VOTO MÁS DINERO

 

Como el lucro, como el abuso, así también la ilegítima influencia de los poderes fácticos en las decisiones políticas, promete abrirse paso en la agenda pública.

Por estos días llaman a escándalo las revelaciones del asesor de Marta Isasi acerca de que la diputada habría recibido dinero de una empresa salmonera a cambio de su voto favorable a la Ley de Pesca. El episodio ha sido empleado para defender las bondades del proyecto de ley de regulación del lobby que actualmente se discute en el Parlamento. Pero el incidente Isasi no es más vergonzante que las desembozadas confesiones de empresarios y personeros de grandes conglomerados económicos respecto de cómo, a través del financiamiento de campañas políticas, logran inclinar la balanza de nuestra ya desequilibrada democracia representativa. Y en esto también ha habido quienes han querido ir más allá exigiendo que se revele el origen de los fondos usados por los candidatos para conseguir el apoyo de sus electores. Tienen motivos.

Jorge Errázuriz, de Celfin Capital, admite: «He ayudado al ME-O… creo que es bueno que hubiera una persona con ideas independientes, de izquierda, que estuviera fuera de la Concertación, y que fuera una persona con ideas liberales y sin trancas en contra de la empresa». Lo mismo Alvaro Saieh, de Corpgroup: « ¡Claro que hemos financiado…! A aquellos que considero que son un aporte, y también, reconozco, a aquellos que uno conoce».

Teoría y práctica de la deliberación democrática

¿Por qué sorprenden estos comportamientos? ¿Desde qué principios políticos se juzgan ilícitas dichas conductas? Asombran porque se las examina desde el ideal democrático. El ideal democrático sugiere que todos, como ciudadanos libres e iguales, tienen la ocasión de defender con argumentos sus preferencias políticas y, asimismo, la oportunidad de influir en la decisión final. A la luz de sus postulados, las mejores ideas triunfan premiadas con el voto mayoritario de los miembros de una asamblea de representantes o de los mismos electores. Basta para ello que los interlocutores respeten las reglas del intercambio de ideas, lo cual significa hablar un lenguaje inteligible que les permita entenderse. Hablar con objetividad, para que sus ideas puedan ser compartidas. Hablar con convicción para que sus ideas puedan ser creídas. Y hablar con referencia a normas y valores, para que puedan ser reconocidas dentro de un contexto común. El ideal democrático supone que de observarse estas reglas universales de la deliberación, el debate debería conducir al entendimiento, al consenso y a la verdad.

¿Qué ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la política real es que no siempre se imponen las mejores ideas, porque el debate se desenvuelve en un campo de fuerzas donde intervienen los recursos persuasivos de poder. Y en el Chile de hoy, dos recursos de presión que han aflorado con nitidez son el poder económico, cuyo disuasivo es la amenaza de inestabilidad macroeconómica, y el poder de la calle, cuyo apercibimiento es la inestabilidad política. Los vimos desplegarse en la discusión de la Ley de Pesca y en la acusación constitucional contra el ministro Beyer. Si en el primer debate ganaron los grupos económicos, en el segundo predominó la civilidad organizada y movilizada. Se trata, sin embargo, de dos actores con capacidades y recursos muy desiguales.

Las presiones y el control del lobby

Los grupos económicos tienen una mayor capacidad de influencia sobre el gobierno. Controlan la inversión, y por esta vía, el empleo, los salarios, el crecimiento, la inflación, la deuda, los créditos. Pueden cooptar o coartar a los sujetos pasivos de lobby —parlamentarios, ministros, ediles, dirigentes de partidos— permitiéndoles o vedándoles el acceso a los medios de comunicación, a los cargos de la administración y, en general, a las oportunidades de reproducir y acrecentar su influencia. Pueden hacer valer su hegemonía a través de los proyectos legislativos, los programas presidenciales, las plataformas de los partidos, y la nominación de candidatos. La calle, en cambio, apunta a la gobernabilidad. Cuando su convocatoria es exitosa, puede vulnerar la legitimidad del sistema y desacreditar las instituciones, lo cual también puede derivar en abstención electoral, pérdida de popularidad de las autoridades, judicialización de la demanda social y, en el extremo, constituirse en caldo de cultivo para las incivilidades: quema de vehículos, destrucción de mobiliario público, saqueos y agresiones contra las personas.

Frente a este campo de fuerzas que bregan por influir en el debate, resulta de dudosa eficacia la ley que busca regular el lobby, un sucedáneo de la promovida por las mismas fechas en España. Que hayan transcurrido diez años para asumir la suma urgencia de separar la política y los negocios, sólo demuestra la imposibilidad de hacerlo a través de una legislación ad hoc. Suponer que elaborando una lista de autoridades, o creando un registro de las reuniones sostenidas por emisarios privados y sujetos pasivos de lobby, conseguirá que las instituciones funcionen conforme a normas de objetividad e imparcialidad, y que los agentes públicos se inhiban de atender intereses egoístas, sólo puede obedecer a una metafísica concepción de la deliberación democrática. ¿Quién puede creer que los afectados por una política pública contarán con igual oportunidad para dar a conocer sus opiniones? ¿Quién puede pensar que la autoridad, luego de sopesar todos los intereses en juego, decidirá de un modo justificado estrictamente en lo que aprecia como el bien común de la sociedad? ¿Quién puede imaginar que a los ciudadanos les bastará conocer las gestiones públicas que se realizan ante las autoridades en representación de intereses particulares, para confiar en la objetividad de una decisión política?

El verdadero lobby no es el que se ejerce en las oficinas públicas, sino el que tiene lugar en los ambientes privados. Y el control eficaz de las influencias ilegítimas sobre las decisiones de política pública no se consigue multiplicando los ojos sobre las rutinas de la administración —que para eso existe, amén de otras regulaciones, una ley de probidad y transparencia que bien podría incorporar las modestas iniciativas del Ejecutivo—, sino sobre las cuentas corrientes y las declaraciones de impuestos de quienes otorgan y reciben prebendas. Esto, cuando el régimen tributario funciona.

Enlaces

Larroulet: cuando se apruebe esta ley el país dará un salto gigantesco en una nueva institucionalidad

Propuestas de enmiendas en España, 10 de abril de 2012

Propuestas legislativas en Chile, 18 de mayo de 2012

Lobby, agencias de comunicación y el oscuro camino de las platas políticas

Cómo y por qué el lobby no está regulado en Chile

Para gobernar, luz y taquígrafos

Cómo reconstruir el futuro

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