EL ROSTRO DEL PROGRAMA

9 mayo, 2017

«Hoy debemos entender la salud como un bien de protección social que pone su acento en las personas como sujetos de derechos exigibles. Nos proponemos avanzar gradualmente hacia un sistema con reglas de garantía y acceso de carácter universal

V Congreso de la Democracia Cristiana, § 267

Pedro García, ex ministro de Salud de Ricardo Lagos, y Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud de Lagos, Bachelet y Sebastián Piñera, son dos figuras destacadas de Progresismo con Progreso. El grupo de talante liberal, erigido como principal detractor de la Nueva Mayoría y activo promotor de la ruptura democratacristiana con la coalición de gobierno, es también la cara visible del programa de Salud de la falange. Su estreno ocurre simultáneo a la crítica que la presidenta del partido ha hecho a la política pública de inversión en infraestructura hospitalaria.

La crítica, sin embargo, omite que los problemas en el sector se arrastran desde la administración Piñera, cuando no se hizo más que licitar y diseñar nuevos hospitales, pues los trabajos de los recintos que efectivamente se levantaron comenzaron en el primer gobierno de Bachelet. Tampoco se hace cargo de la pesada herencia recibida: obras abandonadas, reiterados retrasos, falta de financiamiento, quiebra de empresas constructoras y boletas de garantía falsas. Todo lo cual fue puesto de manifiesto en el Informe emanado de la Comisión Investigadora de Infraestructura Hospitalaria de la Cámara de Diputados, aprobado en abril de 2015.

Aunque el programa de gobierno de la Democracia Cristiana aún no ha sido sancionado por las instancias regulares de la colectividad, lo que se conoce como el bosquejo de bases programáticas asegura que se retomarán las concesiones a privados no sólo para la construcción de hospitales, sino también para parques urbanos, equipamiento deportivo, centros de cultura y transporte público.

Una tibia alusión a lo mal que lo han hecho los privados procura tranquilizar aseverando que los mecanismos vigentes serán revisados y transparentados, algo que ya está realizando el Banco Mundial por encargo del Gobierno.

Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados

ELEFANTES BLANCOS, la experiencia de las concesiones hospitalarias

Empresas abusaron del sistema y generaron la sensación que no se pueden construir hospitales de forma directa

Proyecto de Ley Salvador

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La Vía Rápida En Educación

23 enero, 2011

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A estas alturas parece claro que los liderazgos «renovadores» que se instalaron en la DC, el PS y el PPD, tras la derrota presidencial, están provocando un giro de grandes proporciones en la Concertación. Un cambio cuyo curso de acción amenaza la total extinción de los ideales, valores, estilos, lealtades y, sobre todo, prácticas de cooperación, que la convirtieron en la formidable coalición social y política de la transición democrática chilena.
 
Como en la Crónica de una muerte anunciada, todo el mundo anticipa este fatal desenlace, pero lo acepta con resignación, a ratos con indiferencia y, otras veces, con explícita insensibilidad. Es cierto que la Concertación se encuentra reducida a ciertos ritos políticos e institucionales, como la tradicional reunión semanal de los presidentes de partidos, y los acuerdos de los comités parlamentarios. Es verdad que se halla desprovista de vida partidaria, de sociedad civil, de organización social, e incluso de opinión pública. Pero resulta una paradoja que quienes se declaran concertacionistas hasta la médula de sus huesos, sean precisamente los que pongan en peligro la supervivencia de las mínimas instancias de diálogo que aún subsisten en ella.
 
Lo ocurrido esta semana en el Congreso con el proyecto de reforma de la educación, es un episodio exuberante en desaprensiones, desdenes y exclusiones que, si hablan de algo, es de una nueva forma de desacreditar y, en último término, de desterrar, la deliberación democrática. Con una urgencia injustificable para una transformación social de la envergadura que los neoliberales se proponen emprender en Chile, parlamentarios democratacristianos, socialistas y pepedés, concurrieron con sus votos a la aprobación de este que es uno de los siete proyectos modernizadores del Gobierno. Se trata de un eje emblemático para el presidenciable ministro Joaquín Lavín. Y para el país, de un cambio estructural tan trascendente, como lo es hasta nuestros días, el Plan Laboral de José Piñera. No es por nada que desde mayo de 2010 una comisión integrada al efecto por representantes de los sectores más renuentes a la educación pública, se haya entregado a la tarea de diseñarlo y, ahora, de exaltarlo y de legitimarlo ante los chilenos.
 
El paso dado ha provocado la marginación del Partido Radical y ha llevado a la desafiliación de un diputado socialista. Asimismo, ha profundizado la brecha que separa a los partidos políticos de la sociedad civil, agudizando la conflictividad con organizaciones sociales de reconocido ascendiente y autoridad en la política del sector, como el Colegio de Profesores, las asociaciones de padres y apoderados, y las federaciones estudiantiles.
 
¿Cuál ha sido la racionalidad de esta conducta política? ¿Por qué la premura en despachar el proyecto? La urgencia acordada en el Parlamento se ha fundado en el temor a un «mayo caliente», a una gran movilización ciudadana que hiciera fracasar la iniciativa. No se necesita desmenuzar este argumento para descubrir que comporta una opción estratégica consistente en entenderse con el Gobierno aún a riesgo de abandonar al mundo social. Tiene lógica. Sus mentores creen que la alternativa de la Concertación está hacia la derecha de la misma y no hacia la izquierda.
 
A su vez, el costo de desafectar a senadores y diputados disidentes del Protocolo, se ha amparado en el principio de mayoría de los partidos que sellaron el pacto. Un valor bastante relativo, pues ninguna de estas colectividades fue capaz de asegurar la disciplina de voto de sus parlamentarios. De hecho, en el Senado los presidentes de partidos no lograron comprometer a la cuarta parte de los representantes concertacionistas y, en la Cámara de Diputados, alrededor de un tercio no estuvo disponible. Entonces ¿cuál es la mayoría que se invoca? Pues, la actual; una mayoría líquida y circunstancial, que difícilmente volverá a editarse después de lo aprendido de esta crisis. Piénsese que habría bastado sólo el voto de los democratacristianos para asegurar el quórum requerido. A mayor abundamiento, que democratacristianos esgriman el principio de mayoría para otorgarle un «fast track» al Ejecutivo, después de haber criticado con energía la estrategia de bloques del «tres contra uno» en el seno de la Concertación, constituye una inconsistencia política sin duda irritante para quienes sufren sus consecuencias.
 
¿Qué queda después de todo? Queda un nuevo escenario político. Uno donde emerge un actor claro, perfilado y seguro de sus intereses y posibilidades, y otro que no ha sabido comprender las claves de este actor, no obstante haber sido advertido por la pluma lúcida y pragmática de Edgardo Boeninger.

 

Concertación dispuesta a formar nuevo referente ciudadano

Concertación anuncia participación política y ciudadana para fortalecer rol opositor