EL AMANECER DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: LA REFORMA AGRARIA

28 julio, 2017

El viernes 28 de julio se conmemora medio siglo desde que el Presidente Eduardo Frei Montalva promulgó la Ley de Reforma Agraria, marcando con este hito el amanecer de los derechos económicos y sociales en Chile.

El 4 de septiembre de 1964 fue un día de grandes esperanzas. El día que ocurrió el triunfo de Eduardo Frei Montalva, el joven líder de un también joven movimiento político, la Democracia Cristiana. Más de un millón cuatrocientos mil votos, la más contundente mayoría ciudadana que se recuerde en la historia de la restringida democracia chilena, se habían movilizado para testimoniar su adhesión a una fresca y persuasiva promesa de cambios.

Nacía la Revolución en Libertad, una vía política que por su implantación y mística provocaba desconcierto y animadversión en los ambientes de izquierda y de derecha tradicionales. Ambos sentían que el nuevo movimiento político amenazaba sus intereses y arrebataba sus banderas.

¿Qué era la Revolución en Libertad?

Primero, se trataba de una vía política, no insurreccional, no armada, no violenta y, por lo tanto, pacífica. Segundo, era un camino que se proponía impulsar cambios profundos, los que debían realizarse dentro del estado de derecho y de la legalidad democrática. Tercero, se presentaba como una senda pluralista, tolerante y respetuosa de la diversidad. Frei, en el momento de asumir, la describirá como un camino «de profundas transformaciones y rápidos avances en el orden social y económico, dentro de un régimen que respeta la libertad y la dignidad de la persona humana».

Derechos económicos y sociales universales

El gobierno de Frei habrá de ser el primero en reclamar la jerarquía constitucional de los derechos económicos y sociales. La Constitución italiana, que había entrado en vigor el 1º de enero de 1948, era lo más cercano a la experiencia chilena, y acaso lo más inspirador, tanto por haber sido promulgada por el democratacristiano Alcide De Gasperi, como porque, al igual que en Chile, ahí, por el alto valor acordado al trabajo, habían logrado una fuerte implantación social democristianos, socialistas y comunistas. En su artículo 1° la Carta Magna latina declaraba que «Italia es una república democrática fundada en el trabajo».

La Constitución chilena había quedado desfasada en relación a los grandes avances habidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en materia de derechos fundamentales, de modo que las garantías contenidas en el capítulo III de su texto no conseguían satisfacer las demandas de protección que hacia 1964 ponía en evidencia el movimiento popular. De ahí que la reforma institucional de Frei buscara otorgarle al trabajo, y a los derechos vinculados al trabajo, el mayor reconocimiento jurídico.

En el mensaje al Congreso de noviembre de 1964, Frei expresa su voluntad de «afirmar constitucionalmente el reconocimiento de los fundamentales derechos sociales de las clases trabajadoras chilenas, consagrados en la mayor parte de las constituciones modernas y en instrumentos internacionales a que Chile ha concurrido». Plantea explícitamente el propósito de «estimular la función social del derecho de propiedad y proporcionar al Estado los instrumentos indispensables para realizar, con autorización legislativa, las grandes reformas que son necesarias para hacer accesible la propiedad a la mayoría de los chilenos.»

¿Por qué estos derechos y garantías no habían conseguido permear a la sociedad chilena?

Primero, por la existencia de un orden social fundado en la hacienda señorial que limitaba o negaba su ejercicio. Segundo, porque no estaban establecidos como disposiciones legales escritas y vigentes. Esto explica la necesidad de remover tales obstáculos estructurales a través de un cambio político profundo, y de convertir los derechos —universales desde hacía ya quince años— en derechos positivos a través de una audaz reforma de las instituciones.

«El Gobierno que presido —declaraba Frei en 1964—, plenamente consciente de este hecho, está planteando al país reformas sustanciales que permitan la más rápida transformación de las actuales estructuras sociales, económicas y administrativas, que, en la práctica han impedido hasta ahora el libre acceso del pueblo a la propiedad y uso de los bienes, el ejercicio real de la libertad de asociación en todas sus formas, sean ellas sociales, económicas o gremiales y el derecho a una educación que la capacite para el total desempeño de su condición de ciudadano de un país libre y democrático».

Garantizar a las familias no sólo el acceso a la tierra, sino a los bienes comunes que les permitieran llevar una vida digna, pero también ensanchar la democracia deliberativa sin menguar la democracia de las instituciones, y hacerlo a través de la progresiva participación de las personas y comunidades en las decisiones políticas.

El programa original tenía tres ejes fundamentales. Primero, satisfacer la secular demanda campesina de redistribuir la propiedad rural mediante la Reforma Agraria. ¡La tierra para el que la trabaja! Decía la consigna. Segundo, aumentar la participación del Estado en la explotación de nuestra principal riqueza, la viga maestra de la economía, a través de la llamada Chilenización del Cobre. Y tercero, impulsar y fortalecer la organización y participación de las personas y comunidades —“el gobierno del pueblo comienza con Frei”— por medio de la política pública de Promoción Popular.

Dignidad y seguridad

La Reforma Agraria fue, sin duda, el cambio social más postergado, y por eso, el más esperado y anhelado por el mundo campesino. Con la Reforma Agraria llegaba a su fin un modo de dominación reñido con la dignidad humana, el régimen constitucional y la democracia. La reforma tenía un afán de justicia, cual era integrar al campesinado a la vida social, económica y política del país. Pero, además, tenía la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación a todos los chilenos, sentido que hoy vendría a ser expresado en el concepto de soberanía alimentaria. Así lo confirmaba el Presidente Frei cuando en el momento de promulgar la ley expresaba que ésta «tiene como primer objeto el hombre y su familia y su dignidad esencial como persona y como sujeto de la vida de Chile. Y el segundo, alimentar a nuestro país».

El desafío programático de la Democracia Cristiana era pues generar una activa y rápida incorporación del campesinado a la propiedad de la tierra y al poder político. Se esperaba que antes del año 1973 más de cien mil familias campesinas se convirtieran en nuevos propietarios agrícolas y que, reforzando este proceso de empoderamiento, se organizaran en sindicatos facultados para demandar y defender sus derechos. Y también para enriquecer la vida en comunidad.

En 1967 se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina que, entre otras disposiciones, autorizaba las huelgas. También en 1967 se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Antes de lo cual fue preciso enmendar la Constitución en la parte relativa al derecho de propiedad, con el propósito de ampliar la facultad expropiatoria del Estado, y permitir al Gobierno redistribuir tierras y emprender planes de vivienda y de desarrollo urbano. Lo que, en modo alguno, comportaba una arbitrariedad o un abuso de poder.

El principio jurídico de la reforma mantuvo subordinados los derechos patrimoniales a los derechos fundamentales de la persona. La doctrina garantizaba el respeto a la propiedad privada, pero con arreglo al valor superior del bien común. El gobierno entendía que ambos fines eran perfectamente armonizables: «Basta que el dueño tenga conciencia de la vinculación entre el interés social y el recto ejercicio de sus derechos sobre las cosas, y destierre el falso concepto de poseerlas con el solo fin de satisfacer sólo sus propias necesidades». Y agregaba que la enmienda «… asegura al dueño su derecho a servirse de los bienes, en su provecho; pero, a la vez, faculta al Estado para que asegure la función social de la propiedad».

Durante el siglo xx chileno no existe una época más intensa en luchas de reconocimiento que aquella que se inaugura en 1964. Aquel es un momento crucial en la historia del movimiento popular por instalar en la conciencia política nacional los valores intrínsecamente imbricados de la paz, la igualdad y la protección del más débil. Si, como escribe Walter Benjamin, «cada instante puede convertirse en el juicio final de la historia», 1964 fue uno de aquellos momentos breves y luminosos en que el presente se deja asaltar por la parte inédita del pasado que pugna por hacer valer sus derechos.

Frei encarnaba esas esperanzas. Su intuición política lo había hecho comprender que el reconocimiento de derechos es una relación social, un sustrato espiritual conformado por vínculos afectivos, instituciones jurídicas y cultura común. Había entendido que sin un cambio institucional no era posible el reconocimiento jurídico de tales derechos. Y sobre todo, había llegado a la convicción de que un cambio constitucional podía tener la capacidad de transformar las capacidades humanas disponiéndolas para la conquista de nuevas libertades y derechos.

El Mostrador

Diario Concepción

 

 


LA LISTA DE LA MUERTE

13 octubre, 2015

Frei

En octubre de 1977 se hizo pública la «lista de la muerte» que la DINA, por orden de Pinochet, había encargado ejecutar al sicario Michael Townley. En la nómina, como por entonces se supo en Suecia, aparecían, entre otros blancos de la acción terrorista del régimen, Bernardo Leighton, Orlando Letelier, Eduardo Frei Montalva y Olof Palme.

Más que un registro intimidatorio, la «lista de la muerte» fue una verdadera sentencia capital. Leighton y su esposa, habían conseguido salvar con vida del fallido atentado que sufrieron en Roma el año 1975. Pero Letelier y su asistente, perecieron al año siguiente en Washington, víctimas de una bomba activada por control remoto. Frei murió en 1982 envenenado por efecto de los químicos que le fueron administrados semanas antes en la Clínica Santa María. Y el Primer Ministro sueco Olof Palme, fue asesinado a quemarropa en Estocolmo en 1986, cuando, acompañado de su mujer, caminaba sin escolta de regreso a su casa.

Después del Golpe, y hasta su muerte, Frei fue la figura más prominente de la escena política chilena. Cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de imaginar y conducir una salida pacífica a la democracia.

Si alguna vez escribió que la verdad tiene su hora, quizá nunca como entonces estuvo más consciente de que esta hora, el momento en que todas las voces de justicia se concentraban en su voluntad de lucha, había llegado para él. Lo demostró con ocasión de la Consulta Nacional de enero de 1978. Lo asumió con audacia y determinación en la primera y multitudinaria manifestación pública de la disidencia que tuvo lugar en el Teatro Caupolicán, cuando, en vísperas del Plebiscito de 1980, ratificatorio de la actual Constitución, Frei postuló una transición a la democracia de tres años y una asamblea constituyente encargada de elaborar la nueva Carta. Lo reafirmó seis meses antes de su muerte, en una de las coyunturas más cruciales de la movilización política y social contra el régimen, aquella en que, desde comunistas a democratacristianos, proclamaron el Pliego de Chile.

Manuel Bustos y Alamiro Guzmán, máximos dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical, habían sido encarcelados por ello y, por eso, Frei y Tucapel Jiménez, líder de la ANEF, asesinado pocos días después del deceso del ex presidente, protagonizaron en la Vicaría Pastoral Obrera un acto de solidaridad con los sindicalistas. Su actitud unitaria constituyó un abierto desafío al gobierno, pues, en la oportunidad se anunció la formación del Comité de Defensa de la Libertad Sindical, precursor de las protestas nacionales que habrían de sobrevenir.

Frei se sentía profundamente comprometido con el destino del país. Quizá por eso calculaba cada uno de sus pasos, lo que a menudo ha sido visto como la vacilación clásica del intelectual presa de sus convicciones morales, la irresolución subyacente de quien llegó a creer que, si el golpe de fuerza había sido inevitable, no lo eran sus secuelas de represión y muerte, o la ambigüedad derivada de la inconsistencia entre los horrores del poder y las tradiciones democráticas de los institutos armados.

Hoy, gracias a la desclasificación de archivos estadounidenses, de su accesibilidad pública y universal, y de su organización y análisis hechos por historiadores y cronistas contemporáneos, como Olga Ulianova o Carlos Basso, podemos mirar las cosas desde otro prisma y, en consecuencia, deconstruir y reconstituir nuestra memoria.

Ahora sabemos que, ya en septiembre de 1973, Frei temía por su vida y que, incluso, habría pensado en exiliarse. Sabemos que, informado de las ejecuciones sumarias, de las torturas a que eran sometidos los prisioneros, y de las intimidatorias redadas practicadas en las poblaciones, tempranamente le representó al general Bonilla, ministro del Interior de la época, su protesta por las violaciones de los derechos humanos, las garantías de los trabajadores y las libertades públicas.

Desde los inicios de la dictadura, se habían venido alimentando y vigorizando dos fuerzas en pugna. Por una parte, la de amplia unidad política y frontal oposición a la dictadura, que se desarrollaba en el seno de la Democracia Cristiana, y que, conforme Pinochet y Contreras se hacían del control absoluto de los aparatos de terror, se revelaba como el único camino de supervivencia orgánica. Y, por la otra, la que se jugaba al interior de la dictadura buscando extirpar todo intento de convergencia de centro-izquierda, y cuyo objetivo final, antes de que ello pudiera consumarse, era la eliminación del liderazgo de Frei y, por extensión, la destrucción de la Democracia Cristiana.

Piénsese por un instante que, en el apogeo de la vacilante estrategia de independencia crítica y activa, emprendida por la colectividad tras el Golpe, son exiliados Bernardo Leighton y Renán Fuentealba. En 1975, son removidos de los cargos que ocupan en la administración los democratacristianos que están colaborando con el régimen, es clausurada la revista Política y Espíritu, y Gabriel Valdés y Radomiro Tomic son puestos bajo la mira del terrorismo internacional. Al año siguiente, es expulsado Jaime Castillo. Y, en marzo de 1977, el partido es proscrito, sus bienes son confiscados y la radio Balmaceda definitivamente cerrada. Todo ello hasta que, este último año, la colectividad se volcó a la formación de un movimiento nacional de restauración democrática que le devolviera al país su sentido de unidad en una patria para todos.

La «lista de la muerte» no impidió que la Democracia Cristiana trascendiera a la etapa más dura de su historia. Pero esta lucha, sin duda épica, hunde sus raíces en el testimonio heroico de Eduardo Frei Montalva, con quien el deber de la memoria nos exhorta a saldar una deuda de justicia.

Infogate, 13 de octubre de 2015


EL HUEVO DE LA SERPIENTE

17 agosto, 2015

Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende

«No estoy seguro que esto no sea un espejismo», escribía en los 80´s Arturo Fontaine Talavera, reaccionando así contra la idea de planificaciones globales con que el historiador Mario Góngora caracteriza el periodo 1964-1980 en su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX.

Tres décadas después, podríamos abrigar el mismo escepticismo de Fontaine frente a la crítica que sectores liberales de centroderecha, inspirados en el corporativismo de Góngora, han deslizado contra el gobierno de Michelle Bachelet. En lo sustantivo, la crítica sostiene que al pretender cambiarlo todo, partiendo de cero, la Presidenta Bachelet acabaría en una tragedia mayor, al igual que lo hicieron los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende.

¿De qué tragedia hablan? De una que habría arrastrado al país al golpe de Estado, a la supresión de las libertades y de la democracia, a la violación de los derechos humanos, a la instauración del modelo económico de libre mercado y a la Constitución Política que nos rige. Es decir, la representación del huevo de la serpiente donde anida el embrión, en apariencia inocuo, de una criatura potencialmente destructiva.

Pero la de 1964 no fue la ruptura profunda, si bien iluminada por utopías y modelos de sociedad, que Góngora, procurando aportar un concepto nuevo a la historiografía, denomina el inicio de las planificaciones globales. Asertivamente Fontaine le replicará que los liberales y socialistas del siglo XIX eran aún más utópicos, que los mercantilistas del Imperio español eran tan dados a las grandes planificaciones como los economistas de CEPAL y, en fin, que el llamado modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones no comienza con Frei, sino con la crisis de los años 30´. Precisiones que, sin duda, vacían el concepto de su capacidad analítica y descriptiva.

Más todavía, Fontaine reprochará a Góngora no hacerse cargo de las divisiones sufridas por la Democracia Cristiana ni del fracaso del proyecto socialista, cuestión no menor, pues varios de sus protagonistas, actuales liberales que entonces exacerbaron la lucha de pasiones buscando radicalizar los cambios impulsados por Frei y Allende, ahora desembozadamente se confiesan defensores de «los ricos».

Lo peor es que, desde un punto de vista político, los liberales, igual que su inspirador, no hacen distinciones entre los que fueron gobiernos progresistas, democráticos, republicanos, respetuosos de los derechos humanos, y el régimen de facto que les sucedió y que hirió gravemente el alma de Chile. Todo lo meten en el mismo y censurado saco de las planificaciones globales. Se muestran severos con las administraciones de Frei y Allende, pero son indulgentes con la última de las llamadas planificaciones globales ante cuya herencia recomiendan la moderación y el equilibrio.

Por cierto, ni Bachelet es Frei o Allende, ni el programa de la Nueva Mayoría es la Revolución en Libertad o la Vía Chilena al Socialismo, aunque el canto de Violeta sigue siendo bello y vergonzante en el país de los veinte mil dólares per cápita: «Chile limita al centro de la injusticia».

Infogate, 17 de agosto de 2015


HUMANISTAS PRO VIDA

3 agosto, 2015
Raúl Silva Henríquez, Cardenal del Pueblo.

Raúl Silva Henríquez, Cardenal del Pueblo.

Nadie podría insinuar siquiera que el presidente Eduardo Frei Montalva se apartó de la declaración de principios de la Democracia Cristiana cuando durante su gobierno puso en marcha la primera política pública de planificación familiar, la regulación de la fertilidad y la actualización del Código Sanitario de 1931.

Tampoco nadie podría fijar con éxito un contrapunto entre el humanismo del fundador de la Falange y el del cardenal Raúl Silva Henríquez. La audaz reforma de la salud que, al cabo de seis años redujo a la mitad la tasa de mortalidad materna y multiplicó por diez el número de mujeres que accedieron a métodos anticonceptivos, contó no sólo con la adhesión sin fisuras, y sin problemas de conciencia, de su propio partido, sino también con la indulgencia de la iglesia Católica, sensible al drama social y humano que generaban en el país los abortos clandestinos.

La normativa permitía a los médicos ―únicos facultados para resolver― interrumpir el embarazo en casos de riesgo de muerte para la madre, inviabilidad del feto o violación e incesto. Y no era tema. La violencia que se sucedía fuera de los hospitales inhibía cualquier reparo que los conservadores pudieron haberle opuesto: de cada cuatro mujeres que ingresaban a los servicios de obstetricia, una era paciente post aborto; la tercera parte de las cirugías en obstetricia obedecía a un aborto; y más de la cuarta parte de la sangre en servicios de emergencia se ocupaba en auxiliar abortos.

Lo que abrió el debate fue Humanae Vitae, encíclica de Paulo VI publicada en 1968 cuando entraba en vigencia el Código Sanitario reformado y en todo el mundo estallaban las luchas estudiantiles. Curiosamente, la principal preocupación de la carta no era el aborto, respecto del cual había sido más enérgico en condenarlo el Concilio Vaticano II, sino los métodos de control de la natalidad. La Iglesia se oponía a cualquier medio artificial que impidiera la concepción, con lo cual las políticas de planificación que se estaban ensayando se convertían en objeto de censura. No fue éste sin embargo el camino elegido por el Cardenal del Pueblo, que más bien vio el horizonte de los derechos sexuales y reproductivos en una paternidad responsable.

La crisis de la encíclica Humanae Vitae

La licitud del aborto consentido en el derecho chileno

Por la salud del cuerpo, historia y políticas sanitarias en Chile


EN EL LABERINTO DEL SILENCIO

30 julio, 2015
Archivos de los juicios de Frankfurt, Alemania, 1958.

Archivos que sirvieron a la memoria en los juicios de Frankfurt, Alemania, 1958.

La memoria es derecho imprescriptible e inalienable por cuyo reconocimiento universal nos obligamos como sociedad a descubrir la verdad, administrar justicia y reparar el daño ocasionado. Y los Archivos Reservados de la Comisión Valech son patrimonio inmanente de aquella memoria y clave de bóveda del laberinto del silencio.

De La Conspiración del Silencio (Im Labyrinth des Schweigens, Giulio Ricciarelli, Alemania, 2014), la crítica ha opinado que es una película inteligente, honrada, pulcra, alejada de todo maniqueísmo, valiente y sin falsedad ni subterfugios. Pero acaso el valor didáctico de la cinta esté en demostrar que el paso del tiempo no otorga amnistía a los crímenes de lesa humanidad. Que para la verdad nunca pasa la ocasión. Que la memoria se encarga de recordar y de actualizar nuestro compromiso con ella. Que aunque el poder se empeñe en usar a las instituciones para ocultar los horrores del pasado, aún al precio de prolongar la impunidad, más temprano que tarde la conciencia moral de las personas y comunidades actúa sobre aquellas instituciones con el propósito de restablecer el imperio de la verdad.

Alemania, como se confirma en el film, tardó catorce años en iniciar procesos judiciales contra criminales de guerra que operaron en los campos de concentración. Una espera larga, pero no mayor que la de Hitler y del Partido Nacional Socialista en su afán por conquistar el poder, acabar con el entramado institucional del régimen democrático, desatar la guerra y perpetrar el Holocausto.

Aquí en Chile Augusto Pinochet y la dictadura civil y militar demoraron dieciséis años en desmontar el constitucionalismo democrático y el modelo de desarrollo prevaleciente hasta el golpe de Estado, pero, ya en 1993, Manuel Contreras, el hoy agónico ex director de la DINA, empezaba a purgar una condena que llegaría a sumar 529 años de cárcel, le seguiría Sergio Arellano Stark en 2000, y, en 2006, Pinochet que muere bajo arresto domiciliario.

Gracias a que la memoria fue capaz de vencer al olvido y a la indiferencia, todas estas esperas pudieron ver una luz de justicia. En todas la memoria triunfó sobre la violencia porque mantuvo latente el recuerdo de los horrores e injusticias y salvó a lo humano y civilizado de caer en la barbarie. En todas, la memoria reivindicó el derecho a la verdad por el que claman las víctimas aún después de muertas, por el que nos exhortan sus familiares, y por el que la sociedad refuerza el valor de la paz ahí donde el olvido alimenta la violencia.

Porque la memoria es presencia de Eduardo Frei Montalva, Rodrigo Rojas Denegri y Víctor Jara que, por estos días, con la actualización de sus tragedias, fisuran el pacto de silencio y de impunidad de sus victimarios. Una mímesis que ha trascendido a su siglo. Cómo ignorar la perseverante voluntad de Carmen Frei, Verónica Denegri y Joan Jara. Cómo no ver el vivo registro que acompaña los pensamientos de Carmen Gloria Quintana.

La memoria es derecho imprescriptible e inalienable por cuyo reconocimiento universal nos obligamos como sociedad a descubrir la verdad, administrar justicia y reparar el daño ocasionado. Y los Archivos Reservados de la Comisión Valech son patrimonio inmanente de aquella memoria y clave de bóveda del laberinto del silencio.

Por eso, si es cierto que el poder ha manipulado las instituciones hasta conseguir ocultar la verdad, es errónea la consecuencia moral que se extrae de esta apreciación, a saber, que, como no corren tiempos favorables a la verdad, toda lucha debe ser abandonada por vana y extemporánea. Deliberada o no, esta motivación ideológica y normativa constituye una forma de negacionismo tributaria de la impunidad.

En el laberinto del silencio

La conspiración del silencio

 


LA VOZ DE LAS ENCUESTAS

18 noviembre, 2014

La política es más modesta que la exégesis de la opinión. Por eso, podemos entender a Bachelet cuando dice estar dispuesta a arriesgar su capital político por las reformas.

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Quizá haya ajuste de gabinete, pero no será por voluntad de las encuestas, ni de quienes, como ventrílocuos, hacen hablar a las encuestas. Será porque termina el periodo de rodaje de la coalición que aspira a prolongarse o, porque, se precisa estibar la carga para acometer el trecho más difícil de las reformas. Pero la motivación del cambio no vendrá de fuera, sencillamente porque las encuestas no dicen nada sobre esto.

Se lee como mal augurio para las reformas que, en el sondeo de Adimark, la aprobación a la Presidenta ronde el 45%, y que haya sido superada por una desaprobación cercana al 47%. Se interpretan estos datos como reflejo de una caída de la adhesión recibida en las urnas. Algo de suyo erróneo, primero, porque Bachelet recién en enero obtuvo el 62% de los votos y, cuando en marzo aún no terminaba de asumir el Gobierno, Adimark ya le concedía el 54% de aprobación. Y segundo, porque en el cuarto mes de su primer mandato, la aprobación a Bachelet era del 44% y hubo de batirse con la desaprobación durante los dos siguientes años de su administración.

Sin embargo, ¿con qué popularidad dejó el Gobierno? ¡Con el 84%! Qué decir de Piñera. Su máximo esplendor se registró por el rescate de los mineros, en octubre de 2010, pero tres meses después, su desaprobación ya había sobrepasado a la aprobación. Y aunque el ex Presidente no fue despedido con aplausos, dejó La Moneda marcando más del 50% de aceptación.

Eduardo Frei Montalva realizó las principales reformas de su gobierno en los tres primeros años, y sin cambiar el gabinete. En la elección de diputados de 1965, su coalición consiguió el 47% de los sufragios y, en la municipal de 1967, el 39%. Este exitoso desempeño fue fruto de haber mantenido cohesionados a los partidos oficialistas. Lo mismo Salvador Allende. Concretó su programa de gobierno en los dos primeros años sin alterar, salvo Vivienda, su gabinete. En la municipal de 1971 los partidos de gobierno capturaron el 50% de los votos, tras haber llegado al poder con el 37%.

La política es más modesta que la exégesis de la opinión. Por eso, podemos entender a Bachelet cuando dice estar dispuesta a arriesgar su capital político.

Popularidad de Michelle Bachelet durante 2014

Popularidad de Michelle Bachelet durante 2014

Popularidad de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010

Popularidad de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010

Popularidad de Sebastián Piñera entre 2010 y 2014

Popularidad de Sebastián Piñera entre 2010 y 2014

Gobierno de Frei, elección de la Cámara de Diputados de 1965

Gobierno de Frei, elección de la Cámara de Diputados de 1965

Gobierno de Frei, elección municipal de 1967

Gobierno de Frei, elección municipal de 1967

Elección de la Cámara de Diputados de 1969

Gobierno de Frei, elección de la Cámara de Diputados de 1969

Gobierno de Allende, elección municipal de 1971

Gobierno de Allende, elección municipal de 1971

 

http://www.diarioconcepcion.cl/2014/11/18/#2/z


CHILE EN FIEBRE

4 noviembre, 2014

KAS

Fue sin duda un informe crítico sobre el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Se difundió en internet horas antes de su llegada a Alemania, donde habría de ser recibida por la Canciller Merkel. “Chile en fiebre de reformas” era el título del documento, y su autor, la Fundación Konrad Adenauer, misma que financia a la CDC, institución de apoyo a las iniciativas de formación política de la Democracia Cristiana chilena.

Que la Nueva Mayoría está desgastada quizá no sea el juicio más severo de la KAS, como este de Chile en fiebre. Pues no es el frenesí legislativo al que aludía hace unos meses el obispo Goic para denotar cierta celeridad en la elaboración y despacho de los proyectos. Tampoco es el empoderamiento de la primera hora, según la cáustica expresión de sectores conservadores de la DC.

Lo de la fiebre, aunque apunta a una fuerte agitación reformadora, no puede sino entenderse en su acepción esencial: una patología. Y sea que, en sentido figurado, describa una afección del cuerpo político, de los movimientos sociales o de corrientes de opinión radicalizadas, al fin y al cabo, lo que busca es llamar la atención sobre un trastorno.

Paradójicamente, Adenauer le da su nombre a una de las salas del edificio de la Falange. Su figura se asocia a las grandes esperanzas de justicia que abrigó Chile con Eduardo Frei Montalva, quien, en un día como hoy, hace medio siglo, asumió la presidencia de la República. Es bueno recordar el sentido de urgencia de su gobierno. Tardó sólo un año en poner en marcha la Reforma Educacional, cuando 200 mil nuevos alumnos ingresaron al sistema, se construyeron 1.500 nuevas escuelas, más de 38 liceos vespertinos y nocturnos, y la tasa de escolaridad primaria llegó a cubrir el 90% de los niños, mientras que la de enseñanza media alcanzó el 45%. La sola reforma del 7° Básico implicó recibir más de 130 mil alumnos egresados de sexta preparatoria, cuando en la educación pública y privada no había vacantes sino para 100 mil, y se precisaba formar a miles de profesores para satisfacer la explosiva demanda y, por eso, entre 1965 y 1966, se especializaron más de ocho mil maestros.

Frei ayer, como Bachelet hoy, sólo responden al apremio de su tierra y de su gente.

Diario de Concepción, Chile en fiebre

Chile en fiebre de reformas

De Frei Montalva a Michelle Bachelet, nueva Revolución en Libertad