que sobrepasa el estado de derecho y que debe ser analizada en el Parlamento.

Renovación Nacional, el partido del Presidente de la República y del ministro del Interior, con la única excepción de sus sectores liberales, se ha alineado con el modelo represivo del Gobierno y ha sumado al clima de tensión interinstitucional, un lenguaje virulento impropio de representantes populares. En el consejo general de Renovación Nacional, su presidente, el senador Carlos Larraín, ha formulado una sentencia sumamente grave.

No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar, ha dicho.

No ha nombrado a los subversivos, aunque sabemos que está hablando, no de algunos, sino de muchos de sus congéneres del bicentenario Congreso Nacional. De hombres y mujeres que juraron o prometieron respetar la Constitución Política del Estado. De gente que aceptó regirse por las normas del derecho, de la institucionalidad jurídica, y de las pautas de tolerancia y de pluralismo. El senador no se ha quedado ahí. Para no dejar lugar a dudas de que sus palabras apuntaban a quienes acusa de subvertir el orden establecido, ha introducido el conocido lenguaje de la guerra usado en los tiempos de la dictadura. Ha agregado que estos

enemigos están al frente y nos dan una guerra, tarde, mañana y noche.

¿Qué conducta espera el senador que siga la audiencia que escuchó y quizá aplaudió sus expresiones? ¿Acaso prepararse para una guerra antisubversiva? ¿Suprimir toda posibilidad de diálogo desde el Gobierno, en el Parlamento, y en todos los campos de actividad social, con los así llamados subversivos? ¿Y a qué conduciría esta guerra?

Subyace en esta espiral de miedos, agresiones y amenazas una inclinación atávica hacia los instintos primarios de conservación. Un impulso irracional hacia la supresión del otro incivilizado, del intruso, del desconocido y dañino para la convivencia colectiva. En el fondo, se trata de un problema de cultura política, de una degradación de los estándares morales de las comunidades. Enfrentar con eficacia este desorden supone restablecer el diálogo moral que es, ante todo, deliberación sobre valores. No una conversación de técnicos, expertos o especialistas, sino de ciudadanos. Pues, aunque el diálogo moral haga referencia a realidades concretas, es fundamentalmente un asunto ético que pone de relieve aquello que la comunidad acepta o condena. Lo más importante del diálogo moral, en una democracia deliberativa, es que a través suyo la gente modifica con frecuencia su conducta, sus sentimientos y sus creencias, sobreponiéndose así al pánico moralque generan crisis políticas como las que estamos viviendo.


[1] Sergio Micco, Oscar Landerretche o del precio de la lealtad, El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/06/oscar-landerretche-o-del-precio-de-la-lealtad/comment-page-1/#
[2] El domingo 11 de diciembre, en una consulta inédita por su alta convocatoria, más de 70 mil electores de Peñalolén se pronunciaron en las urnas sobre los cambios al Plan Regulador Comunal. El rechazo a la reforma propuesta por el alcalde concitó el 52,2% de respaldo contra el 47,8% de la opción Sí. El antropólogo Osvaldo Torres en La derrota de Claudio Orrego, aparecida en El Mostrador, ha escrito que “en estricto rigor ésta no es sólo la derrota del alcalde Orrego, pues quienes apoyaron abiertamente el Sí fueron los concejales del PDC, PPD, PS y también de RN y la UDI, incluida la diputada Angélica Cristi y los comunistas. Desde esta perspectiva es la derrota de los que mandan, de la pequeña elite política de la comuna, por lo que se está reproduciendo lo que ocurre a nivel del país: hay una critica radical al modo de hacer política cuando no cumple con requisitos básicos como es la información clara, la igualdad de acceso a los medios de comunicación, el uso de  recursos no abusivos en las campañas, entre otras cosas”. http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/13/la-derrota-de-claudio-orrego/. El concejal Lautaro Guanca, del partido Igualdad,  sostiene que “el plebiscito demuestra la capacidad del movimiento social de enfrentarse a la clase política tradicional en su conjunto: a  siete concejales, un alcalde, dos diputados y a dos senadores. Todos han apoyado el Sí, hasta el Partido Comunista con su acuerdo político con la Concertación. A la vez nos fortaleció como movimiento social organizado y construir una nueva mayoría en función de un nuevo proyecto comunal”. http://www.elciudadano.cl/2011/12/10/45283/las-claves-del-plebiscito-de-penalolen/
[3]  Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge, 1989, MA: Harvard University Press, pág. 63. Citado por Jesús Casquete, El Poder de la Calle, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pág. 128.
[4] Jesús Casquete, El Poder de la Calle, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pág. 120.
[5] El doctor belga Guy Bajoit ofrece una tipología de las vías del cambio social donde describe cuatro modalidades: la evolución, la reforma, la revuelta y la revolución. Se entiende por revuelta una “movilización espontánea de los miembros de una categoría social en intercambios conflictuales o contradictorios. Esta modalidad de cambio se produce cuando una evolución introduce variaciones importantes en las condiciones de vida de una categoría social”. Véase: Guy Bajoit, Todo Cambia, LOM, Santiago de Chile, 2003, pág. 253 y ss.
[6]  La muerte de Manuel Gutiérrez no es un hecho aislado. El año 2005, en la misma comuna de Peñalolén, en circunstancias parecidas, blanco de los proyectiles disparados por un carabinero con una pistola calibre 38, perdió la vida el niño Cristián Castillo Díaz. En la investigación se descubrió que el policía tenía en su poder un arma no declarada ante la fiscalía. El funcionario fue condenado a una pena de 541 días. Luego que la justicia militar dictara sentencia, el abuelo del menor, Emiliano Díaz, dijo que la condena contra el uniformado “fue un chiste… prácticamente no fue condenado y ni siquiera estuvo media hora en la cárcel”. Díaz agregó que “yo en esa oportunidad me reuní con el general Gordon. Me dijo que lo sentía mucho y que esto no iba a pasar de nuevo, porque no era parte de la doctrina de Carabineros”. http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/08/676859/la-version-del-ex-sargento-me-agache-y-dispare-hacia-arriba-para-amedrentar-a-las-personas
[7] Daniel Cabrera, carabinero de la 43º comisaría de Peñalolén, “en su declaración confesó haber utilizado una pistola calibre 38, que la había comprado en el mercado negro y que era habitual que los carabineros portaran armas no autorizadas en ese tipo de manifestaciones. De los numerosos testimonios recogidos en entrevistas con participantes y testigos esa noche, quedó en claro que efectivos de carabineros efectivamente usaron balas de verdad -en el lugar quedaron más de 40 casquillos de balas de calibre 9 y 38, los dos calibres utilizados entonces por Carabineros- y que en la represión de esas manifestaciones participaron fuerzas de seguridad y carabineros de paisano en vehículos sin identificación.” http://paginapolicial.blogspot.com/2008/06/quin-mat-al-cabo-cristin-vera.html
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One Response to LOS UMBRALES DE LA REVUELTA SOCIAL

  1. Ana Verónica dice:

    Como siempre…., tan certero y tan justo.

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