ACUSACIÓN A LONGUEIRA

Orrego versus Longueira

Más allá de las auditorías, investigaciones y análisis que se emprendan, es muy improbable que se impulse una acusación constitucional contra Pablo Longueira. El costo de hacerlo sería más alto que el calculado en la acción contra Beyer.

Es sin duda grave lo acontecido con el Censo. Nadie puede creer que la responsabilidad del ex ministro de Economía pueda diluirse en la renuncia del director del INE, o en su propia dejación del cargo. Acaso, por las fuertes repercusiones internacionales que ha tenido el episodio, a final del camino, se concluya en la necesidad de hacer un nuevo censo. Pero, más allá de las auditorías, investigaciones y análisis que se emprendan, es muy improbable que se impulse una acusación constitucional contra Pablo Longueira. El costo de hacerlo sería más alto que el calculado en la acción contra Beyer.

Hay razones de peso. Primero, los tecnicismos envueltos en los errores y secuelas del Censo no están lo suficientemente vulgarizados y apropiados por la opinión pública, como sí lo estuvieron los motivos para acusar a Beyer. De hecho la Cámara de Diputados había investigado la materia y el debate nacional se había centrado en las irregularidades cometidas por universidades privadas, no obstante lo cual, esta misma opinión pública creyó, tiempo después, que la destitución del ex ministro de Educación obedeció a intereses políticos subordinados. Con todo, los abusos en el campo de la educación aún son sentidos por la mayoría de la población, mientras que la estadística censal todavía no abandona las oficinas de la administración, ni los circuitos técnicos de la banca y de los foros internacionales.

Segundo, si conseguir los votos necesarios para aprobar la acusación contra Beyer fue un verdadero parto de los montes, donde incluso se llegó a especular con la renuncia del ministro para ahorrarse la consumación del proceso, hoy ni siquiera está a la mano el mecanismo de la dimisión, por lo que una eventual sanción sería la máxima contemplada, o sea, la inhabilitación de Longueira para ejercer cargos públicos durante cinco años. Es cierto que el ex senador ha anunciado reiteradamente su deseo de retirarse de la actividad política, pero tanto él, como la élite política, saben cuánto vale su aporte a la propia estabilidad de esta elite, de modo que nadie se aventurará a mellar, en una seguidilla de acusaciones, el filo de la herramienta parlamentaria. Además, si el propósito fuera obtener dividendos puramente políticos, el solo inicio de la diligencia contribuiría a acrecentar la popularidad de Longueira en medio de la intensa campaña de primarias presidenciales.

La racionalidad estratégica de Longueira es una de las más agudas de cuantas puede mostrar la dirigencia política chilena. Pragmático, como ingeniero que es, Longueira ha dado pruebas de flexibilidad y disposición al arreglo durante toda su etapa de madurez política, que, probablemente, se inicia en 1999 con la campaña presidencial de Joaquín Lavín. Como timonel de la UDI, pudo haber sacado provecho del difícil trance que enfrentó la Democracia Cristiana a mediados de julio de 2001, momento en que arriesgó la inscripción de 8 de sus 9 candidatos a senadores, y de 51 de sus 56 aspirantes a diputados. Aunque parece evidente que, de haber ocurrido la pérdida de escaños parlamentarios democratacristianos, la polarización política resultante también habría arrastrado consigo a la UDI. Como sea, los votos de la UDI entonces respaldaron una reforma a la legislación que hizo posible la inscripción. Al año siguiente, ante la amenaza desestabilizadora de los casos Coimas y GATE sobre el gobierno del Presidente Lagos, Longueira se abrió a una salida política que vino a plasmarse en el protocolo suscrito a mediados de enero de 2003 conocido como la Agenda de Modernización del Estado. La misma actitud habría de asumir Longueira en los sucesivos desafíos que le tocó afrontar, incluido el de su propia renuncia a la candidatura presidencial el año 2009. En consecuencia, no es la deuda con Longueira, como la fortaleza política de Longueira, lo que hace inviable una acusación constitucional.

Es esta misma característica, que se traduce en la movilización de recursos, expansión de las relaciones de poder y conocimiento del partido que lo postula —atributos de los que carecía Golborne, y que Allamand supo aprovechar—, las que convierten a Longueira en un liderazgo que cambiará la escena política. Longueira es el más fiel exponente de una UDI popular de inspiración humanista cristiana. Con él revive la antigua pretensión gremialista de ocupar el lugar de la Democracia Cristiana desde la trinchera propiamente doctrinaria. Su defensa de la naturaleza humana, de la dignidad espiritual y trascendente del ser humano, del sentido espiritual de la vida, de la familia, de las agrupaciones intermedias entre la familia y el Estado, y del bien común general, explican por qué el primer mensaje de Longueira, tras ser proclamado candidato, fue dirigido al electorado democratacristiano. El líder de la UDI cree representar esos postulados mejor que Orrego, y lo hará sentir acaso sin tocar al candidato de la falange, marcando los contrastes con Michelle Bachelet y con los comunistas.

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