EL DEBATE SOBRE EL REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO

La lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores y no a su promedio por unidad de ocupación, que depende, como veremos, de un conjunto de fuerzas diferentes. El efecto de la unión de un grupo de trabajadores consiste en proteger su salario real relativo. El nivel general de los salarios reales depende de otras fuerzas del sistema económico.
John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, Nueva York, 1936.

______________________________________________________________________________

1 / Introducción

Han transcurrido más de 75 años desde que el británico J. M. Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo xx, escribiera el epígrafe que hemos seleccionado y que, en términos simples, viene a rebatir la noción neoliberal según la cual los salarios afectarían el nivel general de empleo. 75 años después, la realidad de las economías desarrolladas —especialmente la escandinava—, confirma que, tal como lo imaginaba Keynes, el efecto de los salarios mínimos sobre el empleo depende de muchos factores, como los precios relativos, la estructura salarial, la productividad o la cohesión social, y no sólo de la cuantía misma del salario.

Las nociones keynesianas cobran actualidad en un mundo donde la casi totalidad de las naciones aplica salarios mínimos. Y se tornan aún más pertinentes cuando en Chile el principal argumento esgrimido por quienes se oponen a elevar sustancialmente el salario mínimo, sentencia, sin reservas, que ello generaría desempleo. Aunque frente a la controversia algunos economistas han procurado buscar amparo en cierta neutralidad valorativa —«Aquí no se trata de ser neoliberal ni ninguna de esas cosas», ha dicho Manuel Agosín, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile—, el debate ha tomado las aristas de una lucha ideológica que ha postergado el despacho de la ley más allá del plazo razonable. Debió haber sido publicada el 1º de julio, pero recién el 17 de julio el Senado volverá a votarla. En el ínterin el Gobierno advierte que, por vez primera en la historia democrática reciente, se corre el riesgo de que no haya reajuste. Ello coloca al Ejecutivo en una delicada situación de gobernabilidad, credibilidad y confianza, suscitada a raíz de las tensiones que han afectado a su coalición, y de las dificultades que ha encontrado para gestionar la iniciativa.

2 / La fijación del salario durante la democracia

El debate sobre reajuste del salario mínimo, instituido en Chile en 1937 con el nombre de sueldo vital, se ha venido abordando en el Parlamento desde los inicios de la transición democrática. Los ministerios de Hacienda y Trabajo, en representación del Ejecutivo, gestionan el proyecto legislativo, y la Cámara de Diputados y el Senado, lo sancionan. En la Tabla 1puede verse el proceso seguido hasta ahora. Ahí aparecen el número de la respectiva ley que lo ajusta, la fecha de publicación de la misma, el monto en que se incrementa, y el porcentaje de incremento respecto del salario mínimo vigente.

Como se puede observar en la cronología precedente, en los veintidós años considerados jamás ha dejado de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, por lo que nunca el monto del salario se ha congelado, evento que el ministro Felipe Larraín cree avizorar en la actual discusión.

En los inicios de la transición la oferta se elaboraba previa consulta a la Central Unitaria de Trabajadores, lo que generó importantes beneficios al mundo laboral, fueran estos mensurables en ingresos para la clase trabajadora, o en estabilidad de las reglas del juego, para los empresarios. El diálogo sobre salarios mínimos, impulsado en medio de amenazas de inestabilidad política, benefició el consenso y la participación democrática, y estimuló la gobernabilidad. Gracias a éste, durante el gobierno de Patricio Aylwin más que se duplicó el monto del salario mínimo, pasando de 18 mil, en 1990, a 38 mil pesos, en 1993. Aquellos fueron los incrementos salariales más significativos de fines del siglo pasado, con reajustes nominales de 47, 27 y 15 por ciento al año.

Los criterios que por entonces se aplicaron para determinarlo fueron: primero, recuperar el poder adquisitivo perdido a causa de reajustes inferiores a la inflación; segundo, anticiparse a la inflación esperada; y tercero, permitir que los salarios crecieran más que los salarios medios de la economía. Este último criterio pasó a ser un objetivo redistributivo de la política económica[i].

Con posterioridad, en 1998, crisis asiática ad portas, por primera vez se puso en práctica un mecanismo automático plurianual, que rigió durante 1999, 2000 y 2001. Dicho instrumento se volvería a emplear en 2005 para determinar los reajustes correspondientes a 2006 y 2007. La experiencia se encargaría de demostrar que uno de los efectos de este procedimiento de ajuste plurianual, empujaría los salarios generales a concentrarse en el umbral fijado por el salario mínimo[ii]. No es menor otro factor que está incidiendo en el debate, a saber, que durante la actual administración, concretamente desde marzo de 2011, los trabajadores de casa particular tienen derecho a percibir el mismo salario mínimo nacional que los demás trabajadores[iii].

3 / La controversia sobre el monto del ajuste

La primera propuesta de Hacienda, del 18 de junio de 2012, apuntaba a un incremento del 5% (Véase Anexo I, Proyecto de Ley que Reajusta el Salario Mínimo). Esto significaba llevar el salario de $182.000 a $191.000. Con esta propuesta coincidían la UDI y economistas de alto ascendiente académico, como Joseph Ramos, que, para una inflación esperada de un 3%, y un aumento de la productividad cercano al 2%, aspiraba razonablemente a entre un 5% y un 7% de reajuste. Lo mismo pensaba el ex asesor de Hacienda, Cristóbal Huneeus, quien, preocupado de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, sugería un rango algo más holgado de entre un 5% y un 8%.

En el otro extremo, la CUT se inclinaba por un 37%, es decir, por elevarlo a $250.000. En respaldo a la multisindical, el diputado René Saffirio aseguraba que «no vamos a aceptar ningún salario mínimo inferior a $250 mil, tampoco vamos a ceder a las presiones del gobierno cuando nos atribuya a nosotros una eventual responsabilidad de que los trabajadores se queden sin reajuste… La CUT nos ha dicho claramente que prefieren perder el reajuste de este año, que el reajuste de este año sea cero, antes que bajar la petición que hemos hecho de representar un salario mínimo inferior a $250 mil». En esta misma línea se inscribían las reflexiones de economistas heterodoxos, como Marco Kremerman, para quien el «salario mínimo sólo cubre el 62% de la línea de pobreza familiar (para un hogar promedio de 4 personas y donde sólo una trabaja). Sin embargo, no estamos considerando que la línea de la pobreza ha sido objeto de debate y con urgencia debe actualizarse»[iv]. Y, lo más relevante dentro de la controversia abierta, es que Renovación Nacional, el partido del Presidente, defendía un reajuste del 9,9%, lo que se traducía en subir el monto del salario a $200.000. Nada menos de eso, sostenían sus diputados, aunque en la práctica terminarían votando a favor del 6%.

La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Hacienda, por lo que la cartera debió insistir en el Senado, conseguir el apoyo de los dos tercios de los senadores en ejercicio para reponer la norma, y regresar a la Cámara Baja. Ahí el Gobierno planteó su último ofrecimiento que elevaba al 6% la cifra del reajuste dejando el salario mínimo en $193.000 (Véase ANEXO II, Indicaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley). Adicionalmente, incorporó un nuevo inciso cuatro al artículo 1º de la Ley, por el cual a partir del 1 de julio de 2013 el reajuste se produciría por el solo imperio de la ley, atendiendo el comportamiento del PIB (Véase ANEXO IV, Indicación de Ejecutivo al Proyecto de Ley).

En la sesión del 10 de julio, la Cámara de Diputados rechazó por 60 votos contra 57, la propuesta de $193.000 del Ejecutivo, pero aprobó el mecanismo plurianual de reajuste automático. Este último acaso disipe las tensiones que podrían sobrevenir en un año electoral, como será el 2013, pero dejaría pendiente una cuestión crucial de justicia que, en palabras de Gonzalo Durán, de Fundación Sol, consiste en que «el salario mínimo hoy sólo cubre un 65, 66 por ciento de la línea de la pobreza familiar; y eso es un primer paso que deberíamos poner en el debate»[v]. En abono de lo anterior habría que agregar que la OCDE considera que las diferencias de ingreso en Chile se deben en gran medida a las diferencias salariales y, éstas, a la fuerte y persistente segmentación del mercado de trabajo, contra el cual han resultado inútiles tanto las políticas de subsidios como las tributarias llevadas a cabo hasta la fecha[vi].

4 / El problema de fondo

¿Cuáles son los ángulos de este debate? Primero, el Ejecutivo sostiene que el actual monto del salario mínimo, de 182 mil pesos, es elevado en comparación con el salario mediano de la economía. Segundo, el Gobierno presagia que un monto superior a los 200 mil pesos, como el planteado por Renovación Nacional, podría resultar superior a la productividad y, por ende, generar desocupación. Los economistas de la Fundación Sol —una de las entidades civiles que ha liderado el debate de la Oposición—, refutan el primer argumento por considerar que se funda en un error, cual es la baja mediana de salarios que exhibe Chile, sesgo que regularmente se corrige cotejando el salario mínimo con el PIB per cápita mensual, en cuyo caso el resultado arroja uno de los salarios mínimos más mínimos de la OCDE. Sostienen que «cuando países como Australia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Canadá o Francia tenían el mismo PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra que hoy tiene Chile, su salario mínimo por hora era en promedio el doble que el que exhibe nuestro país en la actualidad». Como fuere, el actual salario mínimo representa el 55% del salario medio nacional, lo cual lo convierte en un salario bajo[vii], condición ésta que tampoco variaría si se elevara a $200.000.

En cuanto al segundo razonamiento, los observadores de la Fundación Sol plantean que si existiera la conexión que señala Hacienda entre remuneraciones, productividad y empleo, ésta debió haberse verificado en el pasado, pero lo que ha ocurrido en los últimos veinte años es que los incrementos de productividad casi han cuadruplicado los de remuneraciones sin producir los efectos especulados. Ello indicaría que los trabajadores han aceptado el salario mínimo por resignación y no por productividad.[viii]

Esta conexión entre incremento del salario mínimo y el desempleo, que no oculta sus pretensiones de validez universal, viene siendo refutada desde hace varios años en Chile. Ya a mediados de los años noventa —tras haberse registrado aumentos inéditos del salario mínimo—, el actual consejero del Banco Central, Joaquín Vial, afirmaba: «No es posible mencionar que la evidencia empírica tanto nacional como internacional pueda ser erguida como conclusiva respecto de validar los resultados negativos en el empleo esperables a partir del modelo estándar del mercado laboral luego de un incremento en el salario mínimo. De hecho, en algunos casos, estas predicciones son desafiadas fuertemente»[ix]. Investigaciones recientes han demostrado que en el Reino Unido, en sus diez años de vigencia, el salario mínimo no ha tenido efectos negativos sobre el empleo[x].

Pero aún en la circunstancia de que un incremento del salario mínimo originara desocupación, existen otras políticas que permitirían neutralizar dicho impacto. La senadora Ximena Rincón se ha referido a ellas: «le hemos dado alternativas al Gobierno, como que subsidie la contratación de las Pymes, o que se subsidie el pago de las cotizaciones, o que se aumente el costo de las cargas familiares, todas alternativas con carga fiscal»[xi].

El Gobierno tiene la palabra.

5 / Conclusiones

No es por nada que la discusión sobre el reajuste del salario mínimo encontrara tantas dificultades para arribar a una salida. Esta sería la última vez, de aprobarse el mecanismo plurianual automático, que las actuales autoridades presenten un proyecto de reajuste antes de abandonar el gobierno, de modo que lo que hoy se resuelva, será decisivo para los siguientes años. Pero, además, porque la opinión pública, las familias, los trabajadores, están mejor empoderados sobre sus demandas y posibilidades, y así lo harán saber cuando, en octubre, deban pronunciarse en las urnas. Para ellos, el salario mínimo es un asunto crucial, no sólo porque fija el piso de la escala de sueldos, sino porque efectivamente protege a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas.

Las movilizaciones sociales no son ajenas a la controversia política abierta sobre salarios y empleo; son expresión de una conciencia de la desigualdad que ve en el crecimiento económico un beneficio —casi un privilegio— para algunos. Hay una percepción de inequidad, como hay también una percepción de esclerosis institucional, de bloqueo de los canales de mediación, participación y diálogo.

Chile es uno de los pocos países miembros de la OCDE donde el Gobierno decide solo, sin consultar a sus interlocutores, sin cuerpo especializado y sin recomendaciones de un cuerpo especializado, sin negociación colectiva y sin organizaciones laborales que puedan hacer oír su voz, el reajuste del salario mínimo. Pero fijar el nivel del salario mínimo no debiera ser algo que resuelva únicamente el gobierno, sino que, antes de la deliberación parlamentaria, debería contemplar la consulta a las organizaciones del mundo laboral y, óptimamente, garantizar la negociación entre los trabajadores, los empresarios y la administración. Esto, sobre todo, cuando en el debate relativo al salario mínimo entran a jugar las necesidades de los trabajadores y de sus familias, tanto como los imperativos del crecimiento, la productividad y el empleo. Lo cual entraña opciones de desarrollo; no de cualquier desarrollo. Francia exhibe uno de salarios mínimos más altos de Europa sin haber aumentado la desigualdad en los últimos veinte años. En contraste, Alemania, donde no existe el salario mínimo, ha visto ensancharse las brechas de desigualdad y estallar las inseguridades de los trabajadores de bajos salarios.

En Chile no existe un Consejo Económico y Social que reúna a los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de la administración, de las universidades e institutos de investigación. Sin embargo, según el Convenio 131 de la OIT, los interlocutores sociales son los representantes de las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, y las personas de reconocida idoneidad para representar los intereses generales del país. Algo que no se cumple y que contribuye al déficit institucional que, a la larga, se traduce en déficit de soberanía y autonomía. Si Chile ha de ponerse a salvo de presiones semejantes a las ejercidas por entidades como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, para reducir los niveles del salario mínimo en Grecia e Irlanda, entre otros países, deberá fortalecer la cooperación entre su Estado, los trabajadores y los empresarios, que son, al fin y al cabo, los que compiten en los mercados externos.

6 / Addenda

El 17 de julio el Presidente de la República despachó a la Cámara de Diputados un veto aditivo por el cual insistía en su propuesta de 193 mil pesos (Véase Anexo V, Veto Presidencial) y para el cual sólo requería la mayoría simple de los parlamentarios que votaran en cada sala. Así fue como el 18 de julio la propuesta gubernamental fue aprobada en la Cámara Baja por 51 votos a favor y 32 en contra y, en el Senado, por 15 votos afirmativos y uno en contra. El Congreso también suprimió el mecanismo plurianual, por lo que el próximo año volverá a debatir el reajuste correspondiente.

13 de julio de 2012

Descargar archivo pdf


[i] Como advierten David Bravo y Joaquín Vial, La fijación del salario mínimo en Chile, elementos para una discusión, Cieplan, Colección de Estudios Nº 45, junio de 1997, página 139.

[ii] Andrés Marinakis señala que “hasta el año 1997, el salario mínimo siguió muy de cerca la evolución de los salarios medios de la economía. Sin embargo, a partir de 1998 estos dos conceptos salariales adoptaron rumbos marcadamente diferentes. Esta brecha se originó como resultado del ajuste trianual establecido en marzo de 1998 y que tomaba como base una inflación estimada que siguió la tendencia prevista, mientras que los incrementos de productividad resultaron mucho más modestos que lo anticipado. Sin lugar a dudas, el énfasis en los aumentos del salario mínimo llevó a una mayor concentración de trabajadores asalariados en los niveles cercanos al mínimo. Mientras en el año 1998 el 28% de los asalariados privados no agrícolas tenían ingresos hasta 1.5 salarios mínimos, en el año 2000 ese porcentaje había aumentado a 35%. En algunos sectores, como por ejemplo en la construcción, los salarios promedio de los trabajadores no calificados prácticamente se igualaron al salario mínimo (en el 2003 el salario mínimo representaba el 94% del salario promedio de los trabajadores no calificados en esta rama).” En: La rigidez de los salarios en Chile, Andrés Marinakis, OIT, Santiago, noviembre 2005, página 9.

[iii] “Este logro se alcanzó a través del aumento progresivo de la tasa salarial del trabajador doméstico, que en un principio se había fijado en el 75 por ciento de la tasa general”. Oficina Internacional del Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo, Boletín Internacional de Investigación Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 127.

[iv] El economista plantea tres escenarios: el primero, supone que en el año 2017 el salario mínimo podría cubrir el 100% de la línea de la pobreza familiar que se utiliza actualmente, para ello se requieren reajustes anuales cercanos a los $30 mil, lo que significa que este año, al menos se debería alcanzar  un salario mínimo de $205 mil, para llegar el 2017 a un valor de $379 mil. Esto implicaría que la razón entre salario mínimo y PIB per cápita avanzaría de 0,34 a 0,44, situándose en un valor intermedio del rango recomendado internacionalmente (entre 0,30 y 0,60); el segundo, utiliza una línea de la pobreza ajustada de acuerdo a las recomendaciones planteadas por el actual ministro de Hacienda. Bajo este esquema, el año 2017 el salario mínimo cubriría el 90% de la línea de la pobreza familiar y sería de $433 mil, lo que significa que este año, al menos se debería alcanzar un salario mínimo de $215 mil, con reajustes anuales cercanos a los $40 mil. Esto implicaría que la razón entre salario mínimo y PIB per cápita avanzaría de 0,34 a 0,50, situándose en un valor intermedio superior del rango recomendado internacionalmente; y el tercero, utiliza el Umbral de Satisfacción Mínimo para una familia de 4 personas como línea de la pobreza. Bajo este esquema, el año 2017 el salario mínimo cubriría el 60% de la línea de la pobreza familiar y sería de $505 mil, lo que significa que este año, al menos se debería alcanzar un salario mínimo de $225 mil, con reajustes anuales cercanos a los $50 mil. Esto implicaría que la razón entre salario mínimo y PIB per cápita avanzaría de 0,34 a 0,58, situándose en un valor superior del rango recomendado internacionalmente. Véase <www.sindicato2tvn.cl/2011/06/fundacion-sol-salario-minimo-deberiera-llegar-a-205-000/>

[vi] Informe OECD en lo relativo al mercado de trabajo chileno, evaluaciones y recomendaciones, traducción no oficial de la parte referida al mercado del trabajo del capítulo preliminar (“Assessment and Recommendations”) del informe de la OECD “Reviews of Labour Market and Social Policies: Chile”, ISBN 978-92-64-06060-9. Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile. Santiago, abril de 2009.

[vii] Se considera un salario bajo la remuneración inferior a los dos tercios del salario medio nacional. Oficina Internacional del Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo, Boletín Internacional de Investigación Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 132.

[ix] David Bravo y Joaquín Vial, La fijación del salario mínimo en Chile, elementos para una discusión, Cieplan, Colección de Estudios Nº 45, junio de 1997, página 128.

[x] El salario mínimo del Reino Unido se puso en práctica en abril de 1999, después de que las reformas en la década de 1980 pusieron fin a la negociación colectiva en varios sectores y abolieron el antiguo sistema de consejos de salarios. Y lo que es más importante, el muy temible efecto negativo en el empleo nunca llegó a producirse en el Reino Unido. En 2009 el presidente independiente de la Comisión sobre Salarios Bajos (Low Pay Commission), el organismo que supervisa la política, recordó que «en sus comienzos, la iniciativa del salario mínimo nacional tuvo sus detractores. Muchos creían que generaría desempleo e inflación salarial. Sin embargo, en una gran cantidad de investigaciones se ha demostrado que el salario mínimo no ha tenido un impacto importante en ninguno de estos factores durante los primeros diez años de vigencia». Oficina Internacional del Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo, Boletín Internacional de Investigación Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 134.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: