EL AMANECER DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: LA REFORMA AGRARIA

28 julio, 2017

El viernes 28 de julio se conmemora medio siglo desde que el Presidente Eduardo Frei Montalva promulgó la Ley de Reforma Agraria, marcando con este hito el amanecer de los derechos económicos y sociales en Chile.

El 4 de septiembre de 1964 fue un día de grandes esperanzas. El día que ocurrió el triunfo de Eduardo Frei Montalva, el joven líder de un también joven movimiento político, la Democracia Cristiana. Más de un millón cuatrocientos mil votos, la más contundente mayoría ciudadana que se recuerde en la historia de la restringida democracia chilena, se habían movilizado para testimoniar su adhesión a una fresca y persuasiva promesa de cambios.

Nacía la Revolución en Libertad, una vía política que por su implantación y mística provocaba desconcierto y animadversión en los ambientes de izquierda y de derecha tradicionales. Ambos sentían que el nuevo movimiento político amenazaba sus intereses y arrebataba sus banderas.

¿Qué era la Revolución en Libertad?

Primero, se trataba de una vía política, no insurreccional, no armada, no violenta y, por lo tanto, pacífica. Segundo, era un camino que se proponía impulsar cambios profundos, los que debían realizarse dentro del estado de derecho y de la legalidad democrática. Tercero, se presentaba como una senda pluralista, tolerante y respetuosa de la diversidad. Frei, en el momento de asumir, la describirá como un camino «de profundas transformaciones y rápidos avances en el orden social y económico, dentro de un régimen que respeta la libertad y la dignidad de la persona humana».

Derechos económicos y sociales universales

El gobierno de Frei habrá de ser el primero en reclamar la jerarquía constitucional de los derechos económicos y sociales. La Constitución italiana, que había entrado en vigor el 1º de enero de 1948, era lo más cercano a la experiencia chilena, y acaso lo más inspirador, tanto por haber sido promulgada por el democratacristiano Alcide De Gasperi, como porque, al igual que en Chile, ahí, por el alto valor acordado al trabajo, habían logrado una fuerte implantación social democristianos, socialistas y comunistas. En su artículo 1° la Carta Magna latina declaraba que «Italia es una república democrática fundada en el trabajo».

La Constitución chilena había quedado desfasada en relación a los grandes avances habidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en materia de derechos fundamentales, de modo que las garantías contenidas en el capítulo III de su texto no conseguían satisfacer las demandas de protección que hacia 1964 ponía en evidencia el movimiento popular. De ahí que la reforma institucional de Frei buscara otorgarle al trabajo, y a los derechos vinculados al trabajo, el mayor reconocimiento jurídico.

En el mensaje al Congreso de noviembre de 1964, Frei expresa su voluntad de «afirmar constitucionalmente el reconocimiento de los fundamentales derechos sociales de las clases trabajadoras chilenas, consagrados en la mayor parte de las constituciones modernas y en instrumentos internacionales a que Chile ha concurrido». Plantea explícitamente el propósito de «estimular la función social del derecho de propiedad y proporcionar al Estado los instrumentos indispensables para realizar, con autorización legislativa, las grandes reformas que son necesarias para hacer accesible la propiedad a la mayoría de los chilenos.»

¿Por qué estos derechos y garantías no habían conseguido permear a la sociedad chilena?

Primero, por la existencia de un orden social fundado en la hacienda señorial que limitaba o negaba su ejercicio. Segundo, porque no estaban establecidos como disposiciones legales escritas y vigentes. Esto explica la necesidad de remover tales obstáculos estructurales a través de un cambio político profundo, y de convertir los derechos —universales desde hacía ya quince años— en derechos positivos a través de una audaz reforma de las instituciones.

«El Gobierno que presido —declaraba Frei en 1964—, plenamente consciente de este hecho, está planteando al país reformas sustanciales que permitan la más rápida transformación de las actuales estructuras sociales, económicas y administrativas, que, en la práctica han impedido hasta ahora el libre acceso del pueblo a la propiedad y uso de los bienes, el ejercicio real de la libertad de asociación en todas sus formas, sean ellas sociales, económicas o gremiales y el derecho a una educación que la capacite para el total desempeño de su condición de ciudadano de un país libre y democrático».

Garantizar a las familias no sólo el acceso a la tierra, sino a los bienes comunes que les permitieran llevar una vida digna, pero también ensanchar la democracia deliberativa sin menguar la democracia de las instituciones, y hacerlo a través de la progresiva participación de las personas y comunidades en las decisiones políticas.

El programa original tenía tres ejes fundamentales. Primero, satisfacer la secular demanda campesina de redistribuir la propiedad rural mediante la Reforma Agraria. ¡La tierra para el que la trabaja! Decía la consigna. Segundo, aumentar la participación del Estado en la explotación de nuestra principal riqueza, la viga maestra de la economía, a través de la llamada Chilenización del Cobre. Y tercero, impulsar y fortalecer la organización y participación de las personas y comunidades —“el gobierno del pueblo comienza con Frei”— por medio de la política pública de Promoción Popular.

Dignidad y seguridad

La Reforma Agraria fue, sin duda, el cambio social más postergado, y por eso, el más esperado y anhelado por el mundo campesino. Con la Reforma Agraria llegaba a su fin un modo de dominación reñido con la dignidad humana, el régimen constitucional y la democracia. La reforma tenía un afán de justicia, cual era integrar al campesinado a la vida social, económica y política del país. Pero, además, tenía la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación a todos los chilenos, sentido que hoy vendría a ser expresado en el concepto de soberanía alimentaria. Así lo confirmaba el Presidente Frei cuando en el momento de promulgar la ley expresaba que ésta «tiene como primer objeto el hombre y su familia y su dignidad esencial como persona y como sujeto de la vida de Chile. Y el segundo, alimentar a nuestro país».

El desafío programático de la Democracia Cristiana era pues generar una activa y rápida incorporación del campesinado a la propiedad de la tierra y al poder político. Se esperaba que antes del año 1973 más de cien mil familias campesinas se convirtieran en nuevos propietarios agrícolas y que, reforzando este proceso de empoderamiento, se organizaran en sindicatos facultados para demandar y defender sus derechos. Y también para enriquecer la vida en comunidad.

En 1967 se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina que, entre otras disposiciones, autorizaba las huelgas. También en 1967 se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Antes de lo cual fue preciso enmendar la Constitución en la parte relativa al derecho de propiedad, con el propósito de ampliar la facultad expropiatoria del Estado, y permitir al Gobierno redistribuir tierras y emprender planes de vivienda y de desarrollo urbano. Lo que, en modo alguno, comportaba una arbitrariedad o un abuso de poder.

El principio jurídico de la reforma mantuvo subordinados los derechos patrimoniales a los derechos fundamentales de la persona. La doctrina garantizaba el respeto a la propiedad privada, pero con arreglo al valor superior del bien común. El gobierno entendía que ambos fines eran perfectamente armonizables: «Basta que el dueño tenga conciencia de la vinculación entre el interés social y el recto ejercicio de sus derechos sobre las cosas, y destierre el falso concepto de poseerlas con el solo fin de satisfacer sólo sus propias necesidades». Y agregaba que la enmienda «… asegura al dueño su derecho a servirse de los bienes, en su provecho; pero, a la vez, faculta al Estado para que asegure la función social de la propiedad».

Durante el siglo xx chileno no existe una época más intensa en luchas de reconocimiento que aquella que se inaugura en 1964. Aquel es un momento crucial en la historia del movimiento popular por instalar en la conciencia política nacional los valores intrínsecamente imbricados de la paz, la igualdad y la protección del más débil. Si, como escribe Walter Benjamin, «cada instante puede convertirse en el juicio final de la historia», 1964 fue uno de aquellos momentos breves y luminosos en que el presente se deja asaltar por la parte inédita del pasado que pugna por hacer valer sus derechos.

Frei encarnaba esas esperanzas. Su intuición política lo había hecho comprender que el reconocimiento de derechos es una relación social, un sustrato espiritual conformado por vínculos afectivos, instituciones jurídicas y cultura común. Había entendido que sin un cambio institucional no era posible el reconocimiento jurídico de tales derechos. Y sobre todo, había llegado a la convicción de que un cambio constitucional podía tener la capacidad de transformar las capacidades humanas disponiéndolas para la conquista de nuevas libertades y derechos.

El Mostrador

Diario Concepción

 

 


EL CASO RINCÓN

27 julio, 2017

Nos parece normal, tolerable, incluso digno de alabanza, que un tribunal moral —como en el que parece erigirse la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana—, publique en dos tercios de página de El Mercurio la opinión que le merece la conducta del militante Ricardo Rincón.

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Camino al Calvario, Pieter Brueghel, 1564, National Gallery de Ottawa, Canadá.

Camino al Calvario es una pintura del holandés Pieter Brueghel que relata la pasión de Jesucristo situada en el Flandes de 1564 durante la ocupación del imperio español. En 2011, bajo la dirección del polaco Lech Majewski, la obra fue llevada al cine con el título El Molino y la Cruz, donde se hace explícita y comprensible la irracional represión de la Inquisición contra la reforma protestante: los hombres eran azotados y crucificados, y las mujeres enterradas vivas.

Todavía podemos estremecernos ante el horror, porque creemos estar lejos de aquellos tiempos de violencia contra el hereje. Pero en esa época, como lo revela el film, la barbarie estaba naturalizada por la dominación imperial, como hoy se naturaliza el desdén hacia el derecho y las instituciones en la vida partidaria de la Democracia Cristiana, por el contexto de crisis que ésta atraviesa.

Nos parece normal, tolerable, incluso digno de alabanza, que un tribunal moral —como en el que parece erigirse la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana—, publique en dos tercios de página de El Mercurio la opinión que le merece la conducta del militante Ricardo Rincón. Nos parece normal que desde el comando de la candidata presidencial se filtre un ultimátum según el cual si la Junta Nacional no lo excluye de la nómina de postulantes al Congreso, como sería el deseo de la candidata, ésta podría declinar su propia opción. Y nos parece también normal que el responsable de contenidos del comando nos advierta que Rincón será un lastre para las campañas presidencial y parlamentaria.

Pero no es normal. La Comisión de Ética es una entidad de consulta, no vinculante, no imperativa, y que, por consiguiente, jamás podría entrar en conflicto de competencias con las entidades formales encargadas de administrar justicia en la Democracia Cristiana, simplemente, porque no está a su nivel y rango. El órgano institucional que tiene por funcióm pronunciarse sobre el comportamiento de los militantes y de garantizar justicia es, según los Estatutos y la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo. Y éste, guste a quien guste y pese a quien pese, dictó explícitamente sentencia sobre el caso. En consecuencia, su fallo debe ser acatado por todas las instancias del partido, desde el órgano colegiado, que es su Junta Nacional, hasta el órgano ejecutivo, que es su mesa directiva. No hacerlo significaría la transgresión de un derecho que es justiciable ante los tribunales nacionales e internacionales.

En contraste con la absolución del Tribunal Supremo, lo que ha hecho la Comisión de Ética al publicar la opinión que se formó sobre el militante, es un agravio humillante que entraña desprecio por la dignidad de la persona. Un ente que incurre en tales desbordes y que, además, delibera política y discrecionalmente sobre la contingencia partidaria, no debiera existir en una colectividad institucionalizada como la que aspira a ser la Democracia Cristiana. Pero, a mayor abundamiento, ¿quién juzga la ética de la Comisión de Ética? A estas alturas de nuestra evolución republicana y democrática, lo que se precisa no es una comisión de ética, sino un partido ético.

Tampoco es normal que con el expediente de que la máxima intancia de decisión de la colectividad está facultada para sancionar la nómina de candidatos, se quiera anular la decisión de la Junta Regional de O´Higgins, cuya jerarquía y competencia está claramente establecida en los Estatutos, y cuyo valor moral no puede ser tenido como inferior al que emana de las deliberaciones de la Junta Nacional. Por eso, quien en el órgano colegiado quiera vetar el nombre del diputado Rincón, tendrá que dar razones, y éstas no podrán ser las que se le imputaron en las instancias de justicia del partido y, menos aún, las que condicionan la continuidad de la candidatura presidencial a la declinación de la re-postulación del diputado.

Por último, no es normal que un comando de campaña, del cual se espera sea representación de toda la militancia, exija a través de uno de sus voceros marginar al parlamentario. Si se admite hoy este tipo de agresiones contra un diputado del partido, amparados sólo en la autoridad política que otorga la vocería circunstancial de un comando, entonces mañana el más sencillo y desempoderado de los militantes podría ser víctima del abuso y la arbitrariedad. Pero quizá en aquel momento entenderemos el sentido de la fatal escalada que tan sabiamente describiera en su sermón el pastor alemán Martin Niemöller:

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar».

Cuando hicieron eso a Rincón, guardé silencio, porque yo no era diputado ni pertenecía a su círculo…

Rincón ante la Junta Nacional

Rincón: la Junta Nacional que resolvió eso está totalmente viciada.

Opinión de la Comisión de Etica del PDC

Rincón sería un lastre

Rincón no está inhabilitado jurídicamente

Rechazo a postulación de Rincón

El siglo que vamos dejando atrás

 


PACTO PARLAMENTARIO AHORA

15 junio, 2017

Un pacto parlamentario que aglutine a su amplio arco de fuerzas, no sólo es viable, sino que puede conquistar un alto quórum legislativo, para lo cual debe fundarse en un compromiso político y programático que permita sustentar la candidatura que pase a segunda vuelta y al futuro gobierno que surja de las urnas.

Nadie puede poner en duda nuestra vocación unitaria para mancomunar a la Democracia Cristiana y a la Nueva Mayoría. Lo probamos cuando impulsamos una mesa integrada encabezada por la senadora Carolina Goic y formada, entre otros, por la diputada Yasna Provoste, primera mayoría del Consejo Nacional. Su misión era aglutinar al partido y elevar su moral interna tras la renuncia del senador Jorge Pizarro. Luego, pese a la caída electoral sufrida en las municipales de octubre, le renovamos nuestra confianza y bregamos por su continuidad. Fue por eso que apoyamos sus mejores opciones en las elecciones territoriales de diciembre y de renovación de directiva de enero.

Su explícito compromiso de reconocer domicilio en la centroizquierda y de concurrir a unas primarias de la Nueva Mayoría, nos llevó a confluir en el consenso que convirtió a Goic en la carta presidencial democratacristiana. No otro fue el espíritu que emanó de la junta nacional de marzo, el mismo que nos animó en el cónclave de abril, cuando reiteramos la necesidad de postular un candidato presidencial y una lista parlamentaria de la centroizquierda como condiciones para un gobierno reformador, mayoritario y estable. Es claro que no fuimos escuchados. Y en una votación secreta, libre y legítima cuyos resultados acatamos, el partido fue puesto en la senda del camino propio que, creemos, difícilmente haya sido el querido en su fuero interno por los delegados.

Los efectos previsibles de esta elección han creado la coyuntura ideal para aquellos que han buscado separar a la falange de la Nueva Mayoría y del gobierno y situarla en la derecha. Pero también es la oportunidad propicia para quienes quisieran deshacerse de la Democracia Cristiana y perfilar una socialdemocracia más nítida y cohesionada. Ambas tendencias podrán propugnar y acaso conseguir una mayor pureza de sus respectivas identidades, pero eso será a costa de abandonar la política del compromiso que, para asegurar reformas y gobierno de mayorías, siempre supone diálogo, renuncia y gradualidad.

En su mensaje al Congreso, la Presidenta Bachelet recordó la trayectoria histórica de este compromiso y exhortó a sus líderes a mirar el mañana para aquilatar el sentido de misión que la convoca. Lo mismo ha hecho el senador Alejandro Guillier al animar a los partidos que lo apoyan a concordar una lista común. Esta disposición nos insta a corregir el rumbo y a reducir sus riesgos. Tal desafío exige asumir que un pacto parlamentario y dos candidatos presidenciales, no siendo el óptimo de ninguna coalición, es un hecho dado sobre el cual debemos actuar para salvar el destino de la centroizquierda.

La Democracia Cristiana ha expresado en sus máximas instancias de deliberación la voluntad de continuar unida a sus antiguos aliados. Todos los sondeos de opinión revelan, asimismo, que la centroizquierda es mayoritaria, y que un pacto parlamentario que aglutine a su amplio arco de fuerzas, no sólo es viable, sino que puede conquistar un alto quórum legislativo, para lo cual debe fundarse en un compromiso político y programático que permita sustentar la candidatura que pase a segunda vuelta y al futuro gobierno que surja de las urnas.

Diputados firman acuerdo
Lista única
Nueva Mayoría por lista única
Lista de centroizquierda

LA RADICALIZACION DEL CAMINO PROPIO

13 junio, 2017

La radicalización del camino propio se revela así como el diseño de largo plazo —no refrendado por ninguna instancia superior— que, de paso, dinamita los pocos atajos que van quedando para arribar a un acuerdo de colaboración con la centroizquierda.

La Junta Nacional DC del 29 de abril no votó por el camino propio ni por abandonar la centroizquierda. Lo que hizo el 63 por ciento de su asamblea —que no la unanimidad anhelada— fue respaldar la voluntad de la senadora Carolina Goic de ir a primera vuelta. Nada más y nada menos. Sin embargo, el giro dado por la colectividad el pasado fin de semana tras el alejamiento de Pablo Badenier como jefe de campaña, se propone consolidar la ruta irreversible hacia ese puerto. El golpe de timón dado este domingo responde a la necesidad de pureza identitaria que se le quiere imprimir a la campaña. Y el perfil de los tres nuevos coordinadores que vienen a sucederlo así lo confirma.

Jorge Burgos representa la política de ruptura con el gobierno de Bachelet, con la Nueva Mayoría, especialmente con los comunistas, y, por cierto, con todos aquellos que acusaron alguna autoría en la apología de la retroexcavadora. Burgos personifica al laguismo democratacristiano. Es la evocación tardía de los primeros años de la transición democrática. El puente tendido hacia los liberales de la ex Concertación, hoy en franca retirada a sus cuarteles de invierno.

Juan Carlos Latorre, como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, es el nexo con los partidos de derecha que actualmente confluyen en el cosmopolita centro reformista, eje del sistema de coaliciones que se pretende reproducir en Chile. Latorre, que en 2009 fue el más renuente de los timoneles de la Concertación a un entendimiento de Frei con Enriquez-Ominami de cara a la segunda vuelta, abriga la convicción, por lo demás ampliamente difundida, de que la coalición de centroizquierda es una trampa para la falange y un daño a su identidad.

Por último, Eduardo Saffirio pertenece a la tradición conservadora neoconfesionalista que —junto a Soledad Alvear, Carlos Massad, Sergio Micco, Patricio Zapata, entre otros— se ha opuesto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Saffirio es de los que hubieran deseado que los parlamentarios y militantes del partido rechazaran este punto programático de la Nueva Mayoría y subordinaran su voto a lo que la iglesia Católica entiende por conciencia recta, informada y responsable. Por su fundamentalismo doctrinario, Saffirio será pues el cedazo que frenará en su origen los signos de mezcla, mestizaje y contaminación progresistas que pudieren exhibir los contenidos programáticos.

La radicalización del camino propio se revela así como el diseño de largo plazo —no refrendado por ninguna instancia superior— que, de paso, dinamita los pocos atajos que van quedando para arribar a un acuerdo de colaboración con la centroizquierda.

Las tensiones que sobrevendrán provocarán en la militancia una fragmentación mucho más severa que esa que, a instancias de una política de hechos consumados, está padeciendo la mesa directiva nacional, paradójicamente elegida como opción unitaria para unir al partido.

El Mostrador


PROMESA Y PUREZA EN LA POLITICA DE CENTROIZQUIERDA

12 junio, 2017

En la promesa, en la fidelidad a la palabra empeñada, es donde se forja el vínculo con el otro y se reconoce su valor.

¿Qué habría ocurrido si el Papa Pío XI no hubiera condenado a Acción Francesa y censurado las publicaciones de su mentor intelectual, Charles Maurras? ¿Qué habría sucedido si Jacques Maritain no hubiera abandonado el movimiento ni hubiera roto con sus antiguos camaradas y amigos?

Probablemente el filósofo francés y su obra, considerada una de las más excelsas que haya producido un teórico católico del siglo pasado, formarían parte del integrismo nacionalista, político y religioso de nuestros días. Tal vez sus ideas no habrían hallado cabida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y quizá nunca habría germinado un partido político progresista de inspiración humanista como la Democracia Cristiana. Pero la historia —que no la especulación sobre lo que pudo haber sido y no fue— es la que conocemos y es la que podemos confirmar.

Aquella historia, que para unos pocos hombres centenarios todavía sigue siendo memoria viva, es el relato de la ruptura irreversible del catolicismo militante con la pureza peligrosa de Acción Francesa, por entonces uno de los embriones más promisorios del fascismo en cierne.

El huevo de la serpiente

El movimiento de ultraderecha nacido a fines del siglo XIX como expresión de los fuertes sentimientos patrióticos que despertó el Caso Dreyfus, episodio de xenofobia antisemita que convirtió en chivo expiatorio a un capitán del ejército francés acusado de colaborar con los alemanes, propugnaba una ideología que combinaba las tres formas conocidas del integrismo. Postulaba un nacionalismo integral, cuya pretensión última era la unificación de todos los nacionalismos preexistentes, la restauración del régimen político monárquico, y un fundamentalismo religioso que exaltaba la superioridad moral del catolicismo para cohesionar a la sociedad francesa.

El integrismo es una obsesión por la voluntad de pureza. Es un gen recesivo que permanece latente en las formaciones políticas y en la psicología de algunos de sus dirigentes, y que, en coyunturas históricas favorables, cobra vigor y fuerza expansiva. Su afán es la búsqueda de una identidad única, libre de contaminación, inalterada e incorruptible ante el paso del tiempo. Su ideal es la comunidad primigenia, la perfección del vínculo social que hace posible la paz, la unidad y la armonía. Aunque reducida a pequeño grupo, lo importante de esta comunidad es su homogeneidad. Por eso, la angustia del integrismo proviene del miedo a la mezcla, a la disgregación y, en consecuencia, al compromiso, pues todo compromiso comporta hacer concesiones, y toda concesión entraña una pérdida de identidad. El solo diálogo racional, objetivo y democrático constituye una amenaza contra la integración de la colectividad porque pone de manifiesto eventuales tensiones y conflictos que podrían dañar la concordia interna. El otro es visto como lo extraño, cuando no como algo hostil que desafía a su ortodoxia. En el otro, lo mestizo, lo contaminado y degradado, radican siempre las culpas políticas. De la promiscuidad con lo otro arrancan las desviaciones que inducen a cometer errores, los que deben ser corregidos para salvar la pureza original de la organización. El integrismo es una distopía que, como el huevo de la serpiente, deja ver la personalidad autoritaria que habita en él.

El arte supremo del compromiso

La política de compromiso, en cambio, es una reacción hacia la voluntad de pureza intrínseca al integrismo. Maritain, que había sido militante activo de Acción Francesa, tenía cuarenta y cinco años de edad cuando en 1927 escribió Primacía De Lo Espiritual, donde refutó el integrismo de Maurras oponiéndole la tesis máxima del pluralismo democrático que, en lo sustantivo, consiste en reconocer el horizonte del otro. Es, sin embargo, en Humanismo Integral, publicado en 1936, cuando su política del compromiso logra mayor consistencia elevándose como fuente de inspiración para la acción colectiva tolerante y comprensiva que dio origen al proyecto histórico concreto de una democracia personalista y comunitaria.

¿Pero qué significa el compromiso? Parafraseando a Paul Ricoeur, podría decirse que el compromiso brota de la capacidad de promesa que, a su vez, presupone decir, obrar, narrar e imputar. Consiste en comprometer la palabra y en limitar así el riesgo de traición y la incertidumbre sobre el mañana. Pues, en la promesa, en la fidelidad a la palabra empeñada, es donde se forja el vínculo con el otro y se reconoce su valor. Por eso, el genuino reconocimiento del otro surge cuando hay reciprocidad, mutualidad, «proporcionar a cambio». Cuando no la hay tienen lugar los desprecios, las humillaciones y las exclusiones.

Esta modalidad superior de generosidad se cimenta en la amistad política. Es un compromiso que trasciende al puro intercambio mercantil. Más todavía, es un compromiso que interrumpe la competencia salvaje del mercado alejándonos de la incertidumbre generada por la lucha de todos contra todos. A esta especie pertenecen los pactos electorales, de gobernabilidad y de coalición, especialmente aquellos que se proponen construir mayoría.

El desafío de la centroizquierda

Cuanto tarde la centroizquierda en recuperar los valores del compromiso político, que son los que permiten la colaboración democrática, será el tiempo que demore en constituirse una alternativa real de transformación para el país.

Tal afirmación entraña varias cosas. Primero, supone la existencia de una centroizquierda, de una cultura política reconocible por las señas de identidad que comparten fuerzas políticas concretas. Segundo, implica que los valores del compromiso político que animaron la acción de la centroizquierda se desdibujaron o se perdieron, y que deben y pueden ser restablecidos. Tercero, infiere que la ausencia —o degradación— de dichos valores ha provocado el consecuente deterioro de hábitos de colaboración esenciales para la formación de la política democrática. Cuarto, entiende que la presencia de prácticas e ideales de cooperación entre las fuerzas políticas de centroizquierda, es condición necesaria para la aparición y viabilidad de una opción de cambio progresista. Quinto, indica que una alternativa de avanzada para ser fiel a su misión debe conducir a formas superiores de organización de las relaciones sociales que, a lo menos, deben estar impregnadas por los principios de la paz, la protección de los más débiles y la realización de la igualdad. Y sexto, sugiere que la administración del tiempo es una convención sobre metas y plazos adecuados a la etapa de desarrollo de la sociedad chilena.

Goic: “Este no es tiempo de timoratos y cobardes”

Goic arremete contra Guillier

El ajuste estratégico

Burgos: “La DC puede perfectamente constituir una lista”

Ser excluido por ser comunista


EL ROSTRO DEL PROGRAMA

9 mayo, 2017

«Hoy debemos entender la salud como un bien de protección social que pone su acento en las personas como sujetos de derechos exigibles. Nos proponemos avanzar gradualmente hacia un sistema con reglas de garantía y acceso de carácter universal

V Congreso de la Democracia Cristiana, § 267

Pedro García, ex ministro de Salud de Ricardo Lagos, y Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud de Lagos, Bachelet y Sebastián Piñera, son dos figuras destacadas de Progresismo con Progreso. El grupo de talante liberal, erigido como principal detractor de la Nueva Mayoría y activo promotor de la ruptura democratacristiana con la coalición de gobierno, es también la cara visible del programa de Salud de la falange. Su estreno ocurre simultáneo a la crítica que la presidenta del partido ha hecho a la política pública de inversión en infraestructura hospitalaria.

La crítica, sin embargo, omite que los problemas en el sector se arrastran desde la administración Piñera, cuando no se hizo más que licitar y diseñar nuevos hospitales, pues los trabajos de los recintos que efectivamente se levantaron comenzaron en el primer gobierno de Bachelet. Tampoco se hace cargo de la pesada herencia recibida: obras abandonadas, reiterados retrasos, falta de financiamiento, quiebra de empresas constructoras y boletas de garantía falsas. Todo lo cual fue puesto de manifiesto en el Informe emanado de la Comisión Investigadora de Infraestructura Hospitalaria de la Cámara de Diputados, aprobado en abril de 2015.

Aunque el programa de gobierno de la Democracia Cristiana aún no ha sido sancionado por las instancias regulares de la colectividad, lo que se conoce como el bosquejo de bases programáticas asegura que se retomarán las concesiones a privados no sólo para la construcción de hospitales, sino también para parques urbanos, equipamiento deportivo, centros de cultura y transporte público.

Una tibia alusión a lo mal que lo han hecho los privados procura tranquilizar aseverando que los mecanismos vigentes serán revisados y transparentados, algo que ya está realizando el Banco Mundial por encargo del Gobierno.

Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados

ELEFANTES BLANCOS, la experiencia de las concesiones hospitalarias

Empresas abusaron del sistema y generaron la sensación que no se pueden construir hospitales de forma directa

Proyecto de Ley Salvador


LA CONVICCION

30 abril, 2017

La actitud de los principales voceros de la tesis, mostraba el aplomo propio de quienes parecían saber que actuaban sobre seguro.

Si nos preguntáramos cuál fue el tono del discurso inaugural de la senadora Carolina Goic en la última junta nacional de la Democracia Cristiana, diríamos que fueron expresiones como «política del matonaje», «ultimátum», «amenazas» y «miedos», un relato diametralmente opuesto al de su proclamación en el conclave del 10 de marzo. Ahí había reiterado su convicción de mantener a la colectividad en la centroizquierda.

«Creo firmemente en la importancia que ha tenido la alianza de la centroizquierda para la gobernabilidad y desarrollo del país —declaró en febrero—. Creo que es importante mantenerla y eso significa sumar fuerzas y llegar a una primaria y tener un candidato único de la fuerza de centroizquierda.»

El de ahora era el lenguaje de la recriminación, de la ruptura y del distanciamiento, un giro que pocos atinaban a comprender y que la mayoría procuraba explicarse.

¿Qué había producido el cambio de convicción de Goic?

El laguismo democratacristiano había resentido el resultado de la elección del Partido Socialista, que auguraba un mal horizonte para las aspiraciones de Ricardo Lagos. La forma en que el Comité Central había granjeado su apoyo a Alejandro Guillier y precipitado el retiro del expresidente, constituía un duro golpe para el sector. El candidato del radicalismo había obtenido el 65 por ciento del pleno, una cifra cercana a las adhesiones que los partidarios de la primera vuelta tenían a su haber en la máxima instancia de deliberación de la Democracia Cristiana.

Por eso, a una semana del cónclave, la convicción de contar con el voto mayoritario de los delegados y la convicción de ir a primera vuelta, fueron todo uno. Luego vinieron el respaldo de Eduardo Frei a la nueva convicción de Goic y el apabullante despliegue comunicacional de los conocidos heraldos del camino propio en las cadenas de El Mercurio y Copesa, y en los principales canales de televisión. Así que cuando el vicepresidente Matías Walker concurrió a la cita reservada de los timoneles de la Nueva Mayoría y les notificó que la tienda iría a primera vuelta, actuaba con la misma certeza de controlar el 62 por ciento de la junta, lo que les espetó osadamente. En los hechos fue el 63 por ciento de los 603 delegados que efectivamente votaron.

Pero Walker no era el único que irradiaba la seguridad del triunfo. La actitud de los principales voceros de la tesis, mostraba el aplomo propio de quienes parecían saber que actuaban sobre seguro. Sus palabras danzaban en una pirotecnia de eufemismos, como la pretensión de que la asamblea estaba de acuerdo en cuestiones esenciales —que el espacio de la DC seguía siendo el de la centroizquierda, que había sido desechado el camino propio, o que se mantendría el apoyo al gobierno— cuando no lo estaba en ninguna.

No pocos arrestos de demagogia y populismo prendían como pólvora frente a una audiencia ampliamente colonizada por enfervorizados invitados fraternales, los primeros en subir al podio y los últimos en permitir la palabra a sus oponentes. Los que ayer habían alentado la candidatura de Lagos y defendido el mecanismo de primarias eran ahora los más exultantes promotores de la primera vuelta. Sin embargo, pese a sus notables giros dialécticos, nunca pudieron demostrar que el domicilio de la DC seguía siendo la centroizquierda en el momento que se consumaba el quiebre con la centroizquierda. Jamás pudieron dar razones de cómo se alcanzaría un acuerdo parlamentario con dos candidatos presidenciales, cuando los demás partidos habían respondido que no estaban disponibles para ello. Y si creían que Goic no tenía cómo vencer en primarias, no pudieron explicar cómo conseguiría hacerlo en noviembre. Fue el profundo vacío estratégico, empapado de voluntarismo mesiánico, que la junta dejó pendiente de ser llenado con racionalidad… y convicción, naturalmente.

Se abre una etapa de incertidumbre que cambiará la relación de la falange consigo misma, con sus antiguos aliados y con el gobierno, pero estos son los desafíos que vencedores y vencidos tendrán que saber administrar en los meses que vienen.

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