POR LA FUERZA O POR LA RAZÓN

Son dos modos de entender la construcción del orden. Dos tradiciones que tienen historia. Dos mentalidades en constante tensión. Y que, como dos caras de una misma identidad, la de nosotros los chilenos, se exhiben excelsas en el escudo nacional, recordándonos que ambas son constitutivas de la lucha política: por la razón o la fuerza, por el consejo o por la espada.

Pero primero es la razón, y después, sólo después que se ha agotado la sensatez, es la fuerza, el poder, la violencia, la imposición sobre el otro. En nuestra experiencia republicana, sin embargo, el orden de los factores ha sido invertido en incontables ocasiones. Es una guerra de independencia la que da origen al Estado nacional. Son sucesivas guerras civiles las que imponen y reforman el régimen constitucional. Son cruentas luchas obreras el costo de introducir la legislación social. Son violentas campañas de conquista las que anexan nuevos territorios, y también las que subordinan a las naciones originarias. Es un golpe de Estado el que instala el actual ordenamiento institucional, desde la carta magna hasta los modelos de educación, de salud, de previsión, de relaciones laborales, de democracia que nos rigen. La razón vuelve a imperar sólo en los estados de paz, en las treguas o armisticios que suceden a dichos estados de guerra. Y la estabilidad institucional, conseguida gracias al diálogo racional, se torna viable sólo cuando no amenaza el corazón del orden creado por un acto de fuerza. Porque no bien se cuestionen las bases de la estrategia de desarrollo y del régimen político, como en 1964, como en 1970, como ahora, son liberados todos los miedos y todos los caminos de la deliberación democrática son transfigurados en monstruos del desafuero.

En una escala menor, es esta sombra del pasado la que ha vuelto a aparecer la madrugada del jueves, cuando fuerzas policiales emprendieron el desalojo de los pocos colegios en toma que iban quedando. Fue en cumplimiento de la ley y el orden, dijo entonces el Presidente de la República. Pero la ley y el orden ya se estaban cumpliendo con la desocupación pacífica de los más de cien establecimientos en toma. Faltaban menos de veinte, en reemplazo de los cuales los alcaldes habían sugerido al Servicio Electoral recintos alternativos. El Servel no los quiso escuchar. La verdad es que nunca su director, el ex comandante en Jefe del Ejército, estuvo de acuerdo con la idea. El gobierno parecía más preocupado de crear las condiciones para justificar un desmedido uso de la fuerza, desacreditada tras la incursión de Carabineros en la Casa Central de la Universidad de Chile, que de abrirse a la colaboración.

En la jornada de protesta del día anterior se dejó hacer de todo a los encapuchados, como deseando cumplir la profecía según la cual los efectivos policiales se inhibirían de actuar luego de las críticas que recibieron. Los medios de comunicación mostraron una ciudad sitiada por el vandalismo. Reprodujeron las escenas de sencillos ciudadanos convertidos en víctimas de los enfrentamientos, de gente de esfuerzo con sus negocios saqueados, de calles a merced de los levantiscos, de mobiliario público incendiado, de vidrios rotos por doquier. Un espectáculo que sólo podía despertar el repudio de la opinión pública.

Todo ello sirvió como telón de fondo para desacreditar al movimiento estudiantil. En sintonía aparecieron columnas de opinión de propagandistas de derecha exigiendo el desalojo violento de los colegios. Y en sintonía el candidato Longueira hizo del orden público versus la violencia callejera el principal dilema de su franja electoral. Sólo la cruda, pero persuasiva, exhortación de Bachelet previniendo un baño de sangre, fue capaz de moderar los ímpetus del gobierno, que había amenazado con la ocupación militar de los establecimientos.

El gobierno hizo primar la espada sobre el consejo. Desechó el diálogo democrático para obtener pequeñas ventajas electorales. Y en sus relaciones con el movimiento social y con los alcaldes, antepuso la fuerza al entendimiento. Con ello no hizo sino fortalecer los estados de excepción y agudizar el descontento de un país impedido de gobernarse a sí mismo.

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