CATOLICOS FUERA DE LA POLITICA

Papa-Francisco

El Estado —la administración, sus funcionarios y sus autoridades— no puede suspender, limitar o maltratar las opiniones de estas sociedades intermedias sin restringir su libertad y autonomía y sin disminuir la soberanía de la nación de la que es expresión política.

A menudo se invoca la idea del Estado laico para acallar toda opinión religiosa que busque intervenir en la política pública. Pero que el Estado de Chile sea laico, en el sentido que no reconozca a ninguna religión como la oficial, en modo alguno significa que pueda coartar, inhibir o estigmatizar las opiniones de quienes profesen credos religiosos. Porque antes de declararse no confesional, el Estado primero fue neutral. Y por ser neutral es que se obligó a actuar con objetividad e imparcialidad frente a los diversos intereses ciudadanos, fueran éstos religiosos o no religiosos.

Ahora, que el Estado se comporte de manera neutral frente a los ciudadanos, tampoco quiere decir que él mismo sea un aparato neutro, desprovisto de valores. ¡El nuestro es un Estado fundado en valores! Y así lo confirma el primer artículo de su Constitución Política. Es un Estado que encuentra en el valor de los derechos fundamentales de la persona humana el límite al ejercicio de su propia soberanía. Es un Estado sustentado en el valor del servicio a las personas lo cual le exige a sus órganos administrativos respetar y promover las garantías de derechos. Es un Estado que tiene por finalidad el Bien Común, lo que, entre otros, le impone el deber de asegurar a las personas el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

La iglesia Católica —sus pastores, sacerdotes y fieles— es uno de los tantos grupos intermedios que, desde los albores de la república, organizan y dan vida a la sociedad chilena. Y el Estado —la administración, sus funcionarios y sus autoridades— no puede suspender, limitar o maltratar las opiniones de estas sociedades intermedias sin restringir su libertad y autonomía y sin disminuir la soberanía de la nación de la que es expresión política.

La formación de la política pública, sea en los temas del aborto como en los de las reformas política, educacional y tributaria, debe considerar la totalidad de las visiones y opciones, inclusive aquellas opuestas a las del Gobierno, puesto que la voluntad de la mayoría que ha decidido quienes gobiernan no significa la negación del adversario, el avasallamiento de las minorías, ni la anulación de sus ideas. Pero, asimismo, si todos queremos que la deliberación democrática progrese, todos debemos ser capaces de dejar fuera del debate las reprensiones y censuras a la moralidad ajena.

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140606/pags/20140606143824.html

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