LA REVOLUCIÓN es una ruptura de los modos habituales de hacer política. Es un cambio radical e intenso que se distingue de otras modalidades, como la evolución, la reforma o la revuelta, porque las supera y las subordina a sus propios medios instrumentales. La revolución, cuando predomina, puede interrumpir procesos de transformación más estables y prolongados, puede acelerar mudanzas que hasta entonces seguían cursos graduales, y puede también sofocar o exacerbar las expresiones levantiscas de los sujetos revolucionarios, pero nunca se presenta totalmente separada de estas variantes del cambio social.
Chile no está viviendo una revolución, como cree observar Fernando Villegas, pero se encuentra en medio de una lucha de hegemonía por la modalidad que debe adoptar el cambio. La intuición de Villegas, criticada por recrear una ficción rupturista sólo funcional a escaladas golpistas, es asertiva en cuanto apunta a una crisis de representación que no encuentra salida a través de los actuales cauces de resolución de conflictos.
Y los procesos electorales, como lo confirman las altas tasas de abstención dentro y fuera de los partidos, no están constituyendo ventanas de oportunidad a las expectativas sociales. Sea por las demandas que abriga el electorado, sea por los canales de participación que se le ofrecen, o sea por los estilos de liderazgo que reclaman su adhesión, las aspiraciones de la gente no consiguen sintonizar con la oferta política. Ello, no obstante las nuevas formas de conciencia haber sido alimentadas desde la política. No de cualquier política, claro. Porque fue la política omitida, reprimida o marginada la que se conectó con el descontento social e hizo brotar las movilizaciones ciudadanas de los últimos años. La misma política que no encuentra cabida hoy en el gripado sistema democrático. Como consecuencia, el malestar continúa circulando cual torrente subterráneo: genérico, diverso, impreciso, subpolítico. Trascendiendo a la izquierda institucionalizada, algunos de cuyos miembros más bien buscan contenerlo, y a la derecha de administración que, frente a la crisis de legitimidad del modelo, no logra salir de su desconcierto.
LA POTENCIA CONTESTATARIA de este descontento se ha mostrado tan elocuente, que incluso ha empujado a los defensores del modelo a enmascarar su proyecto político con sorprendentes imposturas ideológicas. «Por un Chile más justo para todos», reza la consigna de Pablo Longueira. El candidato propugna la justicia social, lo que no puede ser entendido sino por oposición a una injusticia estructural que ya no puede ocultarse. Propone un país para todos, lo que significa admitir que una parte de este país ha quedado al margen del desarrollo, o sea, de la estrategia de desarrollo neoliberal, que no otra ha sido la predominante en Chile desde hace unas cuatro décadas. Un modelo que las izquierdas han criticado, no por ser redistributivo, sino precisamente por ser concentrador; y que las derechas han preconizado, no por ser igualitarista, sino por favorecer el libre juego de las fuerzas del mercado, donde triunfa el más fuerte y donde el que no tiene nada no vale nada. Un modelo que, si aún persiste, se lo debe menos a sus virtudes para conquistar mejores estándares de justicia social, que al hecho de haber sido instaurado durante una dictadura, al igual que la Constitución Política que lo ampara, y al régimen electoral que subsidia el poder de veto de la minoría.
Es desde luego extraño ver escrito un postulado del progresismo católico, como es el de la justicia social, en los apuntes del discurso neoliberal. Y es por ello razonable preguntarse qué hace la encíclica Rerum Novarum —un manifiesto que condenaba la explotación de la clase obrera— entre las páginas del pensamiento único que presume ser el neoliberal. Qué coherencia tiene, si históricamente capitalismo y justicia social han sido términos irreconciliables, lo que pone de relieve la Constitución Pastoral Gaudium et Spes al controvertir la ética individualista como contraria al bien común, que es la máxima realización de la justicia social.
¿Justicia social? ¡Old-fashioned! Pronunciaban hasta no hace mucho tiempo, con cierto aire de sofisticada pedantería, sus más conspicuos representantes. Lo hacían desde el Consenso de Washington. Se lo enrostraban a los vencidos de la Revolución Socialista. Pero también a los derrotados de la Revolución en Libertad. Se lo reiteraron a la iglesia Católica cuando ésta habló de salario ético. Cuando, parafraseando a Alberto Hurtado, el Comité Permanente del Episcopado declaró sin ambages que sin justicia social no hay democracia integral. En su reemplazo, ellos, los neoliberales, y quienes se vieron permeados por sus tesis utilitaristas, preferían hablar de equidad; ni siquiera de igualdad. Equidad, una noción más técnica y operativa y, por lo mismo, más manejable para el pensamiento único. Único por sus auto-conferidas credenciales de ciencia económica, pues el resto, si acaso daba para ideología, comportaba pura especulación, un anacronismo más de la era de la globalización.
NO SON LAS DERECHAS LAS QUE GANAN con su impostura ideológica. Por el contrario, son ellas las que deben explicar la inconsistencia de su programa. Porque en los 170 años de vigencia de la noción de justicia social, desde el jesuita Luigi Taparelli hasta nuestros días, el sentido último de dicho principio ha estado orientado a la protección de los derechos fundamentales de la persona. Y nada es más progresista y universal que la lucha por la humanización de las relaciones sociales.
Cuando se desmenuzan las causas de la insatisfacción y los sueños que ésta encarna, se puede advertir que los derechos fundamentales constituyen el motor de la protesta social. No es por nada que la educación sea vista como el principal vehículo de movilidad social y de superación de la pobreza. O que las expectativas de protección estén depositadas en un Estado fuerte con capacidad para hacer efectivas las garantías de seguridad, de salud, de educación, de previsión o de empleo. Es esta misma opinión pública la que, en su inmensa mayoría, reprueba las desigualdades seculares, desconfía de las instituciones, justifica la protesta social y se interesa por la vida política del país, si bien censura el comportamiento de los partidos y de las coaliciones políticas.
¿Qué puede entonces inclinar la actual correlación de fuerzas que tensiona el campo político? ¿Qué y quiénes pueden resolver a su favor la pugna por imponer la modalidad del cambio? Sólo un giro en el debate. La mejor opción será aquella que resulte de un consenso estratégico que ponga en el centro de su proyecto la seguridad civil y social de las personas, lo cual entraña que las demandas de la mayoría sean tratadas como derechos, y las ofertas programáticas sean elaboradas como garantías de derechos.
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