GARANTÍAS DE GOBERNABILIDAD

¿Qué harán los liberales cuando mañana el gobierno tenga que regular el lucro? ¿Qué harán cuando deba poner límites a la concentración económica y a la injerencia de los grupos económicos en la actividad de los partidos?

Garantías de gobernabilidad

Qué hay ahí

Por estos días, a propósito de los pactos, coaliciones, acuerdos o alianzas de la oposición, han saltado a la palestra las llamadas garantías de gobernabilidad. La conformación de una mayoría que abarque al máximo de fuerzas de oposición es un desafío que genera incertidumbres. Existen legítimos temores, que los interlocutores políticos creen posible disipar mediante actas de garantías. Temores abonados por el empobrecimiento del debate político, y muchos de los cuales se originan en el mutuo desconocimiento de las tradiciones, vivencias y trayectorias seguidas por los partidos. Al fin y al cabo, las colectividades políticas son comunidades de personas y, en consecuencia, de seres humanos dotados de capacidades de memoria, de relato y de compromiso. Por eso, nada de lo que se diga de un partido deja de afectar la identidad de sus miembros. Cada imputación a la colectividad exhorta al militante a formular un juicio sobre su propia adhesión: ¿Es éste el partido por el que lucho? ¿Cuán responsable soy de lo que se le atribuye a mi partido? Y esta reflexión necesariamente produce cambios en la cultura política de la colectividad.

En el marco de las actividades conmemorativas de los cien años del Partido Comunista, tuve la ocasión de escuchar el relato del joven historiador Rolando Álvarez Vallejos. Se preguntaba el académico cómo había podido sobrevivir el partido de Recabarren desde su creación, en 1912, hasta nuestros días. Antes del golpe de Estado, decía, el Partido Comunista tenía una visión optimista de la historia. Creía ser dueño de una verdad avalada por la razón y la ciencia. Un dogma cuya categórica determinación podría traducirse como vale más estar unidos en el error que divididos por la verdad. Era una colectividad que no obstante su ortodoxia había logrado combinar con éxito la continuidad, el cambio y la flexibilidad. Había luchado durante las primeras décadas del siglo xx dentro de la institucionalidad democrático-burguesa, tradición que habría de reafirmar con mayor fuerza en 1964, y hasta el gobierno de la Unidad Popular, su mejor momento. Precisamente por esta trayectoria institucionalista los comunistas chilenos habían quedado situados a la derecha del movimiento comunista mundial. Con el golpe de Estado sobrevino sin embargo el exterminio y la desmovilización. En 1976 la DINA hizo desaparecer a casi toda la dirección política del partido. La optimista y esperanzada organización se sumió entonces en un drama político, humano y existencial. Todo lo que sus militantes habían creído hasta el golpe, quedó en signo de interrogación. En medio de esta incertidumbre, el uso de la violencia, más que un producto de la reflexión política, surgió como un instrumento defensivo frente a la acción genocida del Estado.

Aunque para vencer su aislamiento los comunistas buscaron reiteradamente tender puentes hacia la Democracia Cristiana, su propuesta de un Frente Antifascista nunca encontró acogida en la falange. La brecha entre ambas fuerzas políticas se había ensanchado demasiado para los delgados hilos que pretendían salvarla. La Democracia Cristiana propugnaba en aquel tiempo la línea denominada de Independencia Crítica y Activa, definición estratégica que comprometía la participación de militantes en el gobierno. Con sólo 29 años, Juan Villarzú se había convertido en director de Presupuestos, cuando con 27 años, Jorge Navarrete Martínez había asumido el cargo de Agregado de Prensa en Londres. Álvaro Bardón, José Luis Zabala y Andrés Sanfuentes se desempeñaban en el Banco Central. Y Carlos Massad y Jorge Cauas en los ministerios de Economía y Hacienda, mientras Pedro Calvo lo hacía en la CORFO. Gonzalo Prieto era Ministro de Justicia, y Alejandro Silva Bascuñan y Enrique Evans, formaban parte de la Comisión de Reforma Constitucional. Sólo Juan de Dios Carmona, Alvaro Bardón, Jorge Cauas y William Thayer, permanecieron fieles al gobierno cuando, en 1977, la Democracia Cristiana dio un giro estratégico hacia el camino de convergencia con la izquierda formulado en el exilio por Jaime Castillo Velasco con el nombre de Una Patria para Todos. Fue aquel año también cuando un grupo de jóvenes democratacristianos protagonizó la primera huelga de hambre en pro del restablecimiento de los derechos humanos.

Si en este camino de convergencia los comunistas han debido enfrentar pugnas y conflictos internos, téngase por seguro que la historia de la Democracia Cristiana no ha sido muy distinta. Por lo mismo, las garantías de gobernabilidad en materias de derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, comportamiento democrático, movilización social, lucro, concentración económica y colusión de intereses, constituyen asuntos que deben ser debatidos y procesados por todos quienes aspiren a un gobierno estable. Esto, porque las garantías de gobernabilidad son, primero, compromisos entre colectividades políticas constituidas. Segundo, son expectativas explícitas y recíprocas entre tales colectividades acerca de lo que será su comportamiento futuro. Tercero, son donaciones de confianza respecto a su genuina voluntad de asumir una responsabilidad común. Cuarto, esta responsabilidad común consiste en emprender acciones dentro de los cauces del diálogo democrático. Y quinto, el diálogo democrático debe permitir que el gobierno sustentado por las colectividades concernidas pueda efectivamente tomar decisiones en beneficio del país. De ello se deduce que lo contrario de dicha garantía es la ausencia de compromiso y, por consiguiente, la presencia de fuerzas políticas cuya acción libre y autónoma, no obstante observar la Constitución y la ley, pueda inhibir la capacidad del gobierno para tomar decisiones. Es bueno preguntarse qué harán los liberales cuando mañana el gobierno tenga que regular el lucro. ¿Qué harán cuando deba poner límites a la concentración económica y a la injerencia de los grupos económicos en la actividad de los partidos?

Las garantías de gobernabilidad no son pactos jurídicos, ni reglas de procedimiento. Más bien son autocontroles políticos destinados a granjearles legitimidad —o sea, reconocimiento y adhesión— a las decisiones gubernamentales. ¿Cómo se traduce esta legitimidad de la acción gubernamental? Desde luego, manteniendo la coherencia de la acción de gobierno. Después, asegurando que el gobierno responda a las aspiraciones y demandas que anidan en la ciudadanía. Por último, que los conflictos generados por el eventual desajuste entre la acción de gobierno y las expectativas ciudadanas, sean canalizados a través del diálogo democrático y por las vías institucionales. Y nada más.

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