ESPEJO DE LA MEMORIA

24 julio, 2017

 

En el espejo de la historia se tornan nítidos y lacerantes los desaires que padecen los derechos fundamentales cuando democratacristianos rechazan la universalidad del acceso a la educación, la interrupción del embarazo en tres causales, o el uso de las aguas como un bien esencial para el derecho a la vida.

El próximo viernes se conmemoran 60 años de la fundación del Partido Demócrata Cristiano. También se celebran 50 años de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, uno de los hitos más trascendentales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el presidente de los campesinos como solía llamarlo la gente sencilla.

Desde entonces, partido y reforma marchan indisolublemente unidos. La cultura popular campesina, profundamente penetrada por las tradiciones cristianas, cifra sus esperanzas de redención en el abanico de partidos humanistas que, en 1957, concurre a la formación de la colectividad. Luego vendrán las grandes victorias municipales de 1963, la Marcha de la Patria Joven, y el triunfo de 1964 que dará inicio a la Revolución en Libertad.

Aquella fue una revolución de la persona, de su dignidad y de sus derechos, y Frei fue el primero en reclamar jerarquía constitucional para los derechos económicos y sociales. Así lo escuchó el Congreso cuando presentó su proyecto de reforma: «Todas las constituciones modernas consagran, en la enunciación de derechos de la persona humana, los derechos de carácter social. Esos derechos, reconocidos en instrumentos internacionales a los cuales ha concurrido el gobierno chileno, forman parte del patrimonio cultural de nuestro tiempo y constituyen la conquista más importante de la gran multitud de los hombres que viven de su trabajo».

En la práctica, todos derechos indivisibles e indisponibles, pues Frei nunca sacrificó la reforma educacional por la ley de guarderías y jardines infantiles, ni la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por el programa de viviendas.

Es el auge de una nueva conciencia política, personalista y comunitaria, según observara Jacques Maritain, su inspirador. Y ésta es la memoria, el espejo de la historia donde los democratacristianos pueden reconocer su identidad y actuar en consecuencia. Ahí se encuentran los valores y principios que empujaron el progreso. Y, en contraste con ellos, se tornan nítidos y lacerantes los desaires que padecen los derechos fundamentales, piedra angular de todo el edificio humanista cristiano, cuando camaradas nuestros rechazan la universalidad del acceso a la educación, la interrupción del embarazo en tres causales, o el uso de las aguas como un bien esencial para el derecho a la vida.

Pero hay un riesgo peor. Y es que, sobre esa memoria luminosa, avanza la sombra que amenaza, más que nuestro domicilio en la centroizquierda, los firmes lazos de camaradería que un día permitieron reconocernos como partido. Somos responsables del eclipse y, por eso,  tenemos el deber de recuperar nuestra antigua lucidez. Es hora de asumir que estamos en presencia de dos candidaturas presidenciales en la Nueva Mayoría. Es hora de admitir que dos listas parlamentarias pueden ofrecer una salida al aislamiento en que se encuentra la Democracia Cristiana. Y es hora de abrirse a la alianza con el Partido Radical y otro más.

http://www.latercera.com/voces/espejo-la-memoria/

Anuncios

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA: FUNDAMENTOS DE UNA COALICION DE CENTROIZQUIERDA

23 febrero, 2017

horizon

La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.

Pocos dudan de la necesidad de pensar una nueva coalición de centroizquierda. La experiencia de la Nueva Mayoría puso en evidencia la enorme brecha abierta entre la idea de impulsar reformas necesarias y ampliamente respaldadas por el país —muy alejadas de la metáfora de la retroexcavadora que proponía desmontar el modelo de desarrollo en un gobierno de cuatro años—, y lo que, bajo el eufemismo de los matices, significó poner frenos permanentes a dichas transformaciones.

Por eso, para cerrar esta brecha y ofrecerle a Chile un gobierno sólido y estable, la actual coalición debe imperiosamente fundar su programa en un consenso sobre la democracia y los derechos humanos. Sin esta visión común de los partidos que la conforman, no sólo su política internacional, sino, crucialmente, su senda de progreso y desarrollo, se verá persistentemente obstaculizada por tensiones y conflictos.

La centroizquierda tiene mucho a su haber en este desafío. Es tributaria de las luchas libradas en contra de la dictadura y en pro de los derechos fundamentales, de la transición democrática que permitió restablecer el imperio de las instituciones libres, de los cambios sociales que han mudado radicalmente la fisonomía de la sociedad chilena, y de una presencia internacional que despierta el respeto de las naciones. Es la vocación que la distingue nítidamente de la trayectoria seguida por la derecha.

Pero los derechos humanos, al igual que el Estado de derecho y la democracia, son realidades que evolucionan y que, por ello, exigen el aggiornamento de nuestras convenciones en torno a ellos. Exhortan, sobre todo a los partidos de inspiración humanista, a reivindicar el valor esencial de la persona contra toda forma de poder, no sólo para asegurar sus mínimos de supervivencia, sino para impulsarla hacia la conquista de una vida buena.

Todos los derechos humanos

Los derechos fundamentales son expectativas de prestaciones, o que comportan prohibiciones, compartidas universalmente por todos los seres humanos por su calidad de personas, o que, como titulares de derechos, les son reconocidos explícitamente por un ordenamiento jurídico. Por esto tienen carácter universal, inalienable e indisponible. Son derechos fundamentales porque amparan a todos los seres humanos, lo cual implica que se reconocen a todos los seres humanos porque éstos son iguales. Y están por encima de las relaciones políticas y de mercado.

Son fundamentales porque tienen como finalidades indisolublemente imbricadas la paz, la igualdad y la protección del más débil. De ello se sigue que cuanto más se garanticen los derechos de la libertad, los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, más fuertes serán las convicciones y las relaciones colectivas gobernadas por la paz. La igualdad de todas las diferencias significa el mismo respeto y tolerancia hacia las diversidades de nacionalidad, de lengua, de sexo, de religión, de opinión política.

Favorecer al más débil frente al poder del más fuerte, es impedir concentraciones de poder e imposiciones de los más fuertes sobre los más débiles. Naturalmente, los derechos patrimoniales que se transan en el mercado no son fundamentales pues no cuentan con los requisitos que los hagan indisponibles, inalienables, inviolables, intransmisibles y personalísimos.

Garantías de derechos: universalidad y gratuidad

La realización de los derechos fundamentales se consigue mediante políticas públicas que los garanticen. La eficacia de estas garantías de derechos radica en que comportan la obligación de satisfacer expectativas positivas como por ejemplo, el acceso a la salud a través del Plan Auge, o a la educación, a través de la Gratuidad Universal, dos realizaciones trascendentales de los gobiernos de centroizquierda. Que, no se olvide, estos avances comportaron regular las isapres y ponerle fin al lucro.

En el horizonte de una práctica de centroizquierda, también el derecho fundamental al agua y al saneamiento, hoy por hoy convertido en bien patrimonial, debe ser un derecho garantizado. Ello entraña que el acceso al agua responda a estándares de calidad, ser proporcionado en los plazos oportunos, salvaguarde a quien no puede costearlo, se mantenga estable a lo largo del tiempo, esté abierto a la participación de sus titulares, sea susceptible de exigibilidad y reclamo, y sea progresivo y actualizable. Lo mismo en materia de régimen previsional, vivienda y alimentación.

Las políticas de centroizquierda se distinguen de las neoliberales en que estas últimas carecen de una teoría que se haga cargo de articular los derechos sociales con sus correspondientes garantías y prestaciones, como se comprueba en el Manifiesto por la República y el buen gobierno difundido recientemente por personeros de la derecha. Aquí los derechos son subordinados al mercado y a las tasas de crecimiento y, en consecuencia, no se expresan en normas generales y abstractas, no siempre comportan obligaciones, y usualmente son servidos a través de decisiones discrecionales, con lo que quedan reducidos a puras declaraciones de reconocimiento.

Lo dicho no es baladí. Tales nociones han penetrado en los partidos de centroizquierda; no digo en sus valores y principios. Pero esto ha generado fricciones intestinas, porque el reconocimiento de garantías no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad orientada a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades humanas reclaman reconocimiento.

No por nada ha crecido la judicialización de las demandas emprendida por ciudadanos y por organizaciones de la sociedad civil, y lo que resulta muy prometedor es que hayan encontrado receptividad en las magistraturas, especialmente en aquellas que se muestran más ágiles y cercanas a la población.

La soberanía popular

De aquí la relevancia que cobra el Estado constitucional de derecho, una estructura jurídica que ha corrido a la par del desarrollo de la democracia y de la humanización de los vínculos sociales. Es al Estado constitucional de derecho a quien corresponde establecer en función de qué contenidos normativos se ejerce el poder, y es a la democracia a quien corresponde determinar quiénes y cómo lo detentan.

Por eso, tiene tanta importancia para la centroizquierda una Constitución Política ampliamente legitimada en una Asamblea Constituyente. Porque en un Estado constitucional de derecho es la voluntad soberana del pueblo la que otorga legitimidad a los procedimientos democráticos y a las protecciones instituidas por los derechos fundamentales. Es un Estado positivo de garantías que, por proteger los derechos fundamentales, determina los límites del poder y, además, satisface las expectativas económicas, culturales y sociales de las personas.

Democracia y derechos están íntimamente ligados. Todo poder democrático encuentra sus límites en la garantía de los derechos de libertad de las personas. Todo poder deslinda con la protección de los derechos sociales reconocidos a las personas. Mientras más extendidas sean las libertades y los derechos sociales, más estrecha será la esfera de influencia del poder político.

La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.


1964, EL AÑO DE FREI

2 septiembre, 2014

Eduardo Frei Montalva

1964 fue, sin duda, el año de Eduardo Frei Montalva. Llegó a La Moneda lleno de fe y de esperanza. Había conseguido ganar con el 56 por ciento de los votos. Creo que intuía la hora de su liderazgo, pues, donde se hiciera presente, en el norte, en el sur, entre los campesinos o en las poblaciones, su figura iluminaba la escena política.

La Marcha de la Patria Joven había sido un acto impregnado de misticismo, de un ritualismo casi religioso y algo desconcertante para sus adversarios. Esta adhesión le insuflaba seguridad y prestancia. En Estados Unidos había declarado sin ambages que si estar en la izquierda era estar con el pueblo, con los trabajadores, con los pobres, en su lucha por la justicia, entonces la DC y su programa estaban en la izquierda. Y lo estaban.

El gobierno de Frei fue el primero en reclamar rango constitucional para los derechos económicos y sociales. Cuando sólo la Constitución italiana de 1948 sentaba el precedente de hacer de Italia una república democrática fundada en el trabajo, lo que Frei aspiraba realizar en Chile, su proyecto de enmienda propugnaba los derechos del trabajador a percibir un salario ético, de acceder a las prestaciones de salud, de ser amparado por la seguridad social, de asociarse libremente y de ejercer el recurso de la huelga. Consignaba asimismo los derechos a la participación, a la educación, a la defensa jurídica y al debido proceso administrativo.

Correspondía al Congreso aprobar el proyecto presentado en noviembre de 1964. Nunca lo hizo. La oposición siempre había temido que las transformaciones en curso favorecieran a los democristianos. Desde la derecha se les imputaba que perjudicaban a las clases medias. Desde la izquierda, a meses de instalado el gobierno, el propio Allende decía que el triunfo de la DC era la victoria sucia de un partido burgués, pro capitalista, pro imperialista, émulo de una sociedad comunitaria que no existía en ninguna parte del mundo, y que tenía el tupé de vestirse con ropajes revolucionarios.

Por eso, lo que al final se aprobó fue otro texto que, en medio del fuego amigo, y no sin condiciones, Frei se vio obligado a enviar en enero de 1969, cuando todavía le acompañaban René Schneider y Edmundo Pérez Zujovic.
http://www.diarioconcepcion.cl/2014/09/02/#2/z


EL CIUDADANO Y EL ESTADO

29 abril, 2014
Monumento a los Derechos Humanos en la plaza de Santo Domingo de Murcia

Monumento a los Derechos Humanos en la plaza de Santo Domingo de Murcia

 

La exoneración sufrida por funcionarios municipales de Maipú ha conmovido a la comuna y desatado una fuerte controversia en el seno de la Democracia Cristiana, partido al que pertenecen tanto los empleados desvinculados como el alcalde autor de la decisión. El hecho entraña un ejercicio ilegítimo de las facultades de la autoridad empleadas en represalia contra quienes profesan opiniones discrepantes. Configura, en consecuencia, un episodio donde el Estado, a través de un órgano descentralizado, busca controlar las opiniones disidentes de los ciudadanos, vulnerando libertades públicas y, dadas las medidas de escarmiento, derechos económicos y sociales.

Exhortado a explicar lo acontecido el alcalde ha justificado los despidos en las atribuciones que la ley le confiere para reestructurar la administración. Un concejal instado a pronunciarse ha expresado no querer intervenir en los asuntos internos de partidos aliados. Y las víctimas han cifrado sus esperanzas de reparación en las resoluciones que pudieran emanar del tribunal supremo de su colectividad. La gravedad del hecho supera, sin embargo, el peso de cualquiera de tales razones, pues lo que se ha configurado es una violación de derechos fundamentales. Lo ocurrido en Maipú es un acto lesivo que, por afectar garantías constitucionalmente reconocidas a los titulares de derechos, trasciende las competencias de los ediles, las eventuales lealtades entre partidos y, por cierto, la esfera jurisdiccional de alguna instancia partidaria.

Lo que está en tela de juicio no son expectativas de derechos cuya satisfacción dependa del incierto consenso político, sino garantías explícitas, exigibles y justiciables de derechos públicos, como son los de reunión, de asociación y de opinión. Lo que se está infringiendo son instituciones imperativas que deben ser obedecidas porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que el Estado está obligado a cautelar. No hacerlo, además de exponerlo a las sanciones de las cortes internacionales, comportaría una negación de la paz, de la igualdad jurídica y de la protección al más débil frente a los abusos de poder, finalidades éstas que le imprimen su carácter de fundamentales a los derechos consagrados.

http://www.diarioconcepcion.cl/2014/04/29/#2/z

 


ESTADO, PERSONAS Y DERECHOS

25 marzo, 2014
Homo Vitruvio, Leonardo da Vinci, 1490.

Homo Vitruvio, Leonardo da Vinci, 1490.

Uno de los efectos más importantes del cambio cultural experimentado durante la presente década, ha sido invertir el discurso de los actores en la escena pública. Hasta hace algunos años, los defensores del modelo imputaban a sus detractores posiciones ideologizadas que, sin respeto por el tiempo y por el lugar en que se desenvolvía la política, se mostraban incapaces de ofrecer soluciones concretas a los problemas de la gente. Hoy, ellos mismos han optado por asumir posturas ideológicas como una manera de enderezar las reformas en curso, situando así el debate en el campo de los valores.

Este reposicionamiento se ha revelado tanto en la controversia sobre la reforma educacional como en la del matrimonio. Respecto de la primera, y en el espíritu de reconocerle estatus público a las universidades privadas, se ha llegado a decir que existiría una esfera pública históricamente separada de la estatal, algo que es ampliamente refutado por los hechos, pues ni ayer ni hoy se ha concebido lo público fuera del orden social, de las tradiciones, de las instituciones y normas, o sea, del Estado, y menos aún en los modernos estados constitucionales, responsables de satisfacer garantías explícitas y exigibles del derecho a la educación.

Respecto de la segunda, se ha reiterado la idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, algo que contradice la historia de los pueblos y de las religiones. Antes del Concilio de Trento el matrimonio era un contrato entre familias, y no entre los cónyuges, y, en la actualidad, bajo la ley islámica, las niñas pueden ser prometidas en matrimonio por sus padres a instancias de un imán. En la antigua Roma se celebraban matrimonios entre individuos del mismo sexo, al igual que en varias sociedades precolombinas.

Esto hace que la verdadera vocación universal del matrimonio sea la de un contrato entre personas y, por lo tanto, entre seres humanos con derechos reproductivos, a la orientación sexual y a la identidad de género. Transformar la reflexión política en puro ejercicio especulativo nos retrotrae a épocas pretéritas, en circunstancias que el conocimiento exhibe hoy sus más altos niveles de desarrollo teórico y de asiento en datos duros de la realidad.

 

http://www.diarioconcepcion.cl/2014/03/25/#2/z

 


LA CULPA DE ECHEVERRIA

4 marzo, 2014
Jesús perdonando a Juan el Bautista

Jesús perdonando a Juan el Bautista

Los fundamentos morales de la censura a Carolina Echeverría comprometen a tal punto el valor de la justicia, o sea, de la equidad, que nos interpelan a todos. La designada subsecretaria de las Fuerzas Armadas es hija del ex coronel Víctor Echeverría, a quien se vincula con graves violaciones a los derechos humanos. Quienes cuestionan su nombramiento, cargan sobre ella las faltas que le atribuyen a su padre e, invocando el principio de corresponsabilidad familiar, le imponen como condición de su inocencia que reniegue públicamente de él.

«Ni usted ni nadie tiene por qué ser víctima del principio de corresponsabilidad familiar —le escribía hace cincuenta años el filósofo polaco Günther Anders a Klaus Eichmann, hijo del criminal nazi Adolf Eichmann—. La procedencia no es culpa alguna, nadie se forja su origen, tampoco usted.»

Anders, por entonces líder pacifista, se lo reitera de manera redundante en su carta abierta de 1963, y en su segunda epístola de 1988. No lo hace para eximirlo de una culpa, sino para persuadirlo de que su única salida, si quiere recuperar la dignidad y el respeto, es desligarse de sus orígenes, renegar de su padre, incluso impugnar la ley de Dios, porque el mandamiento ¡Honra a tu padre y a tu madre! no es válido en todas las circunstancias, le dice, y la deslealtad pasa a ser virtud cuando se practica contra un criminal. Klaus Eichmann, como es sabido, no sólo no respondió a estas exhortaciones, sino que, junto a su hermano, fundó en Buenos Aires el efímero Frente Nacional Socialista Argentino.

Günther Anders ha quedado atrás en el tiempo y, con él, la fatal ligazón entre el acto y su ejecutor. Hoy, otra antropología, la de Paul Ricoeur, que separa al culpable de su acción, nos abre a la posibilidad de perdonar al hombre y condenar su falta.

A través del perdón, y habida consideración de que los crímenes contra la humanidad son imperdonables, la persona puede ser rescatada de la perplejidad en que fue dejada por la culpa, devolviéndosele en efecto su capacidad de acción. Sólo que para ser concedido el perdón debe haber sido imputada una culpa criminal, política, moral o metafísica. ¿Cuál es la de Carolina Echeverría? Ninguna y, por eso, es vana la pretensión de perdonarla.

Diario de Concepción

Nosotros, los hijos de Eichmann

El perdon dificil, propuesta etica y politica de Ricoeur

Echeverría rompe su silencio

AFEP reitera petición

Burgos defiende a Echeverría

No es culpable por lo de su padre


¿UN CHILE MÁS JUSTO PARA TODOS?

9 mayo, 2013

En vez de la miseria

LA REVOLUCIÓN es una ruptura de los modos habituales de hacer política. Es un cambio radical e intenso que se distingue de otras modalidades, como la evolución, la reforma o la revuelta, porque las supera y las subordina a sus propios medios instrumentales. La revolución, cuando predomina, puede interrumpir procesos de transformación más estables y prolongados, puede acelerar mudanzas que hasta entonces seguían cursos graduales, y puede también sofocar o exacerbar las expresiones levantiscas de los sujetos revolucionarios, pero nunca se presenta totalmente separada de estas variantes del cambio social.

Chile no está viviendo una revolución, como cree observar Fernando Villegas, pero se encuentra en medio de una lucha de hegemonía por la modalidad que debe adoptar el cambio. La intuición de Villegas, criticada por recrear una ficción rupturista sólo funcional a escaladas golpistas, es asertiva en cuanto apunta a una crisis de representación que no encuentra salida a través de los actuales cauces de resolución de conflictos.

Y los procesos electorales, como lo confirman las altas tasas de abstención dentro y fuera de los partidos, no están constituyendo ventanas de oportunidad a las expectativas sociales. Sea por las demandas que abriga el electorado, sea por los canales de participación que se le ofrecen, o sea por los estilos de liderazgo que reclaman su adhesión, las aspiraciones de la gente no consiguen sintonizar con la oferta política. Ello, no obstante las nuevas formas de conciencia haber sido alimentadas desde la política. No de cualquier política, claro. Porque fue la política omitida, reprimida o marginada la que se conectó con el descontento social e hizo brotar las movilizaciones ciudadanas de los últimos años. La misma política que no encuentra cabida hoy en el gripado sistema democrático. Como consecuencia, el malestar continúa circulando cual torrente subterráneo: genérico, diverso, impreciso, subpolítico. Trascendiendo a la izquierda institucionalizada, algunos de cuyos miembros más bien buscan contenerlo, y a la derecha de administración que, frente a la crisis de legitimidad del modelo, no logra salir de su desconcierto.

LA POTENCIA CONTESTATARIA de este descontento se ha mostrado tan elocuente, que incluso ha empujado a los defensores del modelo a enmascarar su proyecto político con sorprendentes imposturas ideológicas. «Por un Chile más justo para todos», reza la consigna de Pablo Longueira. El candidato propugna la justicia social, lo que no puede ser entendido sino por oposición a una injusticia estructural que ya no puede ocultarse. Propone un país para todos, lo que significa admitir que una parte de este país ha quedado al margen del desarrollo, o sea, de la estrategia de desarrollo neoliberal, que no otra ha sido la predominante en Chile desde hace unas cuatro décadas. Un modelo que las izquierdas han criticado, no por ser redistributivo, sino precisamente por ser concentrador; y que las derechas han preconizado, no por ser igualitarista, sino por favorecer el libre juego de las fuerzas del mercado, donde triunfa el más fuerte y donde el que no tiene nada no vale nada. Un modelo que, si aún persiste, se lo debe menos a sus virtudes para conquistar mejores estándares de justicia social, que al hecho de haber sido instaurado durante una dictadura, al igual que la Constitución Política que lo ampara, y al régimen electoral que subsidia el poder de veto de la minoría.

Es desde luego extraño ver escrito un postulado del progresismo católico, como es el de la justicia social, en los apuntes del discurso neoliberal. Y es por ello razonable preguntarse qué hace la encíclica Rerum Novarum —un manifiesto que condenaba la explotación de la clase obrera— entre las páginas del pensamiento único que presume ser el neoliberal. Qué coherencia tiene, si históricamente capitalismo y justicia social han sido términos irreconciliables, lo que pone de relieve la Constitución Pastoral Gaudium et Spes al controvertir la ética individualista como contraria al bien común, que es la máxima realización de la justicia social.

¿Justicia social? ¡Old-fashioned! Pronunciaban hasta no hace mucho tiempo, con cierto aire de sofisticada pedantería, sus más conspicuos representantes. Lo hacían desde el Consenso de Washington. Se lo enrostraban a los vencidos de la Revolución Socialista. Pero también a los derrotados de la Revolución en Libertad. Se lo reiteraron a la iglesia Católica cuando ésta habló de salario ético. Cuando, parafraseando a Alberto Hurtado, el Comité Permanente del Episcopado declaró sin ambages que sin justicia social no hay democracia integral. En su reemplazo, ellos, los neoliberales, y quienes se vieron permeados por sus tesis utilitaristas, preferían hablar de equidad; ni siquiera de igualdad. Equidad, una noción más técnica y operativa y, por lo mismo, más manejable para el pensamiento único. Único por sus auto-conferidas credenciales de ciencia económica, pues el resto, si acaso daba para ideología, comportaba pura especulación, un anacronismo más de la era de la globalización.

Dritto NaturaleNO SON LAS DERECHAS LAS QUE GANAN con su impostura ideológica. Por el contrario, son ellas las que deben explicar la inconsistencia de su programa. Porque en los 170 años de vigencia de la noción de justicia social, desde el jesuita Luigi Taparelli hasta nuestros días, el sentido último de dicho principio ha estado orientado a la protección de los derechos fundamentales de la persona. Y nada es más progresista y universal que la lucha por la humanización de las relaciones sociales.

Cuando se desmenuzan las causas de la insatisfacción y los sueños que ésta encarna, se puede advertir que los derechos fundamentales constituyen el motor de la protesta social. No es por nada que la educación sea vista como el principal vehículo de movilidad social y de superación de la pobreza. O que las expectativas de protección estén depositadas en un Estado fuerte con capacidad para hacer efectivas las garantías de seguridad, de salud, de educación, de previsión o de empleo. Es esta misma opinión pública la que, en su inmensa mayoría, reprueba las desigualdades seculares, desconfía de las instituciones, justifica la protesta social y se interesa por la vida política del país, si bien censura el comportamiento de los partidos y de las coaliciones políticas.

¿Qué puede entonces inclinar la actual correlación de fuerzas que tensiona el campo político? ¿Qué y quiénes pueden resolver a su favor la pugna por imponer la modalidad del cambio? Sólo un giro en el debate. La mejor opción será aquella que resulte de un consenso estratégico que ponga en el centro de su proyecto la seguridad civil y social de las personas, lo cual entraña que las demandas de la mayoría sean tratadas como derechos, y las ofertas programáticas sean elaboradas como garantías de derechos.